¿Cómo resolver el problema Zaffaroni? Dejar de financiar la CIDH sería un comienzo

El pasado 18 de enero, en una entrevista radial, Eugenio Zaffaroni hizo las siguientes declaraciones: "No va a depender de nada político ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir".

La profunda controversia suscitada por estas palabras proviene no solamente del extremo papel público del actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de su espíritu antidemocrático. Porque el respeto al disenso es una de las bases del sistema democrático, pero más aún lo es el respeto de las decisiones del pueblo plasmadas con el voto en elecciones abiertas, libres y transparentes.

Ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y entenderla como un instrumento para la protección de los derechos humanos, los cuales se logran desarrollar desde el sistema democrático que los garantiza y protege. Por ello, un juez de la Corte Interamericana que aventura opiniones que no respetan la voluntad popular ni la duración de los mandatos democráticamente elegidos incumple y violenta la función para la cual fue propuesto por su propio Estado y elegido por el voto en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

El doctor Eugenio Zaffaroni conoce perfectamente estas cuestiones, dado que desde hace décadas ejerce como juez en gobiernos democráticos y de facto, de los que tal vez haya conservado algunos resabios que inspiran las presentes declaraciones.

Varios años después de haber jurado como juez por los estatutos del proceso de reorganización nacional, Zaffaroni alcanzó el máximo honor que puede obtener un abogado en nuestro país al ser propuesto para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para esa función se requieren imprescindiblemente mesura, imparcialidad, independencia, ética y probidad moral, requisitos igualmente necesarios para ocupar uno de los cargos de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas condiciones que Zaffaroni parecería resuelto a violentar desde hace años.

La Corte Interamericana se integra con siete jueces de países miembros de la Organización de Estados Americanos que asumen su cargo por seis años y pueden ser reelegidos por un período más. En el caso de Argentina, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso como única opción a Eugenio Zaffaroni, un reconocido militante de su gobierno. Pero la carrera de Zaffaroni ha estado rodeada de escándalos de todo tipo, desde el rechazo de decenas de habeas corpus durante el gobierno de facto de 1976 hasta el alegado desconocimiento respecto de los inquilinos de varias de sus propiedades, que resultaron ser prostíbulos, y sus sentencias que controvertían la ley argentina o declaraciones politizadas que vulneran la imparcialidad y la independencia requeridas para ocupar una función en la más alta judicatura del país, por lo que nada puede sorprendernos respecto de un personaje público que ha venido vulnerando el prudente papel que debe tener un juez hasta convertirlo en una especie de divo transgresor del derecho.

El Estado argentino, luego de sus últimas declaraciones, resolvió denunciarlo, pero lamentablemente no resulta posible que en el corto plazo haya algún tipo de definición respecto de un conciudadano cuya labor pública resulta tan poco decorosa para el país. El proceso de remoción o sanción de jueces es poco claro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, son los propios jueces los que solicitan motivadamente la potestad sancionatoria, pero es la Asamblea General de la OEA la que luego decide, para lo que debe contar con dos tercios de los Estados parte para continuar. Como esta situación es excepcional desde la creación de la Corte Interamericana, sentaría un peligroso precedente para los posteriores jueces, por lo que parece improbable que haya avances en una cuestión que afecta a otros jueces también controvertidos. Por lo que todo indica que los jueces optarán por el mutismo y pretenderán que no ha pasado nada.

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Sin embargo, es importante mencionar que Argentina puede sentar su desacuerdo con el juez Zaffaroni y el sistema interamericano de derechos humanos, a través del gesto de suspender cualquier contribución voluntaria del Estado a este organismo. Países como Brasil no realizan ninguna contribución voluntaria desde el año 2011, según lo consigna el sitio de la Comisión Interamericana, tampoco Bolivia o Guatemala. Sin embargo, Argentina, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donó 400 mil dólares en el año 2013; es la tercera contribución voluntaria más elevada de ese año, luego de Estados Unidos y Canadá. Durante el año 2016, último año donde se consigna esta información, nuestro país contribuyó con 83 mil dólares. Tal vez una señal sea suspender la ayuda económica a organismos que se han convertido en portavoces de un progresismo que excluye los derechos humanos de los demás. Recordemos solo a modo de ejemplo que tanto la Comisión Interamericana con sus medidas cautelares en las denuncias por los casos Maldonado y Sala como la Corte Interamericana con el juez Zaffaroni han abandonado cualquier imparcialidad, dilatando o ignorando escandalosamente cualquier otro reclamo que se desvíe de la agenda de la activa izquierda.

Tampoco es viable en el corto plazo denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, porque ello nos colocaría en la percepción política en el mismo nivel que dictaduras como la de Venezuela. Porque si bien Canadá y Estados Unidos tampoco reconocen la autoridad del sistema interamericano, tal posición es sostenida desde la misma firma del tratado, que nunca ratificaron ni reconocieron. En cambio, en el caso de Argentina, se trata de un miembro pleno desde su creación, con lo que, de abandonar el Pacto ahora, correría el riesgo casi descontado de ser acusada como mínimo de fascista, lo que conllevaría una disputa al menos dialéctica que el discurso neutro de la actual gestión no parece dispuesta a enfrentar.

En síntesis, Zaffaroni parece haber encontrado el nicho para explayarse impunemente, con un cómodo sueldo en dólares que lo respalda y el apoyo de un organismo que por razones de conveniencia o identidad ideológica no tomará medidas para sancionarlo, por lo que el Estado argentino debería analizar la restricción de aportes voluntarios a un sistema que hoy parece haber abandonado la imparcialidad en nombre de la militancia en la progresía regional, y simultáneamente persistir en la presión diplomática para que sea removido este juez que incumple con su alta función y representación.

La autora es abogada, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).