El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Claudio Bonadío que cite a prestar declaración indagatoria a Cristina Kirchner y a otras seis personas por encubrir a Irán en el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.
En su extenso y muy fundamentado dictamen, el fiscal considera que está probado que el pacto con Irán tuvo su génesis en la reunión que mantuvo el entonces canciller argentino Héctor Timerman con su par iraní Ali Akbar Salehi en la ciudad siria de Aleppo. Recordemos que quien reveló dicha reunión fue el brillante periodista Pepe Eliaschev, quien sufrió por ese ejercicio de su insobornable papel de periodista todo tipo de escarnios por parte de los jerarcas del kirchnerismo, quienes, como era de esperar, desmintieron el encuentro.
También sostiene que, como parte del acuerdo, hubo un plan criminal para hacer caer los pedidos de captura de Interpol contra los acusados de volar la sede de la AMIA.
Pollicita confirma así las hipótesis del fiscal Alberto Nisman en la denuncia que presentara horas antes de aparecer muerto en su departamento, en lo que todo indica que se trató de un homicidio. El fiscal y su equipo analizaron numerosos audios que vinculan, entre otros, a Luis D'Elía con esa operación, mediante diálogos con allegados al régimen iraní que mantuvo desde la misma Casa Rosada.
¿Qué extraño extravío llevó a Cristina Fernández de Kirchner a embarcarse en esa aventura destinada a favorecer a quienes la Justicia argentina tenía como autores del gravísimo atentado? ¿Qué pasó en el camino, si su propio marido, cuando había sido presidente y ella misma hasta poco antes, habían defendido en foros internacionales la tesis de la responsabilidad iraní? Se han hecho muchas suposiciones. Desde la que pone el acento en ciertas ventajas económicas hasta las que encuentran la clave en un giro geopolítico orientado por Hugo Chávez en el marco de un alineamiento con los países populistas de la región y con Irán.
Son meras conjeturas, muy importantes para el análisis político e histórico. Sin embargo, a los fines de la responsabilidad penal, resultan irrelevantes. El encubrimiento del crimen es un delito aberrante cualesquiera sean los motivos que lo impulsaron.
Cuesta creer que personajes marginales como D'Elía hayan manejado extraoficialmente la política exterior argentina. Nuestro país se había aliado al más retrógrado autoritarismo, a regímenes antisemitas y a líderes violentos. Todo, claro, en nombre de los derechos humanos.
Los estertores de estos días bien pueden vincularse al intento desesperado de tapar con ruido y furia la manifiesta responsabilidad de Cristina Kirchner y su círculo más cercano. Todas las caretas van cayendo mientras la Argentina practica un giro revolucionario: el que nos lleve a ser simplemente un país normal.