Desde la semana pasada se celebra en Montevideo el 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se realizaron diversas jornadas donde se trataron varios de los temas de la agenda de derechos humanos en la región.
Las sesiones comenzaron el sábado 21 de octubre con la presentación en sociedad de la nueva unidad temática de la CIDH sobre memoria, verdad y justicia. El objetivo de esta unidad dirigida por el ex preso político brasileño Paulo Vannucchi es atender todo lo referido a crímenes de lesa humanidad, juicios, memoriales públicos de recordación, reparaciones, impunidad, etcétera. Vannucchi asumió recientemente esta posición como comisionado de la Comisión Interamericana y entre sus antecedentes podemos mencionar que es periodista y licenciado en ciencias políticas, que estuvo preso durante cinco años por integrar movimientos de izquierda en Brasil y ha sido director de la Fundación Lula, el think tank del cuestionado ex presidente Lula Da Silva.
Para participar de la sesión había que inscribirse con más de una semana de antelación. Consecuentemente, la Asociación Civil que presido, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que representa a las víctimas del terrorismo de la República Argentina, se inscribió para presentar sus sugerencias para el período 2018-2019 ante la Comisión Interamericana, tal como planteaba la convocatoria. Es que la jornada del 21 de octubre era sumamente importante para definir los próximos lineamientos de la unidad temática en la importante cuestión de memoria, verdad y justicia, que como todos sabemos en Argentina tiene una importancia capital, pese a ser totalmente cooptada como consigna por sectores de la izquierda.
Nuestra asociación nuclea a las víctimas del terrorismo de los 70, es decir, todos aquellos ciudadanos que fueron agredidos salvajemente por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, que hasta el presente no han sido reconocidas en sus derechos humanos por el Estado argentino ni sus victimarios han respondido por los crímenes cometidos.
Las víctimas sufrieron una doble violación de sus derechos humanos. Primero, por parte de los terroristas que las agredieron y han quedado impunes y, luego, por el Estado, que les ha denegado con alevosía esos derechos, pese a reconocérselos arbitrariamente a muchos de sus agresores. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en numerosos fallos establece que los Estados no sólo violan los derechos humanos por acción, sino también por omisión, al no hacer todo lo posible para salvaguardar y proteger tales derechos de su población, lo que en 33 años de democracia no ha ocurrido con ninguno de los gobiernos democráticos, incluido el presente. Pero, pese a esta situación tan violatoria de derechos, la Comisión Interamericana no permitió a CELTYV participar en la sesión del 21 de octubre aduciendo que no había cupo por no haber más plazas disponibles.
Destacamos que CELTYV era la única asociación civil de víctimas del terrorismo de toda la región en presentarse al llamado a audiencia. Ninguna otra asociación similar había solicitado estar presente en esta unidad temática que las incluye y abarca. Pero, pese a ser la única voz en un mar de ONG integradas, en varios casos, por ex terroristas, se impidió el derecho a participar, silenciando la voz de la sociedad civil que es la principal agredida por el terrorismo, aquí y en cualquier parte del mundo.
Agravó esa censura el flamante comisionado Vannucchi, cuando en un tuit dijo: "Estamos aquí por las víctimas de la violencia de Estado y para defender verdad, justicia y reparación". Como si intentase crear las bases de un nuevo derecho internacional, por el cual sólo violan los derechos humanos el Estado o sus agentes, pero si es la población civil la afectada por organizaciones armadas no estatales, estos crímenes no son atendidos, ni reparados, ni alcanzados por el accionar de la Comisión Interamericana.
Se da, así, la situación de que terroristas montoneros o del ERP que sufrieron violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado son protegidos y reparados en las resoluciones de la Comisión Interamericana, pero sus víctimas, asesinadas, secuestradas, heridas incluso durante gobiernos democráticos, no están dentro de la protección de la CIDH, según el comisionado Vannucchi. Por supuesto, que hasta un terrorista tiene derechos humanos y el Estado debe respetárselos, pero la obligación primaria del Estado no es con sus terroristas sino con la población civil a la que estos agreden. Lamentablemente, como todos sabemos, en Argentina y en varios países de Latinoamérica es exactamente lo contrario de lo que sucede.
En resumen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentablemente se ha tornado, con los años, en un ámbito donde el pensamiento único, ideologizado y parcial ha reemplazado el espíritu de los derechos humanos, que es el de abarcar la mayor cantidad de casos, proteger a todos los ciudadanos y no avalar violaciones de derechos humanos sea quien fuere el que las cometiese. También se ha prestado a ser órgano de resonancia de casos que la izquierda defiende encarnizadamente como el de Milagro Sala, que, luego de montar una estructura delictiva paralela al Estado, es defendida como una supuesta presa política, cuando todas las acusaciones son por delitos comunes. O el caso Maldonado, la banalización más escandalosa de una muerte que haya visto el país en años.
Por ello, ante este panorama, en el que el ciudadano común no es escuchado, donde sólo hay oídos y acciones en pro de los organismos de derechos humanos que reclaman derechos humanos que ya se les han reconocido, dado que gozan y han sido reconocidos en todos los derechos que como víctimas de abusos del Estado pudiera corresponderles, recibiendo incluso subsidios estatales de la actual gestión, ha llegado el momento de plantearse si no hay que denunciar un tratado que no representa a todos los ciudadanos, que se mueve con parcialidad, cuyos funcionarios no parecen contar con la sensibilidad suficiente para atender a todos aquellos con los que no comulgan en lo ideológico y que hoy ha perdido gran parte del espíritu con el que fue creado en 1959.
Instamos al Estado argentino, principal responsable de la inequidad que aún sufren las víctimas del terrorismo, a no profundizar las violaciones a los derechos humanos que estas sufren y a plantear una clara posición frente a un organismo supranacional cuyo único objetivo actual es solamente ser contralor del Estado cuando son causas sensibles para la izquierda, mientras el resto de la población subsiste como ciudadanos de segunda.
La autora es abogada, presidente de Celtyv.