Una fecha con mala memoria

Tal como viene sucediendo año tras año, en esta semana del 24 de marzo, fecha convertida en insólito feriado turístico, un conglomerado de actos públicos, declaraciones televisivas y encendidas alocuciones será brindado por referentes de los partidos políticos, en repudio a las Fuerzas Armadas por haber tomado el poder del Estado en 1976 y desde allí, haber interpuesto un "genocidio" contra "luchadores sociales", según repiten con insistencia los voceros de la partidocracia y del establishment comunicacional.

Sin embargo, en estos histriónicos discursos, tanto recolectores de votos como figurones de circunstancia omitirán recordar el apoyo irrestricto que todos los partidos políticos del país, empezando por los que hoy declaman en primera fila, personalidades múltiples y diferentes estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías le dieron a la pacífica sublevación militar que a la sazón destituyó a Isabelita y aquella impresentable corte de gangsters que la secundaba.

Motivos para tal consenso "destituyente" no faltaban: durante los casi tres años que iban de gobierno peronista, desde mayo de 1973 hasta marzo de 1976, el terrorismo paraestatal de la Triple A ya había asesinado a medio millar de personas; el terrorismo marxista protagonizado por el ERP y Montoneros había causado 1.358 homicidios (cantidades informadas y ratificadas en su momento por diarios antagónicos como La Prensa o La Opinión), y el número de guerrilleros desaparecidos tras las órdenes presidenciales de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" ya ascendía a 900.

Desde mayo de 1974 centenares de guerrilleros del ERP operaban en los montes de la selva de Tucumán, dándole guerra al Estado en el afán de segregar la provincia del territorio nacional. En esa intentona secesionista fueron famosos los crímenes de niños cometidos por la subversión: el caso más famoso fue el de las hermanas María Cristina y María Fernanda Viola, de 3 y 5 años, respectivamente; la primera fue asesinada a balazos y la segunda acabó un mes internada en estado de coma, con secuelas irreparables. El padre de ambas, el capitán Humberto Viola, también fue asesinado en el mismo ataque.

Lo expuesto no fue un hecho aislado: entre 1969 y 1979 las bandas terroristas cometieron 21.665 actos de subversión, entre ellos, 5.052 colocaciones de bombas y 1.748 secuestros, cantidades ratificadas en la sentencia dictada el 9 de octubre de 1985 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cap. 1. Cuestiones de hecho, causa 13.

En todo el período de barbarie y desgobierno previo al 24 de marzo de 1976 no solamente no se dictó ninguna condena a un solo terrorista, sino que centenares de ellos fueron premiados y amnistiados durante el lamentable pasaje presidencial de Héctor Cámpora: de los más de mil terroristas beneficiados con la impunidad, 371 ya tenían condena judicial.

Como si los escalofriantes datos de la guerra civil entonces vigente fuesen insuficientes, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación, según informe de FIEL, arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976.

Durante los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima imperante: "Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres" publicaba La Opinión (19/03/76). "Es inminente el final. Todo está dicho" redundaba La Razón. Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: "¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta".

De la oposición nada podía esperarse. El jefe de esta, Ricardo Balbín, a la sazón presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), efectuó un público y desembozado lavado de manos el 22 de marzo, alegando: "Hay soluciones, pero yo no las tengo". Ya el 27 de febrero el Comité Nacional de la UCR había incentivado el golpe al publicar la siguiente exhortación: "Toda la nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite".

Horas antes del fin de aquel tenebroso régimen, se escapaba al exterior el máximo líder sindical, Casildo Herrera: "Yo me borro" fue su conocida sentencia al llegar sano y salvo a Montevideo. Y lo bien que hizo en huir, a sus antecesores en el máximo cargo jerárquico de la CGT no les había ido nada bien: tanto José Alonso como José Ignacio Rucci habían sido asesinados poco antes por las balas montoneras.

Dos días previos al 24 de marzo renunció también el intendente de la Ciudad Buenos Aires, José Embrioni, y mientras tanto, el hombre fuerte de aquel gobierno, el hechicero José López Rega, se encontraba prófugo de la Justicia, escondido en Europa. Pero la bochornosa competencia de estampidas y deserciones también llegó al Congreso de la Nación: "Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas" informó Clarín el 21 de marzo.

En suma, la ceguera ideológica de los que ahora repiten la estereotipada historia oficial con base en aforismos parciales y sensibleros oculta que "la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos", palabras dirigidas a la revista alemana Geo en 1978 por el escritor Ernesto Sábato: el mismo tránsfuga que después presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y encima prologó el libro Nunca Más, el emblemático best seller financiado por el inconcluso gobierno de Raúl Alfonsín.

Pero el apoyo generalizado a los militares, proveniente de los mismos sectores que hoy los repudian, no se limitó a la sublevación del 24 de marzo. Una vez constituido el nuevo gobierno, sus aplaudidores se sumaron a cogobernar con entusiasmo: de las 1.697 intendencias vigentes en la gestión del presidente Jorge Rafael Videla, solo el 10% de ellas eran comandadas por miembros de las Fuerzas Armadas. El 90% restante estaba conformado por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios restantes era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: la UCR contaba con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ, partido presuntamente "derrocado", con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas, con 109; el MID, con 94; Fuerza Federalista Popular, con 78; los democristianos, con 16; el izquierdista Partido Intransigente, con 4 y el socialismo gobernaba la ciudad de Mar del Plata. En otras áreas, el socialista Américo Ghioldi se constituía en embajador en Portugal; en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá haría lo propio, Rubén Blanco en el Vaticano y Tomás de Anchorena en Francia; el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda en Italia, el desarrollista Oscar Camilión en Brasil y el demócrata mendocino Francisco Moyano en Colombia. En tanto, el Partido Comunista ratificó su apoyo a Videla y fue la primera vez que una gestión de facto no prohibió ni declaró ilegal a ese partido.

Por supuesto que en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista el gobierno militar cometió errores y horrores, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden endilgarles los reescribidores de historietas: hoy ya sabemos oficialmente que los desaparecidos no fueron 30 mil sino 6447, según listado gubernamental del año 2006, y que dentro de esta aminorada cantidad: "Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría era militante y la inmensa mayoría eran montoneros", literal confesión brindada por Mario Firmenich al periodista español Jesús Quinteros.

Se va otro 24 de marzo, y otra vez nos estamos perdiendo una renovada oportunidad de discutir y repensar en serio, y con afán superador, el triste pasado reciente. Muy probablemente nada de los hechos citados en esta nota será mencionado en los sucesivos carnavales de la memoria, que girarán en torno a un inamovible y exótico feriado que, para lamento del grueso de los habitantes de Argentina, este año cae sábado.

El autor es abogado. Su último libro se titula "La Máquina de Matar. Biografía definitiva del Che Guevara" (Unión Editorial).