La Legislatura tratará esta semana la reforma de la Ley Basura Cero que le permitiría al gobierno porteño volver a incinerar residuos. Se trata de un proyecto millonario que impulsó el Ejecutivo y que implica la instalación de plantas de termovalorización que transforman la basura en energía eléctrica. Organizaciones sociales, ambientalistas y recicladores urbanos se oponen por las consecuencias para el ambiente, la salud de los porteños y la pérdida de puestos de trabajo.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen de comisión, se debatirá en el marco de duras críticas por el impacto socio ambiental de las nuevas políticas del tratamiento de la basura, la celeridad en el avance de la discusión y la inversión millonaria que llevaría a la Ciudad de Buenos Aires a endeudarse. Cada planta que se pretende instalar alcanza los 500 millones de dólares y el oficialismo contempla un total de siete.
La termovalorización que contempla la iniciativa es por definición la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-quimico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad).
Si se aprueb el proyecto, que ingresó a fines de marzo a la Legislatura, la Ciudad de Buenos Aires volverá a quemar basura, una práctica que está prohibida desde que la Ley de Basura Cero entró en vigencia en 2007. Quienes se oponen indican que su aprobación implicaría un enorme retroceso en materia ambiental y señalan que las cooperativas que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos quedarían en riesgo.
La enorme producción de residuos domésticos en las grandes ciudades conforma una de las preocupaciones ambientales más importantes de la sociedad actual. Esa preocupación no sólo se origina en la necesidad de encontrar sitios apropiados, cada vez más escasos, donde depositarlos, sino también en cómo reducir el consumo de recursos naturales usados para envases y otros propósitos.
En este contexto se desarrolla a nivel internacional el concepto de Basura Cero, que busca hacer frente a la problemática de los residuos de manera integral, holística y sistémica. Se trata de poner esfuerzos en estrategias preventivas por sobre las estrategias de gestión y mitigación, lo que lo hace eficiente si es implementado de manera correcta. Por otra parte, el carácter social que posee lo hace único y se diferencia de proyectos únicamente enfocados en la gestión de residuos y el lucro que puede obtenerse de ellos.
La ley que fue sancionada en 2005 plantea la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos con plazos y metas concretas por medio de la adopción de medidas adoptadas para la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado. Y establece una disminución en la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios: un 30% para 2010, un 50% para 2012, y un 75% para 2017. De este último porcentaje lejos se estuvo y sólo se ha logrado llegar a un 30 por ciento. Este es el argumento que utiliza el Ejecutivo porteño para justificar su propuesta de volver a quemar basura. Seis mil toneladas de residuos genera por día la Ciudad de Buenos Aires y si no se reducen las cantidades recomendadas los rellenos sanitarios colapsan.
El mayor desafío ambiental del Área Metropolitana de Buenos Aires para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él. Si bien algunos países europeos utilizan incineradores, otros los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje.
En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular e instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración. El documento destaca que "la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos".
También llama a los países con nula capacidad de incineración a "dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación", e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que "tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos", por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Además de la inversión millonaria de la termovalorización y el impacto socio ambiental, más de seis mil puestos de trabajo se verían afectados por la implementación de estas nuevas políticas, según las organizaciones ambientales. Las cooperativas hoy son las responsables de ejecutar el trabajo de reciclado y reducción de residuos domiciliarios, comerciales, industriales asimilables a domiciliarios. Cada cooperativa tiene un área de trabajo designada para gestionar los residuos reciclables. Colectan el material, los llevan a plantas de tratamientos, los separan, lo acondicionan de acuerdo al tipo de material, puede ser plástico, cartón, vidrio, metal, e ingresa a la industria recicladora como materia prima. Hoy son parte fundamental en la cadena de la recuperación y reciclado de la basura y con esta nueva modificación a la ley estarían en riesgo.
En las comunas de las Ciudad hay 32 puntos verdes instalados por el gobierno porteño en los que se reciben reciclables limpios y secos. Los especialistas aseguran que con un 4% de lo que le valdrían a la Ciudad las plantas para incinerar se podrían instalar 40 puntos verdes más y así poder estar más cerca del 75% que impone hoy la ley de Basura Cero.
¿Dónde se instalarán las plantas de incineración? ¿Cuánto finalmente le costará a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué harán con las cenizas que generan las plantas? ¿Qué sucederá con los 6 mil puestos de trabajo directos y los casi 30 mil indirectos? ¿Cuál será el riego ambiental? Muchos interrogantes para una ley que esta semana se debate en la legislatura porteña y que el oficialismo espera aprueben cuanto antes.