No hace mucho tiempo, Paul Krugman sostuvo que "siempre podemos estar seguros de que los republicanos van a hacer dos cosas: tratar de bajarles los impuestos a los ricos e intentar debilitar el colchón de seguridad para los pobres y la clase media". Lo dijo porque Donald Trump ha promovido la más fuerte reducción de impuestos a los sectores más pudientes.
Si Krugman volcara su mirada sobre el gobierno argentino, acabaría afirmando que Mauricio Macri es el mejor alumno del presidente republicano.
Su pretendida reforma fiscal (tan debatida en estos días) expresa exactamente aquella lógica. Así, mientras reduce cargas fiscales a los sectores empresarios (eliminación de retenciones e impuestos y reducción de aportes patronales) le impone mayores exigencias a los sectores más débiles de la sociedad (limita paritarias para trabajadores y recorta el ingreso de los jubilados).
Argentina afronta un déficit fiscal muy grande. Es cierto que en alguna medida ese déficit existía al tiempo en que inició su gestión este Gobierno, pero también es cierto que la impericia oficial ha permitido que ese déficit se incremente en dos años cerca del 40%.
¿Por qué crece el déficit fiscal? Porque las políticas oficiales que buscan frenar la inflación conteniendo el consumo no han logrado ese objetivo (hoy tenemos la misma inflación que se registraba en diciembre de 2015) y han paralizado la inversión y así la economía toda. La mínima reacción económica observada solo es el resultado de que en este ejercicio (por razones electorales) la obra pública se incrementó el 110 % en relación al año previo.
De esa manera, cayó la recaudación derivada de los impuestos a las ganancias y al consumo (porque se produjo y se vendió menos). Ello, sumado a las reducciones de retenciones, determinó que los ingresos públicos se debiliten.
¿Y que pasa con el gasto? En dos años, sólo se ha puesto fin a gran parte del gasto que subsidiaba servicios. Sin embargo, eso no alcanzó para generar un ahorro genuino. ¿Por qué? Porque lo que antes se destinaba para aliviarle a los usuarios el pago de tarifas de electricidad, gas y agua, hoy se destina a pagar servicios de la deuda. El pago de intereses por los créditos tomados representan el 15 % del presupuesto de 2018 (en 2015 representaban el 6 % del presupuesto). Ahora, los consumidores pagan lo que antes les era subsidiado y a ello suman el pago de impuestos para hacer frente a los intereses de la deuda. Perdieron los ciudadanos.
En conclusión, el déficit se sostiene y crece porque la economía no avanza, los ingresos se estancan y el gasto no se reduce.
En este marco, el Gobierno propicia llevar adelante una medida a la que ampulosamente llama "reforma previsional" pero que en verdad busca no agravar el cuadro fiscal como consecuencia de una decisión que impulsa: auxiliar financieramente a la Provincia de Buenos Aires.
Junto a la "reforma previsional" ha promovido un "Pacto Fiscal". Este acuerdo busca entregar a la provincia de Buenos Aires en los próximos dos años 103.000 millones de pesos y al resto de las provincias 17.000 millones de pesos. En total, entre 2018 y 2019, el Estado Nacional auxiliará a las provincias en 120.000 millones de pesos, de los cuales el 86 % se destinará a la provincia que gobierna María Eugenia Vidal.
¿Por qué las provincias se llevan sólo el 14 % del monto total que resulta del "Pacto Fiscal"? Porque el Gobierno Nacional las necesita involucradas en el Parlamento. Ese es el "costo" que paga para que voten a favor de del "beneficio" para Buenos Aires. Eso hace imperdonable la conducta de los Gobernadores e inadmisible la de los diputados que representan al pueblo de sus provincias.
¿Cómo el Gobierno busca aliviar semejante erogación? Acotando el gasto destinado a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Así se entiende la pretendida "reforma previsional" que busca alterar el "cálculo de actualización" para lograr un ahorro que orillará los 100.000 millones de pesos, una suma similar a la que utilizará el Estado Nacional para auxiliar a la Provincia de Buenos Aires. Es por eso que ambos proyectos ("reforma previsional" y "Pacto Fiscal") deben ser tratados en conjunto. Ello significa que, si los jubilados no ponen la plata, Buenos Aires y las provincias no se llevarán el dinero que buscan.
Siendo así, el ahorro fiscal aducido no existe. Lo que cuesta pagar a la provincia de Buenos Aires es una suma similar a la que dejan de percibir los que están jubilados.
Si el Estado Nacional logra un "ahorro" de 100.000 millones de pesos, quiere decir que un monto semejante dejarán de percibir los jubilados, transformándose así en los "perdedores" de esta maniobra. No puede sacarse otra conclusión, aún cuando algunos oficialistas se han animado a esgrimir argumentaciones muy sofisticadas ("van a ganar menos dinero pero no perderán su poder adquisitivo", se animó a afirmar un delirante diputado).
Los dos proyectos impulsados por el macrismo tienen la misma característica: cargan en los sectores más débiles de la sociedad (jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia social) el peso de sus reformas. Los grandes beneficiarios son los sectores empresarios y sus socios políticos.
En eso Macri se parece a Trump. Una semejanza que sólo debería despertar nuestra mayor preocupación.