¿Y ahora quién podrá defendernos?

¿Qué sucede cuando no hay radares o policías las rutas?

Mucha gente no respeta la velocidad máxima, y esto deriva en choques, siniestros y muertes.

Es decir, los controles resultan necesarios no sólo para que nadie infrinja la ley sino también para evitar las peores consecuencias que trae infringir la ley.

¿Qué sucede en la administración pública cuando los organismos de control no funcionan? Muchos políticos meten la mano en la lata, o avasallan derechos, algo que repercute de manera directa o indirecta en la vida de los ciudadanos de a pie.

Esto es lo que viene sucediendo en los últimos años y una de las razones (una, entre tantas) responde a la prolongada ausencia de un ombudsman que defienda a los argentinos.

En efecto, la Defensoría del Pueblo de la Nación, uno de los principales organismos de control de la administración pública y de las empresas privadas proveedoras de servicios públicos, está acéfala desde 2009.

Sí, desde 2009. Desde hace nueve años.

O sea, la persona que tiene legitimidad para presentarse en el Congreso o ante la Justicia en defensa de los intereses de los ciudadanos no existe.

Hace dos años la Corte Suprema les dio un tirón de orejas a los legisladores para que nombren de una buena vez al defensor del Pueblo de la Nación.

Buscaba así terminar con la hipocresía de la política, que se queja de la falta de controles pero no hace nada para garantizarlos.

Sin embargo, los senadores y diputados, rápidos para aumentarse el sueldo o canjear los pasajes de aviones por dinero, mantienen relegado desde hace nueve años al organismo que puede defender judicialmente a las ciudadanos.

Y la responsabilidad es de ellos porque el defensor del Pueblo de la Nación surge del voto de los dos tercios de los legisladores de ambas cámaras.

La figura del defensor se creó en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional. El cargo fue ocupado inicialmente por Jorge Maiorano y después por Eduardo Mondino. Cuando este último renunció en abril de 2009, a raíz de su interés de ser candidato a senador por el peronismo, no hubo voluntad en el Congreso para nombrar a su reemplazante.

Desde entonces el cargo fue ocupado sucesivamente —y con la carencia de legitimidad del caso— por un adjunto, un secretario y un subsecretario del organismo.

En la página web de la Defensoría figuran los rubros sobre los que los ciudadanos podrían sentirse a resguardo si todo funcionara con normalidad.

Hoy es sólo una cáscara vacía que deja a la población sin cobertura en materia de derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, servicios públicos y seguridad.

¿Qué puede hacer concretamente el defensor del Pueblo? Está facultado para realizar denuncias, investigaciones, informes o medidas probatorias útiles a una investigación. También puede proponer al Poder Legislativo la modificación de normas cuyo cumplimiento pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales.

A fines del año pasado, recién a fines del año pasado, se conocieron tres postulantes con ambiciones para competir por el cargo.

¿Quiénes fueron esos tres candidatos? El cordobés Humberto Roggero, propuesto por el PJ; el economista Jorge Sarghini, impulsado por el massismo, y el actual defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, postulado por el senador peronista Rodolfo Urtubey.

¿Qué pasó desde entonces? Nada. Pero nada de nada ¿Por qué? Por lo de siempre, por lo mismo que en los últimos nueve años. Por falta de consenso.

Hace nueve años que los legisladores están en deuda con la sociedad.

Hace exactamente nueve años y 25 días.

O sea, hace 3.313 días que se hacen los distraídos.

Hace 79.512 horas que exhiben impúdicos el enorme trecho entre lo que dicen y lo que hacen.

Tienen en sus manos las herramientas para profundizar los mecanismos de control.

Si no lo hacen, difícilmente la gente crea que trabajan en pos de una mayor transparencia.