Por el momento, el Gobierno solo intenta tímidas reformas parciales, soluciones caso por caso sin estrategias claras y anuncios sobre reformas legislativas que luego se postergan o se minimizan.
La eliminación de impuestos distorsivos, las privatizaciones en condiciones de competencia y transparencia, la apertura de la economía, la reducción del empleo público improductivo, el enfoque no clientelista de la política social que impida abusos e injusticias, no parecen ser ideas fuerzas que el Gobierno esté dispuesto a adoptar.
Está demasiado condicionado por su temor a que sus reformas se identifiquen con las de los 90. Una lástima, porque aquellas reformas permitieron que, por ocho años, Argentina consiguiera avances importantes en todos los frentes. Y, lamentablemente, cuando el endeudamiento excesivo, la desaparición del espíritu reformador y las estrategias electorales se antepusieron a la buena gestión gubernamental, el proceso comenzó a estancarse y finalmente se revirtió con decisiones que supusieron un regreso a las peores prácticas de manejo económico del pasado.
No pierdo la esperanza de que algún equipo, dentro o fuera del Gobierno, pero que quiera no desaprovechar la oportunidad de progreso que significa el Gobierno de Mauricio Macri, trabaje en la formulación de un plan que reciba todo el respaldo del Presidente y sea implementado con convicción y coraje antes de que sea demasiado tarde. Que en el 2020 se reedite el 2002 de Duhalde, De Mendiguren y compañía sería una nueva tragedia para Argentina.
La tasa de inflación se encaminará hacia la meta del 15% anual cuando hayan terminado los ajustes tarifarios por arriba de ese ritmo. Mientras tanto, es crucial que los ajustes salariales se ubiquen en el entorno del 15% y, si para llegar a acuerdos es necesario aceptar una cláusula gatillo anual, es razonable que se la acepte.