Curioso país el nuestro. Al día siguiente a las elecciones legislativas se anunció un aumento en los combustibles por la reciente liberación de los precios defendida por el presidente Mauricio Macri con el embuste de que lo natural es alcanzar los valores internacionales. Pero, a fuerza de encubrimientos, la dirigencia y los medios dejaron de opinar sobre un tema central para la economía del país: la energía. ¿Ignorancia, resignación, complicidad?
El ministro Juan José Aranguren mintió cuando descartó una suba. Sin embargo, Axion (de Bulgheroni y China National Offshore Oil Company), Puma Energy (de Trafigura, de Singapur y la angoleña Sonangol) y Oil (de Cristóbal López) anunciaron un incremento de 11,5% en el precio de venta a los mayoristas (industrias, agro, transportistas) que afecta al minorista. El incremento en los valores de la energía es siempre disparador de la inflación. Es una mentira decir que la Argentina puede tener los mismos costos que los países industriales del norte, porque los salarios que perciben en las naciones desarrolladas son muy superiores a los nuestros y en Estados Unidos el gas vale la mitad que aquí y las naftas, muchísimo menos.
Pero no es la única vez que se engañó a la ciudadanía en materia energética, los tarifazos son una estafa: hoy estamos pagando más de 5 dólares el millón de BTU y seguirán aumentando hasta 7,50 dólares en el 2019. El ministro, ex CEO de Shell, pretendió justificar el aumento tomando como base el precio del gas licuado que sólo es el 11% del consumo del país. El costo real del gas es de 1,90 dólares para el millón de BTU y 2,50 dólares para el shale gas, según los balances que presenta YPF, el mayor productor de gas del país, ante la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Hoy se le cobra al consumidor argentino el gas más caro del mundo: 5,1 dólares por millón de Btu, mientras que en Estados Unidos se paga 2,6 dólares mm/Btu; en México, 2,8 dólares mm/Btu; en Brasil, 4,3 dólares mm/Btu; en Japón, 4,1 dólares mm/Btu.
En cuanto al petróleo, el costo del barril de crudo argentino es de 13 dólares, incluyendo costos laborales y operativos, supervisión, suministros, electricidad, reparaciones y otros gastos incidentales. Pagamos las naftas más caras de América Latina: 1,4 dólares por litro, mientras que en Chile cuesta 1,1 dólares; en Brasil, 1,06 dólares; en Paraguay, 0,98 dólares; en Bolivia, 0,52 dólares; en Colombia, 0,74 dólares. No somos originales solamente en esto: Argentina es el único país del mundo que, a pesar de los aumentos que se hicieron desde el 2010, la producción petrolera bajó mientras el precio aumentaba. Producíamos una media de 200 millones de barriles al año y en el 2015 se extrajeron apenas 175 millones. Una política que hoy permite a las refinadoras importar crudo libremente, lo que acentúa el cierre de cientos de pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz. El resultado fue sumar más despidos a los seis mil trabajadores que se echaron en el transcurso del 2016.
Deben admitir que, si hay un fracaso de la política privatizadora de las últimas décadas, es la energética. Al remate irresponsable de los activos petroleros que hizo Carlos Menem les siguieron la transferencia a las provincias de los recursos del subsuelo, las nuevas concesiones y prórrogas que Néstor y Cristina otorgaron por 20 y 35 años, los aumentos del barril de crudo a 80 dólares y del gas shale a 7,50 dólares por el ex ministro Julio de Vido. Lejos de multiplicar las reservas que tenía YPF, vaciaron los pozos sin reponerlas. Las provincias petroleras están endeudadas y siguen pobres. Se perdió el autoabastecimiento y la soberanía energética, que supo ser política de Estado desde el gobierno de Yrigoyen y tuvo como objetivo garantizar el autoabastecimiento y producir energía barata. Lo más patético del embuste es que, a pesar de una privatización que le costó al país miles de millones de dólares, el Gobierno insiste en beneficiar a las petroleras con subsidios y ganancias millonarias.
La política petrolera de Cambiemos sigue siendo la continuidad de los proyectos de Menem y los Kirchner: priorizar el desarrollo de las energías fósiles y de Vaca Muerta, construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y las centrales atómicas que harán los chinos en la Patagonia. Lo que hay en la Argentina es saqueo y transferencia de la renta petrolera a favor de las corporaciones. El país no tiene destino si no deja la política de endeudamiento, recupera la renta petrolera y la reinvierte en el cambio de nuestra matriz energética: el 90% se produce con energías fósiles que son las más contaminantes.
Necesitamos honrar los compromisos tomados ante el mundo en la COP 21 y diseñar el cambio de las energías fósiles por las renovables. Nosotros demostramos, con nuestro proyecto de ley "100% de electricidad con energías renovables en el 2050", que es posible lograrlo. Los grandes países industriales se preparan para reducir sensiblemente el consumo de las energías fósiles a partir del 2020, y dejarán de fabricar transportes y automóviles a combustión. A contramano de lo que firmó, el Gobierno proyecta priorizar el desarrollo de gas y petróleo no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta, con el contaminante sistema de fracking. Piensan invertir 10 mil millones de dólares anuales en Vaca Muerta y para las energías renovables sólo 1500 millones de dólares por año. Si se invirtiera en ellas lo previsto para Vaca Muerta, se podrían instalar 10 mil megawatts al año, equivalente a un tercio de la generación eléctrica nacional.
Cambiemos hace lo mismo que le criticaba a Cristina Kirchner, pero lo hace con modales engañosos y cuenta con el apoyo colosal de los grandes medios. La libertad de opinión, la pluralidad han sido reemplazadas por la uniformidad y la impostura: una cultura de la hipocresía que lo soborna y compra todo. En vez de obligar a nuestros consumidores a pagar la tarifa internacional de energía y combustibles, como sugiere el Presidente, ¿no sería más justo y razonable ajustar salarios a los niveles internacionales?