El caso Chocobar, nuevo ejemplo de un sistema que persigue al policía y protege al delincuente

Pocos ignoran lo ocurrido con el policía Luis Chocobar, que salvó la vida una persona robada y acuchillada diez veces por un delincuente al que persiguió e hirió y luego lamentablemente murió.

No es noticia un asalto violentísimo en plena mañana en la Boca donde casi muere la víctima y muere el delincuente.

No es noticia que intervenga espontáneamente un policía de franco, que en vez de disimular e irse, afronta el riesgo de morir y el riesgo de ser enjuiciado. Hay muchos casos así y en varios, nuestros policías murieron por salvarnos y otros han sido injustamente condenados por jueces temerosos de las protestas de ciertas orgas.

No es noticia que esos dramas generen la obvia causa judicial, porque siempre una muerte debe ser investigada en profundidad y con rigor.

Lo que ha convertido a Luis Chocobar en un caso famoso no ha sido su vocación de servicio, ni su valentía, ni su capacidad profesional, ni que esté sometido a un proceso judicial.

Lo que ha hecho notorio a Chocobar es que de salvador de una víctima casi mortal, de valiente que pudiendo esconderse, arriesgó su propia vida, pasó a ser un perseguido por cierta Justicia que cotidianamente nos asombra, casi siempre para mal.

Chocobar sufrió vía crucis, que el imaginario colectivo rápidamente percibió como injusto, innecesario y estéril, en contraste al trato casi maternal que recibe demasiada delincuencia a manos de los jueces abolicionistas.

Para la gente, Chocobar personifica el absurdo de un sistema que castiga al policía y privilegia al delincuente. Y hay razones para que esto sea así.

Fue encarcelado durante tres días y al final encerrado en el mismo calabozo que delincuentes comunes. Avergüenza que se siga violando la decencia carcelaria que manda la Constitución, pero dejemos de lado que durmiera en el piso. Lo inadmisible fue que se mezclara a un policía con delincuentes comunes, que en pocos minutos podrían haberlo matado o vejado hasta destruirle la vida. Ojalá que la responsable de esta salvajada sea excluida del sistema judicial, cuanto antes. Es demasiado peligrosa para todos.

Los problemas de Chocobar no terminaron ahí: el Dr. Pierretti, primer juez actuante, lo liberó, pero el siguiente juez, el conocido Enrique Velázquez, lo procesó y lo embargó por el equivalente a dos años de su sueldo.

¿Por qué conocido? Por haber ido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, por acoso sexual y acoso laboral a empleados del juzgado, confirmado por declaraciones de las víctimas y de varios empleados ante el Consejo.

El juez Velázquez fue denunciado también por usar a personal judicial para gestiones personalísimas. Incluso fue denunciado por firmar hojas oficiales en blanco, para insertarle resoluciones que debía leer antes de firmar, porque se iría a navegar en horario laboral.

Y el juez Velázquez es conocido por haber liberado al menor que mató al niño Brian Aguinaco, homicida que volvió a Perú y retornó libremente a la Argentina hace poco. Ojalá que no vuelva a matar.

Cómo alguien puede, pese a esas conductas, seguir siendo juez, es algo que muestra las debilidades del sistema que debe cambiar y mejorar sustancialmente.

Es al juez Velázquez a quien Chocobar debe sus penurias y su conversión en un símbolo de la persecución a las fuerzas de seguridad, sistemática en los magistrados garanto-abolicionistas y en algunos miembros del grupo político "Justicia Legítima".

Tan símbolo espontáneo ha sido, que por primera vez en muchos años, un presidente de la Nación –el Ing. Mauricio Macri- lo recibió junto a la Ministro de Seguridad Dra. Patricia Bullrich, para felicitarlo y alentarlo.

Se desencadenó así una tormenta perfecta, donde como es usual, la izquierda y algunos opositores automáticamente atacaron al policía y al Gobierno, achacándole una supuesta presión al Poder Judicial.

Una imputación absurda si pensamos que obviamente el jefe de la administración del país puede -y en realidad, debe- respaldar a los agentes de seguridad que sean perseguidos por cumplir con su trabajo.

En los medios y redes, algunos pasaron de ser duchos submarinistas a expertos en seguridad, tiro y pelea cuerpo a cuerpo, con uso de armas de fuego y cuchillos. Todos de escritorio, claro, sin noción de manejo de pistolas, ni cuchillos, ni pelea, ni nada que no sea el aprovechar un drama para ganar lectores, audiencia, fama o plata.

Este drama se ha salido de cauce y requiere profesionalidad y seriedad.

Merece justicia un muerto, que en ese aspecto no importa si era un delincuente o no. Solo se logrará con un proceso serio, sin politización ni búsqueda de chivos expiatorios. Menos aún de ideologías abolicionistas, diametralmente opuestas a las que sus cultores de izquierda han aplicado en los países que gobernaron y gobiernan.

Y merece justicia un policía que ejerció su deber, que ha sido indudablemente valiente, que salvó una vida y que probablemente haya actuado como debía, más allá de una situación que debe investigarse con seriedad en la causa judicial, pero que no obligan ni a encarcelarlo, ni a embargarlo, ni a presumirlo culpable.

Recuperemos el sentido común y apliquemos las reglas básicas del sistema legal, igual al de todo el mundo: los agentes estatales incluyendo a los policías, tienen presunción de legitimidad en su obrar. Algo de profunda lógica, porque si no, toda actuación de presidentes, legisladores, jueces y hasta ordenanzas de un Estado, podría ser desobedecido o frenado, cuestionando su validez. Los ideólogos que sistemáticamente cuestionan la actuación policial pasan por alto esto, no por ignorarlo sino porque para su lucha anti-sistema sirve el caos, no el orden.

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Además, recordemos que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Esto se aplica a la Policía y sobre todo a la Policía cuando actúa en cumplimiento de sus deberes, porque aquí no estamos frente a una pelea entre iguales, sino ante un policía cumpliendo con su deber y un delincuente violando la ley.

Aunque parezca absurdo tener que decirlo, debemos hacerlo: tampoco confundamos el cine con la vida real: el accionar policial no ocurre en escritorios, en bares o en estudios de TV, sino en la calle, en segundos, en situaciones de vida y muerte, plenas de violencia física, confusión, brutalidad, armas y adrenalina. Tan dramático como que existe el estrés post-traumático y la pérdida de memoria.

Jueces y fiscales debieran hacer cursos obligatorios donde comprueben física y directamente cómo es una pelea cuerpo a cuerpo, como funciona un arma y que puede hacer un cuchillo en manos expertas y homicidas. Hasta sería útil que cursaran este aprendizaje algunos periodistas y opinadores seriales.

Buen ejemplo de esto es el video difundido el viernes a la noche y considerado por algunos como prueba del mal obrar policial, cuando es tan breve, abarca tan poco trecho de lo sucedido y tiene tan mal sonido, que interpretarlo requiere técnicas y conocimientos que la mayoría no tenemos. O sea, requiere pericias.

No olvidemos, por supuesto, que siempre será útil conocer el Código Penal, que pese a sus defectos, tiene normas que aplicadas con sentido común, solucionan muchos dilemas. Por ejemplo las causales de inimputabilidad del art. 34, que parece que muchos de los que vienen interviniendo en este debate, no han leído.

Seamos serios, que estos temas son de vida y muerte.

El autor es abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación