Hace solo unos días el mundo televisivo se vio sacudido a partir de la propuesta del conductor Jorge Rial de debatir sobre la legalización del aborto. Esta iniciativa impulsó a actrices y figuras del espectáculo a tomar la palabra, a mostrarse a favor de que el tema entre en la agenda pública.
El de Rial no es el único caso. Sin ir más lejos, otro personaje de los medios, Eduardo Feinmann, propuso realizar una encuesta vía Twitter para que la ciudadanía opine si estaba a favor o en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Para su sorpresa, el 78% de los casi doscientos mil votantes de la encuesta se mostró a favor de la legalización, solo el 16% se manifestó en contra, mientras que el 6% restante no quiso tomar posición.
Lo cierto es que ambos ejemplos se hacen eco de una discusión que en la sociedad argentina y en el movimiento feminista está presente desde hace años y que no ha logrado aún un correlato en el Congreso de la Nación. Que el debate acerca de la legalización del aborto llegue a los medios de comunicación y sobre todo a programas televisivos de gran popularidad ayuda a la difusión de la problemática y cristaliza la magnitud de la instalación del tema en nuestro país.
Ahora bien, el reclamo en las calles por parte de los movimientos feministas, el debate en los medios de comunicación tradicionales, las campañas en las redes sociales, la discusión en los ámbitos estudiantiles y académicos acerca de la necesidad de la legalización del aborto no parece ser escuchado por quienes son los representantes de esa sociedad que en su mayoría reclama por el aborto legal.
OTRA POSTURA: Aborto a demanda: el crimen como derecho | Por Fishel Szlajen
Este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito presentará por séptima vez el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo; proyecto de ley que llegó a contar con más de setenta firmantes y que supo ser el proyecto con mayor cantidad de firmas en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la mera posibilidad de debatir, aunque sea en las comisiones, fue negada sistemáticamente tanto por el Gobierno kirchnerista como por la actual administración. En ambos casos, las posiciones personales de los jefes de Estado prevalecieron sobre la opinión de legisladores de sus propias bancadas y de la necesidad de buena parte de la sociedad.
Tenemos que recordar que en nuestro país se llevan adelante aproximadamente 500 mil abortos clandestinos e inseguros por año. Queda en evidencia que la penalización no impide su práctica, sino que solo produce una brecha entre aquellas mujeres que pueden acceder a un aborto seguro, aunque clandestino, y aquellas que, sumado a la clandestinidad, lo llevan adelante de forma insegura por falta de recursos económicos.
Los abortos inseguros se cobran la vida de 100 mujeres por año; es de manera ininterrumpida la principal causa de muerte de mujeres gestantes desde hace 20 años y provoca la muerte de más de tres mil mujeres desde la vuelta de la democracia.
Por eso decimos que el debate acerca de la interrupción voluntaria del embarazo constituye la principal deuda de la democracia argentina. Esa deuda debe ser asumida por el Congreso de la Nación, que es quien tiene en sus manos la llave para conceder un derecho a todas las mujeres y que reclama la sociedad en su conjunto. Depende de todos los legisladores estar a la altura de los reclamos de quienes representamos.
La autora es diputada nacional de Movimiento Libres del Sur.