Odebrecht Argentina: cuando la ley conspira en detrimento de la lucha contra la corrupción

El 17 de marzo de 2014, se inició el punto de inflexión en la lucha contra la corrupción del poder público en Brasil.

Nació la operación "Lava Jato" y nada más sería igual en la política, y sobre todo en la visión que el pueblo de Brasil tenía de su justicia.

Hasta ese momento, cualquier investigación por corrupción de políticos, terminaba "en pizza" (pocos investigados, casi ningún procesado, nadie preso).

Un grupo de policías, fiscales especializados en casos de corrupción y un juez que decidió parar con la fiesta de la corrupción-Sergio Moro-, le demostraron a los brasileños que nada más sería como entonces.

Para conseguir este cambio fueron necesarios tres ingredientes:

1. Leyes y jurisprudencia que puedan ser usadas

2. Fiscales y jueces que quieran utilizar dichas leyes

3. El apoyo popular para los dos puntos anteriores

Leyes: Manifestaciones sociales presionaron al gobierno de la entonces presidente Dilma Rousseff para que promulgue la ley N° 12.850, en agosto de 2013, que incluía en la ya existente "Ley de la Delación Premiada"-conocida como la ley del arrepentido-, la figura del arrepentido para delitos de asociación ilícita y organización criminal.

Esta ley posibilita que si alguien colabora con alguna investigación judicial podrá obtener beneficios que incluyen desde el perdón judicial hasta una reducción de 2/3 partes de la condena y la sustitución de la misma por penas restrictivas de derechos.

Para poder acceder a esta ley, se exige que la colaboración del arrepentido sea VOLUNTARIA y EFECTIVA, ya que el beneficio depende específicamente de la efectividad de la dicha colaboración.

El resultado puede ser identificando cómplices, relatando los delitos practicados por todos los involucrados, explicando la estructura y funcionamiento de la asociación ilícita, posibilitando la prevención de nuevos delitos y la recuperación del dinero robado.

El juez no debe participar de las negociaciones para formalizar el acuerdo de colaboración. Apenas participa el colaborador, su abogado, el representante de la policía y el representante del Ministerio Público.

En el acuerdo se incluyen las medidas de protección para el colaborador y para su familia y luego de la firma de todos los involucrados, el acuerdo es remitido para el juez para su homologación.

SOLAMENTE LUEGO DE LA HOMOLOGACION POR PARTE DEL JUEZ es que el colaborador comienza a declarar lo que sabe.

Una parte fundamental de esta ley es que el colaborador RENUNCIA AL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Y SE COMPROMETE A DECIR LA VERDAD.

Por último, el juez interviniente NO PUEDE CONDENAR con base apenas en las declaraciones del colaborador, debiendo contar la ratificación de lo expuesto por medio de diversas pruebas.

Según informaciones de la Procuradoría General de la República, hay 293 arrepentidos, entre ellos, 163 en el proceso Lava Jato.

Fiscales y jueces: Brasil posee juzgados especializados en Lavado de Dinero (como la Vara Especial Federal N° 13 de Curitiba a cargo del juez Sergio Moro) y fuerzas de trabajo –denominadas "força tarefa"– de fiscales y policías judiciales que SOLO INVESTIGAN este tipo de delitos.

Tanto el Ministerio Público como los jueces, tienen especializaciones en el exterior sobre el tema que investigan y el trabajo coordenado permite que los tiempos de la justicia disminuyan.

En general, los jueces federales especializados que investigan casos de lavado de dinero como el juez Moro en Curitiba, el juez Bretas en Río de Janeiro o el juez Leite en Brasilia, demoran mucho menos en dictar sentencia que en casos de juzgados que tratan de varios temas.

Cuando las sentencias son apeladas por los condenados y elevadas a la segunda instancia, en apenas 5% de los casos, los Tribunales superiores (compuesto por un colegiado de tres jueces) modifican las sentencias de los referidos jueces.

Ante la eventual apelación al Superior Tribunal de Justicia – STJ o tercera instancia, este colegiado de cinco jueces, NO INVESTIGARÁ PRUEBAS NI CAMBIARÁ LA SENTENCIA. Apenas observará el cumplimiento de la ley. Las anulaciones de los procesos se dieron solo en un 0,62% de los casos.

Manifestaciones populares: la población brasileña descubrió el poder de salir a la calle cuando pidió el derecho de elegir en forma directa a su presidente: (Diretas Ja – "Elecciones directas ahora" – 1983 / 1984)

Repitió la fórmula cuando pidió la salida del entonces Presidente Fernando Collor de Melo (1992).

La presión popular dio fuerza al Congreso para pedir el impeachment de Collor de Melo quien renunció antes de concluir el proceso.

La población salió nuevamente a la calle en junio/julio del 2013 para frenar el aumento de R$ 0,20 en el valor del boleto colectivo y aprovechó para manifestarse contra la corrupción en las obras para el Mundial de Fútbol y en la clara corrupción de varios integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores.

Nacía la nueva ley del arrepentido.

Volvió a la calle para pedir la salida de la ex presidente Dilma Rousseff –que sufrió impeachment– y para apoyar la operación Lava Jato y pedir la prisión del ex presidente Lula da Silva.

Las manifestaciones públicas pasaron entonces a ser un termómetro social respecto de algunos temas sensibles para el país.

Si había gente en la calle, el tema era grave y prioritario.

Esto explica por qué el actual presidente Temer, el más impopular de la historia brasileña y claramente involucrado en temas de corrupción, aún se mantiene en el poder: NO HUBO MANIFESTACIONES PIDIENDO SU SALIDA.

Y la versión Lava Jato Argentina, ¿para cuándo?

Será difícil conseguir ver corruptos presos y el dinero devuelto con las leyes que tenemos, la estructura del sistema judicial argentino y sobre todo la posibilidad de celebrar acuerdos con otros países.

Es frustrante escribir esta frase como es frustrante leerla.

La ley del "arrepentido" en Argentina no sirve para que nadie se arrepienta. (hay solo dos protegidos que pidieron acceder a la ley, más por miedo que por arrepentimiento).

Es necesario cambiar la ley o cambiarle el nombre.

Los delitos de corrupción no dejan rastros. Ningún corrupto entrega recibos.

Según el propio juez Sergio Moro, SI NO FUERA POR LA LEY DEL ARREPENTIDO, no hubiera sido posible llegar ni al 10% de los 1861 años de sentencias sumadas para los 123 condenados por el juez, vinculados al Lava Jato, ni se hubieran conseguido recuperar más de U$S 1.000 millones de los U$S 12.000 millones reclamados por la justicia a los involucrados, personas físicas y jurídicas.

De los 78 delatores premiados de la empresa Odebrecht en Brasil, dos de ellos vincularon en sus declaraciones a ex funcionarios y empresarios argentinos. Se trata de Luis Mameri y Marcio Faria.

Estas declaraciones fueron colocadas a disposición de la justicia Argentina, pero… la legislación en vigencia, NO PERMITE FIRMAR EL ACUERDO y por ello, esta información no llegó (y tal vez nunca llegará) a las manos de los fiscales y jueces argentinos.

El acuerdo firmado por Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil determina dos condiciones para compartir la información: el secreto de justicia y la imposibilidad de procesar a los colaboradores por las declaraciones aportadas.

Según juristas especializados, ESTAS DOS CONDICIONES NO PUEDEN SER ACEPTADAS POR ARGENTINA EN BASE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Durante el año 2017 sentimos un aire de esperanza cuando se venció el plazo para levantar el secreto de justicia de las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht, pero se frustró cuando el Ministerio Publico de Brasil ratificó que solo podría compartir la información si se respetaban las condiciones citadas.

Volvimos a sentir expectativas positivas cuando una delegación de la Justicia argentina viajó especialmente a los Estados Unidos para pedir copia de las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht sobre los "como mínimo USD 35 millones" que la empresa afirmó haber pagado a intermediarios y ex funcionarios del Gobierno argentino.

Como el acuerdo madre es el de Brasil, hasta que no se respeten las condiciones solicitadas por el Ministerio Público brasileño, la posibilidad de recibir la información con quién cobró, cómo cobró, dónde cobró y cuánto recibió de coimas, es cada día menor.

Se acrecienta un riesgo que puede frustrarnos aún más: si se filtran las declaraciones de los arrepentidos a la prensa, se estaría contrariando uno de los dos puntos obligatorios para compartir la información: el secreto de la información y podemos llegar entonces a saber quién recibió coimas, cuánto y cómo, SIN RECUPERAR EL DINERO Y MUCHO MENOS VER A ALGÚN CORRUPTO PRESO.

Las últimas diligencias del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi nos devuelven un poco de esperanza, pero será muy difícil conseguir la declaración por exhorto internacional de los ciudadanos brasileños citados a declarar.

En caso de que se consigan, demorará tiempo para que se cumpla el pedido judicial.

En tanto ello, la cuenta regresiva para la prescripción del delito sigue corriendo.

Ojalá podamos algún día tener a algún condenado preso por actos de corrupción y recuperar algo de lo que nos robaron.

Después de todo, la esperanza es lo último que se pierde.

El autor es CEO de Center Group y profesor de la Universidad Paulista