La decisión del presidente Donald Trump de imponer tarifas adicionales a las importaciones de acero y aluminio fue interpretada como el comienzo de la guerra comercial. En realidad, las amenazas comerciales empezaron con las condiciones fijadas para la renegociación del Nafta, el retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) porque menoscababa los intereses de los Estados Unidos, los antidumpings en el biodiesel, los paneles solares y los lavarropas.
En esta oportunidad, se utilizaron argumentos banales sobre la seguridad nacional para imponer las nuevas tarifas que constituyen un concepto arbitrario y no están contempladas en los mecanismos de defensa comercial de la OMC. Como el informe fue preparado por Wilbur Ross, secretario de Comercio, nada permite sugerir que el representante comercial Robert Lighthizer, lobista y abogado de la industria del acero haya "mediado" en esta disposición.
Los principales exportadores de acero al mercado estadounidense son Canadá, Brasil, México y Corea del Sur. Alemania es el octavo y China, el décimo, con solo el 2,9 por ciento. Canadá es el principal exportador de aluminio, con una participación del 45%, seguido por Rusia, Emiratos Árabes y China. Cuando todos esperaban que los Estados Unidos enfocaran las restricciones contra las importaciones de China, a la cual en múltiples oportunidades cuestionara por la manipulación del comercio exterior, los principales afectados son países occidentales.
Todos han reaccionado negativamente y han dejado saber que tomarán represalias para compensar el daño infligido a sus empresas. Las limitaciones al ingreso al mercado estadounidense afectarán el mercado internacional de estos productos por la reorientación de las corrientes comerciales y el impacto sobre los precios, incluyendo a la Argentina.
Los Estados Unidos recurrieron al proteccionismo con presidentes republicanos. Donald Reagan utilizó los acuerdos de restricción voluntaria de comercio y la sección 201 del Acta de Comercio para limitar las importaciones de Corea y Japón. El presidente Bush aplicó tarifas adicionales del 8% al 30% en el 2002 en acero, con la excusa del daño producido a la industria local por el rápido aumento de las importaciones. La Unión Europea recurrió a la OMC para cuestionar las acciones y aplicó en represalia tarifas adicionales que afectaban la producción de los Estados conocidos como Rust Belt, y cuyos electores eran necesarios para garantizar la reelección del presidente. La cuidadosa selección de productos y el fallo contrario de la OMC obligaron al presidente Bush a rever la protección a la industria siderúrgica.
En esta ocasión algunos miembros del Partido Republicano han reaccionado negativamente aduciendo que las tarifas implican un impuesto adicional para los consumidores y que afectarán los costos de los sectores productivos que utilizan esos insumos, en especial, la industria automotriz.
El presidente Trump celebró la aplicación de las nuevas tarifas como si disfrutara del conflicto. "Cuando un país pierde muchos miles de millones en el comercio con casi todos los países, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar". En pocas palabras, confirmó su desdén por el respeto a las normas de comercio internacional y los mecanismos de solución de controversias elaborados con paciencia durante varias décadas con el propósito de evitar las disputas y promover el crecimiento. El presidente Trump anunció también que revisará las tarifas con un criterio de reciprocidad, con lo que inicia una carrera de final incierto, con consecuencias graves para la economía internacional.
El ministro Jorge Faurie publicó un artículo sobre la inserción inteligente y resaltó allí la continuidad de la política de generar oportunidades sin condicionamientos ideológicos y sin establecer socios únicos seguida desde 1973. Quizás esta intención explicaría la presteza de la mención al Mercosur como pilar de esta inserción. La caracterización de un escenario atravesado por múltiples incertidumbres pareciera generosa ante el reciente fracaso de la CM de la OMC, el desprecio de los Estados Unidos por los organismos multilaterales y su amenaza de aplicar tarifas discrecionales, y la reticente actitud de la Unión Europea para cerrar un acuerdo de libre comercio mutuamente beneficioso con el Mercosur donde puedan abrirse nuevas oportunidades.
Las mayores dificultades parecieran surgir justamente desde los países donde el Gobierno aspiraba a encontrar una mayor comprensión para sus políticas pro mercado. La unificación de los criterios para enfrentar estas incertidumbres requerirá de un esfuerzo coordinado para resistir las intenciones de líderes que desprecian el diálogo y que no les importan las consecuencias de sus acciones.
El autor es diplomático.