La resolución en la que Claudio Bonadio reclama el desafuero y la detención de la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner tiene 369 fojas. La mayoría de ellas se refiere a la cuestión de fondo, que intenta responder una pregunta nodal: ¿la firma del memorándum de entendimiento con Irán, constituye el delito de traición a la patria? Para responderla recorre todos los debates que se dispararon desde que el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia por encubrimiento, días antes de morir: las condenas contra los funcionarios iraníes por el atentado a la AMIA, el cambio de postura de Argentina respecto del tema en el 2010, las sucesivas reuniones secretas entre los diplomáticos argentinos e iraníes, la manera en que se pergeño el acuerdo, el rol de sus principales protagonistas, el descargo de cada uno de ellos.
En todo ese desarrollo, Bonadio concluye en que existen suficientes elementos para considerar "prima facie" que el delito existió. Sin embargo, aclara que su convicción no necesariamente es categórica: es, apenas, una sospecha. Textual: "El Juez que ordena el procesamiento no emite más que un juicio de probabilidad, donde los elementos afirmativos deben ser francamente superiores a los negativos (…) tampoco es preciso que el magistrado haya adquirido certeza de que el delito existe y de que el imputado es culpable. Basta, entonces, con la exigencia de elementos de convicción suficientes para juzgar, en ese momento y provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso".
Más allá de la opinión de cada persona sobre esta causa, y las hay muchas y diversas, está claro que Bonadio es prudente: sospecha que hay un delito pero aclara que no tiene certeza de su existencia. En ese marco, toma especial relevancia la fundamentación que realiza de su dramática decisión de pedir el encarcelamiento de la principal líder de la oposición y de un puñado de sus seguidores. Sus argumentos están desarrollados en 19 de las 365 páginas bajo el título "De la libertad".
Bonadio sostiene que durante la ejecución del delito por el que procesa a los sospechosos, algunos de estos realizaron maniobras para sortear los organismos de control del Estado. De esa manera, concluye que, como mantienen vínculos entre sí, podrían volver a hacerlo. Luego se apoya en la jurisprudencia. En la historia reciente, muchos personas que tuvieron poder fueron detenidas sin que antes mediara una condena. De esos fallos, Bonadio extrae párrafos que le sirven para justificar la decisión que se conoció esta madrugada. Así, desfilan nombres muy conocidos, como Ruben Beraja o María Julia Alsogaray. En esos fallos, y en muchos otros, se sostiene una y otra vez, que no es necesario que los imputados entorpezcan con hechos probados el desarrollo de una causa: basta con que el juez sospeche que podrían eventualmente hacerlo.
Naturalmente, Bonadio cita una resolución reciente de la Sala II de la Cámara Federal que, dadas las circunstancias, comienza a adquirir una relevancia histórica. Allí dice: "… a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal".
En ese sentido, a cualquiera le será difícil rebatir sus argumentos. La jurisprudencia sostiene que basta una sospecha fundada de un juez para que este procese a alguien. Y basta otra sospecha para detenerlo. Si un juez sospecha –o dice que sospecha– que un sospechoso podría entorpecer la causa, está en condiciones de pedir que lo encarcelen sin que demuestre acabadamente que es un criminal que entorpeció la investigación. Bastan sus sospechas. Eso no es nuevo, como se ve en el texto, y no se trata de una convicción personal sino de un consenso dentro del Poder Judicial.
El margen que eso otorga a comportamientos arbitrarios es gigantesco. Tan delicado es el tema que, en los últimos meses ha generado múltiples reacciones que derrumbaron los muros de la famosa grieta. Se supone que los kirchneristas deberían estar en contra de las detenciones y los antikirchneristas a favor. Pero esto no ocurre en este caso.
El Colegio de Abogados está presidido por Guillermo Lipera, un abogado que tuvo una posición durísima respecto del gobierno anterior. A mediados de noviembre, luego de las detenciones de Amado Boudou y Julio De Vido, emitió una declaración donde expresaba su alarma: "Como principio rector rige la libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de la libertad no es un fin en sí mismo sino un medio instrumental y cautelar. La prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal, pues implica una detención sin condena que solo podrá ser admisible si se fundamenta debidamente".
La preocupación se extiende a distintos ámbitos. Dentro del periodismo, por ejemplo, tres de las personas que han planteado reparos han sido los destacados columnistas de la Nación, Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Hugo Alconada. Pagni explicó que con el criterio de Bonadio, funcionarios actuales, como Mauricio Macri, Juan José Aranguren o Luis Caputo podrían ser detenidos. Cuando le preguntaron por qué defendía a los detenidos kirchneristas, Pagni explicó un principio elemental: "Las garantías individuales se inventaron para personas como Amado Boudou, no para la madre Teresa de Calcuta".
En una nota titulada "Los límites de la prisión preventiva", Morales Solá explicó por qué le resultaba arbitraria la detención de Boudou y sospechosa la actitud del juez que la decidió. En la mañana de hoy, Alconada Mon twitteó: "Comodoro Py. Un lugar donde, salvo excepciones, jueces y fiscales son procíclicos. No investigan al funcionario mientras está en el poder. Al contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marchan de la función pública".
Por fuera de todos los debates, la decisión judicial de encarcelar a Cristina Kirchner sin condena previa, genera una situación de hecho, en la cual ya adquirió frecuencia semanal la aparición de jueces que encadenan sus dos sospechas y ninguna certeza acabada para detener destacados personajes que se vinculan a un sector de la oposición.
Uno de los problemas de esa habitualidad es el perfil de los personajes a los que el sistema les concede semejante margen para detener personas, o para concederles la libertad. Hace varias semanas que el libro de no ficción más vendido del país se titula "El libro negro de la Justicia". Su autor es el periodista de Radio Mitre, Gerardo Tato Young. Es un texto genial y tristísimo a la vez, que revela el fracaso de la democracia en la construcción de una justicia federal respetable. Allí desfilan, uno por uno, los señores que, con este sistema, tienen el derecho de decidir sobre la libertad de los otros: entre ellos, Claudio Bonadio. Cualquiera que desee ahorrarse tiempo, debe abrir el libro en el capítulo 27, página 105.
Si a estos jueces sospechosos se les otorga semejante poder, entonces, la pregunta obvia es ¿quién sigue? Bonadio no sospechaba que De Vido podía interferir en la causa por la tragedia de Once cuando estaba en el poder. En cambio, sospecha que Fernando Esteche puede hacerlo ahora, cuando hasta los militantes de su propia agrupación lo trompean y acuchillan en una manifestación sin ser detenidos. ¿Que pasará si un juez decide, por una causa cualquiera, encarcelar a un empresario desconocido y le exige condiciones materiales para liberarlo? Los tantásticos textos de Young y Alconada Món revelan que no se trata de hipótesis abstractas sino de posibilidades muy concretas.
Pero esa pregunta —¿quién sigue?— tiene un alcance muy amplio. Los mismos jueces protegieron al kircherismo y ahora mandan a detener a sus jefes. En el mismo período cierran en tiempo récord causas que involucran a Mauricio Macri y a su jefe de inteligencia. No es necesario ser un genio para deducir cual será el siguiente movimiento del péndulo una vez que estas reglas se establecen en un país: la guillotina, tarde o temprano, corta la cabeza de Roberpierre. ¿Quién sigue? Los empresarios y banqueros que empiezan a desfilar por tribunales, ¿se sentirán tranquilos sabiendo que dependen, apenas, de la simpatía de un juez con antecedentes controvertidos?
Lo más triste es que, en medio de este proceso, se pierde la posibilidad de juzgar como corresponde, en procesos limpios y serenos, la corrupción del gobierno encabezado por Cristina Kirchner. No es necesario ser holandés o suizo para conseguirlo. El derrotero que sigue el juicio por la tragedia de Once demuestra que basta con ser argentino. Se realizó mientras Cristina gobernaba, se condenó a funcionarios pero también a empresarios y en las próximas semanas, si la Cámara de Casación confirma las condenas, nadie podrá argumentar que se cometió alguna arbitrariedad. Un proceso limpio no deja lugar a dudas, arrincona a los culpables, no les deja espacio para victimizarse.
Un debate, finalmente, empieza a instalarse sobre el perfil de la democracia argentina. Hay muy pocos países en el mundo donde líderes de la oposición son detenidos sin condena previa. En los úlitmos años, en Brasil cayó un Gobierno, en Venezuela se cerró el parlamento luego de un baño de sangre, en Estados Unidos se encumbró un personaje enfermizo, España se puso al borde de la secesión, en Honduras se dirimen a tiros los resultados electorales. La Argentina, mientras tanto, se desenvolvía con suma elegancia. ¿Tiene sentido empezar a perderla de esta manera?
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