Recientemente se presentaron los argumentos orales del caso "Estados Unidos contra Microsoft" (United States v. Microsoft Corp.) ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El resultado, que sin dudas va a impactar en la forma en que todos los países obtienen evidencia digital, se espera para el próximo junio.
El caso comenzó cuando el gobierno de Estados Unidos le solicitó a Microsoft el contenido de unos emails pertenecientes a una persona que estaba siendo investigada por la comisión de un delito en territorio norteamericano. Microsoft, que hasta ese momento había respondido satisfactoriamente a los pedidos del gobierno, contestó que, como los correos estaban alojados en un servidor que la compañía tenía en Irlanda, necesitaba la autorización de un juez de ese país para acceder a ellos. Aunque aclaró que contaba con las herramientas tecnológicas para obtener los emails desde sus oficinas en Norteamérica sin siquiera pisar el territorio irlandés.
El caso fue llevado ante un juez de primera instancia de Estados Unidos. El juez falló a favor del gobierno, argumentando que, como Microsoft podía acceder a los correos desde sus oficinas en Estados Unidos, no se necesitaba la intervención de un juez irlandés. Microsoft apeló y el segundo circuito de Estados Unidos (Tribunal de Cámara) revirtió la sentencia. El gobierno recurrió ante la Corte Suprema.
Esta es una de las primeras ocasiones en la que la Corte de Estado Unidos va a tener que decidir sobre un hecho que impacta directamente sobre los desafíos que los nuevos avances tecnológicos plantean a los sistemas tradicionales de Justicia. Los Estados modernos limitan su poder soberano, que implica dictar y aplicar leyes, y juzgar a quienes las violan, a sus territorios. La tecnología de almacenamiento en la nube (cloud computing) rompe con esa lógica.
El cloud computing permite a los usuarios acceder a sus contenidos digitales desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, alguien puede trabajar desde Buenos Aires en un documento que está guardado en un servidor en París. Los datos digitales no observan los límites territoriales. Los desafían. Un email enviado desde Uruguay puede pasar por Alemania, Francia y México antes de llegar a su destino en Buenos Aires.
En general, las empresas que proveen este servicio (Microsoft, Apple, Amazon y Google, entre otras) guardan la información de sus usuarios en servidores ubicados en distintos lugares del mundo. Raramente el lugar de acceso a la información digital (el lugar donde se abre un archivo) coincide con el lugar donde los datos están guardados.
En la era de las comunicaciones y del cloud computing, casi todas las acciones que realizamos diariamente quedan registradas en distintos servidores que se encuentran alrededor del mundo. Desde los emails que mandamos y recibimos hasta los lugares que visitamos (la mayoría de los smartphones genera información sobre la localización de los usuarios), las conversaciones que tenemos por cualquier canal de chat, las fotos que sacamos, etcétera.
En el marco de una investigación penal, toda esa información constituye evidencia sumamente importante sobre la comisión de un delito. Pero la forma de obtenerla actualmente no es clara. Eso es lo que se está discutiendo en el caso Microsoft.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que si la información se puede obtener desde Estados Unidos, no se requiere la intervención de ninguna autoridad del país donde los datos están alojados. Esta postura genera algunas consecuencias que podrían afectar al propio gobierno norteamericano: puede impactar en las relaciones diplomáticas con Irlanda, que podría reclamar que se violó su soberanía al acceder a información alojada en ese país sin su consentimiento; abriría la puerta a que cualquier país del mundo pudiera acceder a información guardada en Estados Unidos sin la intervención de autoridades norteamericanas.
Por su parte, Microsoft sostiene que un juez de Irlanda tiene que autorizar el acceso a la información. Esta postura trae algunas consecuencias que pueden afectar el desarrollo de una investigación penal. Primero, los procesos para solicitar la obtención de evidencia en el exterior son largos y, si consideramos que la mayor parte de este tipo de evidencia está alojada en distintos servidores a lo largo del planeta, las investigaciones penales podrían sufrir demoras excesivas, lo que derivaría en su frustración. Segundo, algunos sistemas de la nube (por ejemplo, el de Google) no permiten determinar en qué país está alojada la información digital en un momento determinado. Tercero, se favorecería la creación de paraísos de datos (los usuarios podrían elegir alojar su información digital en países que no cooperen con investigaciones penales que se desarrollan en otras naciones).
La decisión de la Corte va a resultar de vital importancia para empezar a determinar la forma en que las investigaciones penales se deben adaptar a los nuevos desarrollos tecnológicos. Sin dudas va a impactar el modo en que Argentina y el resto del mundo obtienen este tipo de evidencia, ya que la gran mayoría de la información digital (al menos, respecto de los emails) se encuentra en servidores pertenecientes a compañías norteamericanas.
El autor es abogado (UBA) y docente en la Universidad de Buenos Aires.