Por qué una reforma en Defensa es impostergable

Tras el triunfo legislativo, la Administración Macri encaró la segunda parte de su mandato, proponiendo e impulsando "reformas": laboral, previsional, tributaria, fiscal. Posiblemente, haya sido una agenda derivada de las urgencias económicas y ello llevó a relegar temas trascendentes y de largo plazo, como cultura, ciencia y tecnología, educación, salud, seguridad y defensa.

Respecto a esta última área, cuando acababan de presentarse dichas reformas, la desaparición del submarino ARA San Juan fue un duro y trágico llamado de atención, sobre la necesidad de emprender una reforma en Defensa.

Planteado el tema, es conveniente ante todo recordar cuales son los "fines" de la defensa. Son dos y están en la Constitución Nacional. Una es la defensa de la soberanía integral de la Nación y la otra la defensa de la Constitución. (cabe recordar que siempre que un oficial de las Fuerzas Armadas asume un nuevo cargo o destino jura defenderla).

Definidos los fines que rigen para cualquier gobierno y cualquier situación, el presidente Mauricio Macri en los primeros siete meses de gestión fijó públicamente seis misiones para las Fuerzas Armadas.

El 29 de mayo de 2016, en el Colegio Militar, al conmemorarse el 207 aniversario de la creación del Ejército fijó públicamente tres de ellas: 1) Ser instrumento de la política exterior. Se entiende por ello acciones como la participación en las fuerzas multinacionales de paz, la realización de ejercicios militares con otras naciones, ya sean bilaterales o multilaterales y en última instancia participar en acciones multinacionales de Búsqueda y Rescate, como hicieron 18 países con motivo de la desaparición del Submarino San Juan; 2) La defensa del Medio Ambiente. Esta claro que Argentina es un país con grandes recursos naturales y que tiene un territorio que, con el mar y la Antártida, se duplica. Esta defensa no sólo implica la pesca, sino también el subsuelo marítimo, que comienza a ser explotado como fuente de energía y minería. 3) La lucha contra el terrorismo. El concepto es la participación en coaliciones globales contra el terrorismo global, no el rol frente a una eventual insurgencia interna. El tema se potencia por los desafíos que genera la realización de la Cumbre del G20 en Argentina.

Un mes más tarde, el 3 de julio, en la Comida de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el Presidente agregó otras tres: 1) La cooperación en la seguridad de las fronteras. El concepto es contribuir a atenuar el problema que genera el uso creciente de las fuerzas de seguridad federales para enfrentar el crimen en las grandes concentraciones urbanas; 2) La cooperación en la lucha contra la droga. Se trata de hacerlo en el mismo contexto que se hizo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con el despliegue de radares y medios aéreos, en el marco de los operativos "Fortín" y "Frontera Norte". 3) La asistencia a emergencia sociales derivadas de catástrofes. Es quizás la más simple de las seis misiones y la que se ha cumplido en forma más sistemática y continuada en los últimos dos años.

Pero estas misiones, planteadas con claridad y ante la sociedad entre fines de mayo y comienzos de julio de 2016, no fueron acompañadas de un conjunto articulado de acciones para alcanzarlas.

La primera sería la sanción de una Ley de Movilización que permita al Estado movilizar los recursos, públicos y privados, para enfrentar crisis, ya sean militares o civiles (sociales, climáticas, etc.) Es una ley pendiente desde 1988, cuando fue sancionada la Ley de Defensa Nacional hoy vigente.

Paralelamente, se hace necesario sancionar una Ley de Reservas, también pendiente desde hace tres décadas. Hay un proyecto en el Congreso que no ha tenido tratamiento y que podría tomarse como base para el que se propone. La sustitución del servicio militar obligatorio por la tropa voluntaria da una gran oportunidad, dado que se cuenta con casi decenas de miles de hombres que han pasado por el nuevo sistema en las últimas dos décadas y pasarían a ser la base de las reservas.

La Administración y articulación de ambos sistemas podría quedar en manos del Ejército y sus cuarteles convertirse en centros de organización de reservas y de coordinación de las acciones de movilización.

Pero la mirada hacia el futuro requiere también de la modificación de una ley y la reglamentación de otra. La Ley de Personal Militar -que diseña el plan de carrera de los integrantes de las Fuerzas Armadas- es la 19.101, sancionada en 1971 durante el gobierno de facto de Lanusse, que ha tenido sucesivas modificaciones, y requiere una actuación completa, más allá de los cambios introducidos en su decreto reglamentario desde entonces; el Gobierno ya anunció que ha constituido una Comisión para hacerlo.

Al mismo tiempo, la ley de Reestructuración Militar 24.848 (también llamada Ley Jaunarena), sancionada por unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional en 1998, debe ponerse en vigencia, lo que no se ha hecho en sus casi dos décadas de existencia. Se trata de una buena norma, que pese a haber transcurrido casi dos décadas de su sanción sigue siendo un instrumento útil para diseñar el horizonte de la defensa. La mencionada modificación de la ley de Personal Militar, puede ponerse en el marco de esta ley de Reestructuración Militar, ya que así lo prevé.

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Para completar los cambios del marco legal es necesario modificar el decreto 727 de 2006, que introdujo cambios en las reglamentaciones de la ley de defensa (23.554) y de seguridad interior (24.509). Se hace necesario modificar sus dos artículos que impide actuar a las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas, como establece la ley, si no se trata de agresiones de fuerzas regulares de Estados organizados. Si no se modifica, la cooperación militar para la Cumbre del G20 se vería complicada.

El tema de los recursos, como en cualquier política pública, resulta central. En los primeros meses de 2016 se firmó un acta por la cual se impuso como objetivo equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con los de las Fuerzas de Seguridad Federales y "blanquear" los suplementos que cobra el personal en actividad pero que no son contabilizados para el retiro futuro. El acta se viene cumpliendo con demoras y limitaciones y es importante que se lo haga en forma plena y efectiva.

En cuanto a los recursos para inversión y reequipamiento, es un tema urgente, como lo subrayó la tragedia del submarino ARA San Juan. La Argentina debería destinar el 1,3% del PBI a gasto militar en el corto y mediano plazo. A dicha cifra puede llegarse en tres años.

La ley de reestructuración militar 24.848, mencionada precedentemente, contiene disposiciones que en base una adecuación del coeficiente predeterminado permite diseñar un horizonte de largo plazo en materia de inversiones. El ex Ministro de Defensa Ricardo López Murphy ha propuesto que se destina dicha cifra durante una década, lo que permitiría un reequipamiento adecuado y necesario con un horizonte de largo plazo.

Potenciar la actividad, organización y funcionamiento conjunto de las Fuerzas Armadas es otra prioridad. Entre otras iniciativas, pueden crearse comandos conjuntos regionales que podrían organizarse en base a las tres divisiones del Ejército.

Pero ello también requiere poner en marcha y desarrollar el Comando Conjunto del espacio marítimo, integrado por el mar argentino. El Comando Aeroespacial, que incluya el factor satelital y un Comando Conjunto de Cyber Defensa, amenaza creciente en todo el mundo, en materia de defensa y seguridad. La Armada tendría el mando en el primero de estos y la Fuerza Aérea del segundo.

La superación de los conflictos del pasado, implica dejar atrás definidamente, acciones como las implementadas por el kirchnerismo, que llegó a impedir ascensos por ser hijo de alguien que prestó servicios durante el último gobierno militar o buscar sanciones disciplinarias menores a oficiales superiores de cuando eran jóvenes para impedir sus ascensos.

Potenciar la capacidad científico-tecnológica en el área de defensa debe ser otra prioridad. La Argentina anticipó que busca un segundo buque polar, lo que resulta jumental para afianzar y desarrollar la campaña antártica. Proyectos de largo plazo, como contar con un rompehielos a propulsión nuclear (como tiene Finlandia), bien puede entrar en planes que comiencen a discutirse y prepararse.

La vinculación de las Fuerzas Armadas con los diversos sectores de la vida nacional (universidades, empresas, sindicatos, etc.) debe ser otra política tendente a contribuir a la mejor articulación entre civiles y militares.

Por último, potenciar, desarrollar y poner en valor el progreso intelectual y académico es otra acción relevante. En las últimas tres décadas, el adiestramiento de personal bajo significamente por la falta de presupuesto y el material por la escasa inversión ha quedado en muchos rubros obsoleto. Pero es el campo académico e intelectual donde ha tenido lugar un progreso notorio. Son muchos más los oficiales superiores, jefes y oficiales que no sólo tienen título de grado universitario, sino también posgrado en muchos casos más de uno y no son pocos quienes lo tienen en el exterior. Tanto el Estado como la sociedad deben utilizar esta capacidad.

En conclusión: una reforma militar requiere asumir los fines de las Fuerzas Armadas determinados en la Constitución Nacional y cumplir las misiones fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ello es necesario poner en marcha una decena de acciones posibles, articuladas en función del corto, mediano y largo plazo, para dar una nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas.

El autor es analista político e historiador. Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.