El Poder Ejecutivo Nacional ha fijado como algunas de sus prioridades estratégicas la integración de Argentina al mundo, tanto en materia de comercio como de inversión, y la necesidad de producir una transformación estructural en la búsqueda del desarrollo sustentable y la reducción de los niveles de pobreza de nuestra sociedad.
Para concretar estos objetivos, se requiere del diseño de políticas públicas y de marcos regulatorios de largo plazo que incentiven la inversión extranjera directa y el desarrollo de una matriz productiva competitiva y adecuada a las realidades del comercio internacional.
En ese sentido, debemos comprender que se necesita del fortalecimiento de un ecosistema económico y social que aliente e incentive a los creadores e inventores a transformar en realidad el producto de su imaginación, mediante la asignación de recursos necesarios en investigación y desarrollo, lo que posibilita el fin último pretendido.
Es aquí donde entra en juego la protección de la propiedad intelectual, la cual desempeña un papel más que importante: aporta valor tangible a las ideas y empodera a las personas a desarrollarse con base en su condición de innovadores y entrepreneurs.
Así es que los países desarrollados entienden que los estándares de propiedad intelectual son esenciales para el éxito de cualquier economía del siglo XXI, ya que proveen los pilares básicos del crecimiento al estimular la innovación y la tecnología aplicada. Además, influyen en el corto y largo plazo en los negocios y, por ende, en las decisiones sobre inversiones; son fundamentales para lograr la mejora sustantiva en la competitividad y un crecimiento sostenido. Es imposible pensar en disponer de un mercado interno competitivo sin dicha protección.
Dentro de este marco, el Índice Create, recientemente publicado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, aporta fundamentos para afirmar que las economías florecen y prosperan cuando los gobiernos reconocen el valor de establecer un sistema robusto de propiedad intelectual, con el foco en la construcción de marcos legislativos, regulatorios y judicial que lo incentiven. La evidencia empírica aportada por este estudio sugiere que la protección de estos derechos es determinante para los países que buscan mejorar el acceso a la innovación, el crecimiento del mercado doméstico y el goce de los beneficios para el ciudadano en una economía pujante e innovadora.
Analizando el caso particular de Argentina, se puede apreciar que el país ha alcanzado un puntaje de 11,55 (sobre un máximo posible de 40) y se ubica en el puesto 46 de 50 economías medidas. Se destaca que el puntaje general del país ha disminuido respecto a la edición pasada del índice en cuestión, lo que refleja un débil desempeño en muchos de los indicadores establecidos y, por ende, mucho por mejorar.
Teniendo en cuenta este panorama y celebrado recientemente el Día de la Propiedad Intelectual, es indispensable hacer foco en los principales desafíos que debe encarar el país para asegurar una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual.
Sin duda, la Argentina debe replantearse cuáles serán las políticas públicas que mejoren sustancialmente la protección de estos derechos, si desea garantizar la proliferación de procesos creativos debidamente contemplados en función de una sociedad inclusiva para el desarrollo del conocimiento y la innovación.
El autor es CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.