El presidente del gobierno español llega a la Argentina en una visita muy importante para las relaciones bilaterales y para las relaciones económicas entre ambos países.
Mariano Rajoy llega acompañado por una comitiva de más de 70 empresarios grandes, pequeños y medianos que ya han manifestado un primer interés en ver qué oportunidades ofrece el país para traer su dinero. España aspira a recuperar su lugar como primer inversor en la Argentina, en principio, a través de un contrato para la provisión de ferrocarriles que ería anunciado conjuntamente con el presidente Macri. El país europeo perdió aquel lugar con la traumática salida de Repsol de YPF.
Es cierto que cuando surge esta cuestión de las inversiones se le hacen al gobierno dos achaques básicos: el tiempo que han tardado (y que aun demoran) en llegar esos ingresos y el contraste que significa andar por el mundo reclamando que los inversores extranjeros confíen en el país mientras los propios funcionarios de este gobierno tienen sus ahorros en el exterior.
Esta última objeción, que tiene a su favor la de contar en principio con un sentido común implacable, es discutible cuando se la empieza a analizar con detenimiento.
En efecto, la lógica inicial indicaría que los funcionarios de un gobierno son los primeros que deberían confiar en sus propias recetas para desarrollar el país y, por consiguiente, los primeros "egoístamente" interesados en tener su dinero aquí. Pero para un país con el nivel de sospechas que tiene la Argentina, estoy casi convencido que es la solución contraria la que más aporta a la transparencia y a la prolijidad de los números.
En otras palabras, si fuera por mí, tornaría obligatorio para los gobernantes de la Argentina tener su dinero –por supuesto debidamente declarado y en blanco- fuera de la jurisdicción argentina que es precisamente, aquella en la que ellos pueden influir.
Con esa simple medida se dejarían afuera todas las sospechas que podrían caer sobre los funcionarios de que toman tal o cual medida respecto de los mercados financieros o de las empresas radicadas en el país para favorecer sus inversiones personales, tomando ventaja de lo que en la jerga se conoce como "insider information" es decir información privilegiada "de adentro" toda vez que son ellos mismos los que las toman y deciden. Con sus ahorros fuera del país esa sospecha quedaría automáticamente salvada.
No cabe duda que, respecto de los inversores extranjeros, éstos no están viendo dónde tienen sus ahorros los funcionarios, sino cuál es el nivel de seguridad jurídica del país. Y en ese sentido la Argentina todavía debe dar muestras al mundo de que el cambio hacia la racionalidad que el gobierno dice representar no está en juego en cada elección.
La llamada grieta, paradójicamente, ha jugado un doble papel para el gobierno en ese sentido: le ha sido inmensamente funcional para sus intereses electorales porque afortunadamente hay una estrecha mayoría de argentinos que no quiere volver al populismo irracional y radical; y le ha jugado en contra en esta materia de las inversiones, porque allí sí, quienes quieran arriesgar su dinero aquí tendrían todo el derecho a exigir garantías de que el país no volverá a las cavernas de la barbarie.
Y si es el propio gobierno de Macri el que alienta ese fantasma para beneficiarse electoralmente, luego le quedaría poco espacio para quejarse acerca de por qué los inversores no vienen.
En otras palabras, no es la confianza en el país trasuntada en el hecho de que los funcionarios tengan sus ahorros en la Argentina lo que los potenciales inversores buscan, sino la seguridad de que gane quien gane las próximas elecciones, la Argentina ha dejado atrás su opción "venezolana".
Esa es la verdadera señal que debe dar el país. Y en ese contexto es muy importante la visita de Rajoy porque él y su país, con sus decisiones, sí pueden dar un veredicto de lo que opinan sobre esa disyuntiva que puede tener al resto de la comunidad de negocios a la defensiva.
España supo ser el primer inversor en la Argentina. Cuando se inició el proceso de privatización de empresas el Estado, fueron muchas las compañías españolas que llegaron. Por supuesto la más importante es Telefónica, que tiene hoy en día diferencias con el gobierno de Macri respecto de la instrumentación del "cuadruple play" (teléfonos, datos, internet y TV). Seguramente esa cuestión será materia de agenda en la reunión bilateral de ambos presidentes.
La inversión española en la Argentina es muy diversa. Tiene repartido sus recursos en varias "canastas" (16% en comunicaciones, 9% en minería, 12% en bancos y actividades financieras, 7% en petróleo y 9% en alimentos y bebidas).
Si el gobierno de Macri logra transmitir la idea de que su llegada a la presidencia significó el fin del populismo irracional en el país y que de aquí en más solo pueden esperarse matices civilizados de democracia, entonces seguramente Rajoy será de los primeros embajadores argentinos de la inversión. Si él y sus empresarios se convencen que la seguridad jurídica no corre riesgos en la Argentina, sus decisiones podrán ser imitadas por otros más temprano que tarde.