Aborto y abandono del derecho

A raíz de la discusión planteada en torno a los proyectos de liberalización total de las prácticas abortivas se escuchan argumentos muy variados. Mediante estas breves líneas atenderé a dos que se han planteado reiteradamente, tanto en medios de comunicación como en el marco de las audiencias informativas convocadas en el ámbito de la Cámara de Diputados, pues expresan una posición bien concreta en relación con el derecho como disciplina y como saber, que amerita algunas consideraciones.

-"Existen dudas en torno al momento de comienzo de existencia de la persona"

Este argumento no es nuevo, pero, llamativamente, a pesar de haber sido superado en el mundo académico y científico, algunos periodistas, médicos e incluso abogados continúan fundando los méritos de la liberalización del aborto en la presunta ambigüedad científica que existiría al respecto.

En primer lugar, la disciplina con competencia para definir la naturaleza de la persona por nacer no es el derecho, ni mucho menos la política, sino la biología, la que da sobradas muestras del estatus del embrión desde su estadio unicelular, durante las primeras divisiones celulares y durante todo el proceso de gestación.

En ese marco, el derecho no tiene nada que agregar más que protección de tal entidad perteneciente a la especie humana e independiente de su madre. Con mucha claridad la Convención Americana sobre Derechos Humanos afirma, en su artículo 1°: "Persona es todo ser humano". Un aspecto quizás poco explorado que se deduce de este instrumento con jerarquía constitucional es la explicitación de los límites propios del derecho y el lugar que en dilemas asociados con las ciencias biomédicas se asigna a las disciplinas científicas capaces de brindar certezas al legislador, al intérprete de la norma y, especialmente, a los Estados, sujetos obligados por la Convención. Del citado artículo surge que aquellos que la biología defina como pertenecientes a la especie humana merecen protección jurídica y, así, reconocimiento como personas¸ como sujetos de derechos.

Actualmente, las certezas reclamadas son presentadas contundentemente desde la embriología, la fisiología y la anatomía, la biología molecular, celular, la genética y la inmunología.

Ahora bien, imaginemos que tales disciplinas no brindaran certeza suficiente respecto del momento desde el cual comienza la existencia del ser humano. Entonces sí, el derecho recobraría protagonismo y debería aportar elementos para zanjar la controversia. ¿Cuenta el derecho con esas herramientas? En este punto reside el centro de la cuestión, pues en efecto existen métodos propiamente jurídicos para atender de modo armónico y justo a la alegada imprecisión. Ningún razonamiento jurídico que se precie de serio puede prescindir de alusión a los principios del derecho, premisas que brindan coherencia a los razonamientos jurídicos y los unifican, descartando soluciones exentas de pautas de razonabilidad.

El principio pro homine es una de esas premisas y debería tener aplicación si efectivamente existieran dudas respecto del momento de comienzo de la existencia humana. El principio es una herramienta tuitiva, de protección, en tanto permite limitar el poder estatal sobre los individuos, ofrece garantías para los sujetos más vulnerables frente a posibles abusos y favorece la igualdad ante la ley y la no discriminación.

El derecho internacional, a través de las cláusulas pro homine, inhibe las interpretaciones de mala fe de las convenciones y, en línea con ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado: "No existe convención ni costumbre internacional alguna que habilite a un Estado a cumplir un mandato internacional negando o violando otro, salvo que se interprete el derecho internacional en forma contradictoria y, por ende, irracional. La cláusula pro homine tiene por objeto, precisamente, evitar interpretaciones semejantes".

Por aplicación de institutos como el principio pro homine, ante la duda, el Derecho debe proteger.

Así como se evitan determinados procesos productivos por su posible efecto dañino para el medio ambiente por aplicación del denominado principio precautorio, o se solicita la presencia fehaciente de culpa del trabajador para que opere un despido con causa en el ámbito del derecho laboral, o la comprobación del delito para que prospere una sanción de naturaleza penal, ante la duda, el derecho debe adoptar la posición que más amplitud genere en términos de reconocimiento de derechos.

En ese sentido, en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil surgió como conclusión: "La teoría que reconoce que la persona humana comienza desde el momento de la fecundación es la más favorable a la persona humana" y "por aplicación del principio pro homine, debe protegerse el derecho a la vida de la persona humana desde el momento de la fecundación".

Según los que afirman que la ciencia no brinda certeza respecto del estatus de la persona por nacer, ante la duda, deben restringirse derechos fundamentales. Encuentro en tal posición una lógica irrazonable y restrictiva en el reconocimiento de los derechos humanos y un auténtico abandono del método jurídico en favor de una lógica basada en el poder.

-"Los abortos se realizan igual, estén o no prohibidos"

El segundo argumento es el que podría denominarse "sociológico", ya que implica una suerte de descripción de una situación de hecho que habilitaría, según los promotores de la liberalización, a la despenalización de una conducta que se constata en la realidad diariamente.

Comenzaré concediendo. Es cierto que se realizan abortos en nuestro país, pero lejos de implicar ello una causal de legitimación, constituye la alerta que nos debe mover a valorar la conducta y a proponer un determinado tratamiento legislativo y de políticas públicas.

En Argentina se realizan abortos, pero no deberían llevarse a cabo. No deberían realizarse porque implican la destrucción de una vida incipiente, porque atentan contra la protección de los intereses de las madres, porque debilitan la protección irrestricta de la vida humana y de los derechos humanos, porque explicitan una forma de dominación y otra expresión de sometimiento de los más vulnerables.

Quienes afirman que el aborto debe legitimarse porque sucede también desconocen un rasgo esencial del derecho. El derecho, como toda disciplina prescriptiva, no debe limitarse a describir situaciones y conductas, sino que debe normarlas eficazmente para favorecer el orden pretendido y el respeto de todos los intereses involucrados.

Que algo sea de un modo particular no significa que deba ser así. Lo afirmado es tan evidente que resulta un tanto difícil de contestar sintéticamente. ¿Acaso debe el ordenamiento jurídico legitimar todas las prácticas ilícitas? Si así fuera, quizás podría resolverse el problema de la corrupción, de los abusos laborales, de la violencia contra la mujer, de los delitos contra la integridad sexual, del narcotráfico, de la trata de personas, etcétera. Si bastara con legitimar todo aquello que por diversos motivos no es eficientemente prevenido o que no es debidamente controlado por los gobernantes, pues entonces no solo debería liberalizarse el aborto, habría que legalizar todos los delitos.

Reflexiones de cierre

La cultura actual se encuentra cruzada por una fuerte impronta utilitarista y por una mentalidad comercial que parece dominar el discurso que pretende legitimar la cosificación de los seres humanos vulnerables. El derecho no puede permanecer indiferente.

Para resolver los dilemas propios de la era y otros de vieja data como el problema del aborto, los juristas no pueden proponer la interpretación restrictiva de derechos humanos o rendirse ante el esquema de dominación en el que el más fuerte prima sobre el débil. En el problema del aborto hay dos sujetos especialmente expuestos a tal dominación: la mujer y su hijo.

Los efectos del abandono del método propiamente jurídico repercuten drásticamente a nivel social, justifican la restricción de derechos fundamentales y representan un grave retroceso de nuestra sociedad.

Todos tenemos un papel que cumplir en la construcción de una comunidad justa y equitativa, los abogados también. Por eso, aunque preocupa el destino de una sociedad que pone en duda el valor de la vida humana, esperemos que el debate planteado contribuya a asumir ese papel de modo responsable y que nos interpele a comprometernos en la defensa de valores trascendentes como el del respeto irrestricto de los derechos humanos.

El autor es abogado.  Magíster en Ética Biomédica, docente universitario, miembro de la Pontificia Academia para la Vida y del Centro de Bioética.