Justicia 2.0

Con el fin de contribuir a una mejor administración de justicia, que tenga como prioridad la igualdad, la eficiencia, la transparencia y la razonabilidad, se destacarán algunas cuestiones que podrían generar un impacto positivo en el sistema de trabajo actual en la Justicia.

En primer lugar, se destaca la necesidad de contar con protocolos de trabajo en cada unidad de trabajo –ya sean Juzgados de primera instancia, Tribunales Orales o Cámaras revisoras-, en los que se detalle específicamente qué tareas debe desempeñar cada uno de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y cuáles son sus responsabilidades concretas en la tarea cotidiana. De esta manera, a través de la formulación de protocolos no sólo se logrará una distribución equitativa del trabajo, sino que también brindará mayor claridad a los roles que desempeña cada uno de los empleados/as, lo que contribuirá a una asignación eficiente de tareas que logrará dinamizar el funcionamiento de las unidades de trabajo en la Justicia.

En materia de recursos humanos debe garantizarse en todos sus niveles (empleados, funcionarios y magistrados ), para ingresar, promover o designación, la perspectiva de género, excluyéndose desde ya del ámbito funcional, los vínculos de parentesco.

Por otra parte, se propone la evaluación periódica de las unidades de trabajo del Poder Judicial de la Nación mediante la medición de su productividad y eficiencia, a través de la observación de variables objetivas comparables, tales como la cantidad de causas ingresadas al tribunal, la cantidad de audiencias realizadas, la cantidad de sentencias dictadas, la cantidad de detenidos a su disposición, sea en prisión preventiva o con condena, el tiempo de duración del proceso, entre otros factores que dependerán de la instancia de que se trate. Esta forma de comparar las distintas dependencias judiciales, a través del análisis de los datos observables, permitirá asignar recursos humanos y materiales más eficientemente, y promoverá una administración de justicia más dinámica.

A su vez, se propone la implementación de un mecanismo de incentivos para promover la capacitación continua y la especialización de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, de manera colaborativa con el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, así como con otros organismos estatales, tales como la AFIP. Así, se promovería el dictado de cursos cortos de especialización en diversas materias, en temas tales como narcotráfico, violencia de género, trata de personas, inseguridad, delitos económicos y contra la administración pública, entre otros, que contribuiría a una mejora en la calidad jurídica del trabajo cotidiano y a un aumento de la eficiencia en la administración de justicia. La interacción con ambos Ministerios Públicos permitirá aprovechar la experiencia de dichos organismos en el dictado de esta clase de cursos de capacitación, a la vez que promoverá una visión más integral de la práctica judicial para los participantes, al vincularse con quienes cumplen roles distintos en el proceso.

En la misma dirección, la capacitación de quienes conforman el Poder Judicial de la Nación podría fomentase mediante la implementación de convenios con diversas universidades nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales, tales como la Corte Penal Internacional, la Organización de Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera, mejoraría el trabajo judicial, pues los magistrados, funcionarios y empleados volcarían a su tarea cotidiana los conocimientos y experiencias adquiridos en el marco de esta clase de programas.

Además, se propone el uso de un lenguaje claro y sencillo, accesible para todas las partes del proceso, incluidos los imputados y las víctimas en el proceso penal.  

Por otra parte, se sugiere la ampliación del horario de atención al público por parte de todo el Poder Judicial de la Nación, comenzando –como es actualmente- a las 7:30 horas y extendiéndose hasta las 19:30 horas. Con tal fin, se propone que los empleados judiciales trabajen en dos turnos de 6 horas cada uno, en consonancia con el sistema de turnos implementado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De esta forma se garantiza el acceso a la justicia , debiéndose prestar especial importancia a la víctima .

Asimismo, se destaca la necesidad de contar con bases de datos unificadas a nivel federal, en las que se consulten pedidos de captura, declaraciones de rebeldías, prohibiciones de salida del país, entre otra información relevante para la toma de decisiones judiciales en los casos concretos.

El acceso a la información es marca registrada de transparencia .

En este sentido, si bien el sistema Lex 100 contribuyó un avance hacia esa centralización de la información, en múltiples casos aún existen dificultades para contar con la información completa al momento de dictar una resolución. Se sugiere que el Poder Judicial de la Nación cuente con bases de datos propias, que no dependan de otros organismos del Estado, tal como el Registro Nacional de Reincidencia, o los registros de reincidencia provinciales.

En la era de las telecomunicaciones, es fundamental la aplicación de la tecnología  en el sistema de la administración de justicia para lograr agilidad, modernidad y lograr así el expediente digital y la comunicación on line de las resoluciones judiciales.

En otro orden de ideas, con el fin de contribuir a la transparencia de la Justicia, se propone modificar el sistema de presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, de manera que coincidan en el contenido y el plazo para su presentación con aquéllas que deben ser presentadas ante la AFIP. De esta manera, se contará con información patrimonial más completa y se simplificará la forma de presentación.

Finalmente, se sugiere la implementación de mecanismos de mejora de la comunicación e interacción entre la justicia civil y comercial y la justicia penal, pues muchas causas judiciales de distinta competencia material se encuentran vinculadas, impactando la solución de una causa de un fuero en el otro. Se toma especialmente en cuenta el caso de los inimputables por estado de incapacidad de culpabilidad por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o la investigación de delitos de naturaleza económica.

En definitiva el objetivo debe ser una justicia más cercana a la sociedad , eficiente , ágil, moderna, transparente e igualitaria, de acceso irrestricto a todos los ciudadanos .

Por Mariano Hernan Borinsky  (Juez Cámara Federal Casacion Penal, Doctor en Derecho Penal UBA, Presidente Reforma CP, Profesor Universitario, Director obra Gestión Judicial Pública) y Pilar Raposeiras (Secretaria Letrada CFCP)