A primera vista el planteo catalán suena totalmente justo, en especial para los oídos domesticados por la corrección política del gramscismo educativo y periodístico: los pueblos tienen derecho a elegir su futuro. Nadie se animaría a contradecir semejante aserto, mucho menos si se le agrega en alguna parte la palabra "democracia", como hizo el Barcelona FC en el cartel que colocara en su tribuna vacía, buscando quién sabe qué perdón por vaya a saber qué clase de trapisondas.
A eso se le agrega la protesta sistemática y añejada de que Cataluña aporta al resto de España mucho más que lo que recibe de ella. Otro argumento que seguramente logrará una instantánea adhesión de cualquier desprevenido, en especial si el desprevenido es una víctima del sistema de distribución de la riqueza que los gobiernos modernos, para no llamarlos populistas, aplican en buena parte del planeta.
También hay un argumento más potente para una parte de los catalanes, nunca se sabrá si mayoritaria o no, que se considera superior al resto de España en su cultura, finura y educación, si no ya al mundo entero.
La simplificación de las masas hace que estos argumentos se tomen internacionalmente como bandera y como una verdad irrefutable, cuando en realidad son espejismos, fáciles frases hechas, axiomas, groseras simplificaciones efectistas. Pero tiene sentido refutar esas aparentes verdades antes de continuar más a fondo.
Cuando se organizan como nación, las provincias, los estados, las regiones o como se les llame ceden para siempre su soberanía en aras de conformar un ente superior, más poderoso, más trascendente y de mayor peso e influencia en todo sentido: en la defensa, en el comercio, en el peso geopolítico. Ese pacto no es un tratado de libre comercio, ni siquiera una unión como la europea. No admite retroceso, la integración total no es renunciable, la continuidad no es opcional. Una vez formada esa nación y votada su Constitución, sólo la voluntad de todo el pueblo puede cambiar cualquier aspecto de esa Constitución. Y ese pueblo es uno solo, no una suma de pueblos. Por eso, Estados Unidos tuvo su tremenda guerra civil, por eso es pueril e irresponsable que un gobernante como Carles Puigdemont realice un referéndum que no está en condiciones de imponer a nadie. Para colmo, con un mecanismo casero e improvisado, con el que no se elegiría ni al presidente de un consorcio.
Los pueblos tienen derecho a elegir su futuro, obviamente. Pero el colectivo de pueblo no es el pueblo de Cataluña, es el pueblo de España todo. Y ese es el pueblo que tiene derecho a elegir su futuro por votos. Sostener lo contrario sería como modificar la Constitución antes de haberse aprobado su modificación, una ensoñación jurídica extravagante e inconducente digna de Gaudí.
Por eso fue un fiscal español el que, con la Constitución y el Código Penal en la mano, ordenó a la guardia civil que impidiera la rebelión catalana, un delito penado con 15 a 25 años de cárcel. La represión es el comienzo de otras represiones al que el Govern someterá a su pueblo, ya que el presidente del Gobierno español no tiene otro remedio que hacer lo que hace.
Viene el turno del argumento sobre lo que Cataluña aporta y recibe del resto de España. Supongamos que esa relación fuera muy injusta. El camino del derecho no es la secesión, el independentismo o el soberanismo, como se le quiera llamar. También debería ser fruto de un acuerdo de todo el pueblo español. Surge naturalmente el fácil ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora María Eugenia Vidal ha elegido resolver por medio de la Justicia, no por la vía de la secesión, seguramente por su poca predisposición al género payasesco. Todo esto sin abrir juicio sobre lo justo o no de los sistemas de coparticipación, impositivos o de redistribución.
Para advertir la ridiculez de la idea, es fácil ver que un porcentaje muy alto de españoles, vascos, gallegos, catalanes, andaluces, puede sentir lo mismo de Cataluña: que su aporte al país es mucho mayor que lo que recibe a cambio y que el que hacen los demás. Siguiendo con la idea de que el pueblo tiene derecho a ejercer su soberanía y a elegir su destino, cada uno de esos ciudadanos de cada provincia tendría igual derecho a segregarse, una secesión virtual, un país formado por una cierta cantidad de habitantes de cada región, España A, integrada por los que producen, España B, integrada por los que no producen, para simplificar. Por mucho que nos atraiga la idea en los momentos de rabia, tal formato no existe dentro del marco jurídico ni del derecho. Los parangones locales son obvios.
El gran periodismo gráfico español, de una factura y un nivel que no se encuentra en otros periodismos, se muestra muy preocupado por este empecinamiento asnal separatista. Muchos recuerdan el precio de su guerra civil, fruto justamente del odio que parece ahora ser el motor más poderoso del independentismo catalán.
No faltan quienes recuerdan la argucia de Lenin para desmembrar el poder zarista: el reclamo de autodeterminación de los pueblos que terminó disgregando el imperio y dejándolo inerme y sin poder en las manos bolcheviques. Autodeterminación que luego ignoró rampantemente, una vez tomado el mando. Esta apelación populista y sensiblera al derecho de los pueblos a elegir su destino rompiendo su Constitución les recuerda aquel momento crucial en que surgió la Unión Soviética. No es una analogía sin asidero. La ola de separatismo tiene demasiadas conexiones y denominadores comunes. Desde el inexplicable Brexit hasta el extremismo nacionalista húngaro y polaco, o el crecimiento desaforado del AfD, ahora el secesionismo kurdo, tras la disección de Siria, donde Rusia ocupó un papel central. La misma Rusia que metió la cuña Trump en Estados Unidos. Los movimientos nacionalistas y los populistas suelen terminar entregándole el poder en bandeja a la izquierda.
Algunos conectan esta casi deliberada irreflexión que lleva al desmembramiento europeo con la línea Castro-Chávez-Maduro-Cristina, que tiene mucha presencia activa en Barcelona, que también controla las organizaciones de derechos humanos que se han encajado como cuñas en los organismos burocráticos internacionales y hasta agregan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al islamismo saudita, recordando la ambición pendiente del califato que sobrevuela como una maldición sobre el Viejo Continente. Y es llamativa la similitud del discurso catalán con el discurso mapuche, con el mismo grado de desprecio por el derecho, la Constitución y la integridad nacional.
También España ha empezado a pagar costos financieros y bursátiles importantes por esta necedad y seguramente tendrá dificultades para mantener su grado inversor de continuarse en tamaña incertidumbre, además de la pérdida de energías y entusiasmo empresario que se sobreentiende.
En medio de este triste momento, hay quienes sostienen que Mariano Rajoy debe negociar. Así lo han expresado la Comisión Europea y varios organismos y países. Cabe la pregunta de qué es lo que se supone que debe negociar España con Cataluña. Suponiendo que Cataluña quiera negociar algo. Nada puede ser negociado, salvo un plebiscito a nivel nacional que jamás será aceptado por los secesionistas y que jamás se hará.
Dentro del paquete argumental, se acusa al Gobierno español de haber ninguneado deliberadamente a todas las regionalidades, como si la suma de todas las regionalidades no fuera en definitiva España misma. También dentro de ese mismo paquete se pretende que la Unión Europea doble la mano de Rajoy, otra habitualidad del disgregacionismo de las naciones.
A todo esto, no debería darse por descontado que el sector productivo catalán está de lado de la secesión, mal llamada independencia, en otro relato gramsciano. Nada le convendría menos que salir de España y de Europa.
El discurso del rey Felipe VI es una admonición severa a los irresponsables sediciosos catalanes que han llevado a España al borde del desastre. Y también un llamamiento al presidente Rajoy para que defienda con toda contundencia la unidad de la nación, lo que no admite titubeos ni concesiones de ninguna naturaleza. Un discurso a la altura del que pronunciara en otras horas dramáticas su padre, cuando usaba sus atributos personales para guiar a su patria a la unidad indisoluble.
El secesionismo se analizaba hasta ahora como un fenómeno espontáneo de los pueblos cansados de las migraciones, la falta de trabajo, la globalización, el enojo contra los políticos, los ajustes constantes, y hasta se ponderaba a veces como una muestra de la recuperación del poder de decisión de la sociedad sobre su destino. Habrá que empezar a preguntarse si no hay una constante, un mismo discurso, un mismo relato, una línea conductora que une estas aventuras separatistas que tiene un objetivo común: el debilitamiento y la disgregación de los países relevantes, y en especial de Europa y en un paso posterior Turquía. En América, el indigenismo es el equivalente al secesionismo europeo, con igual efecto potencial.
El deliberado ataque sobre Rajoy, al que se acusa de débil si negocia y de represor si cumple simplemente la orden de un fiscal de impedir el referéndum por constituir un delito, es sintomático. No sólo los países que se separen o traten de hacerlo sufrirán inútilmente, sino que todo el sistema padecerá las consecuencias. A esto se le llama "el derecho de la autodeterminación de los pueblos".
Cataluña es solamente el idiota útil de turno. España, la puerta de la disgregación de Europa.