La inseguridad atraviesa a todos los sectores sociales, pero es percibida en el imaginario colectivo de distinta manera en cuanto a quiénes la generan y quiénes la padecen.
Es común escuchar entre familiares, amigos, vecinos, funcionarios y hasta "especialistas en seguridad" que los delincuentes viven mayoritariamente en las villas y que quien padece la inseguridad es el resto de la población.
Una noticia que ilustró que no es tan cierto ese imaginario, al menos en cuanto a la jerarquía de los delincuentes, fue el arresto del narco peruano Marco Antonio Estrada González, señalado como el capo de la venta de droga de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, quien vivía en el barrio cerrado Parque la Celia, en Ezeiza. Entonces, me llamó la atención la poca difusión que tuvo que Marco tuviera un conspicuo vecino: el intendente de esa misma localidad y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados.
En ese contexto, con la necesidad de que se visibilice la inseguridad que viven los habitantes de barrios y villas del Conurbano bonaerense, comienzo a escribir esta columna para responder al pedido de ayuda de muchas madres que, en los últimos tiempos, se me acercaron, desesperadas por la situación de sus hijos, amenazadas por narcos y hasta con sus casas incendiadas. Claro que no todas las villas y los barrios marginados son iguales, pero, en general, me atrevo a afirmar que en la mayoría su población no está vinculada con el delito. Sin embargo, una minoría que sí reside allí ha venido copando el territorio, imponiendo sus reglas y muchas veces sustituyendo al mismo Estado en la prestación de algunas asistencias. Esto es terrible y merece la urgente atención del Estado, quien sigue sin garantizar derechos básicos y profundiza la crisis social con sus medidas económicas. Así, quienes se animan a denunciar lo que sucede reciben como respuesta represalias por la connivencia entre el narcotráfico y la Policía.
En estas poblaciones los adolescentes que atraviesan los típicos problemas de su edad no tienen la posibilidad de irse a vivir a casa de un pariente y suelen convivir en las llamadas ranchadas, uno de los principales centros de captación de quienes distribuyen las drogas. La oferta es tentadora en esas condiciones: de 350 a 600 pesos diarios por oficiar de soldaditos o mirillas, y pertrechados con pistolas 45 y chalecos antibalas que mayoritariamente provee la misma Policía.
La situación social es tan grave que algunas mujeres, en la desesperación para alimentar a sus familias, caen en esas redes. Una de ellas, con ocho hijos, me contó que empezó a "trabajar" en un "taller de carteras", así le exigían que llamara al lugar donde armaba papelitos de cocaína, pasta base o babullos de porro. La tarea era de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y cobraba 1700 pesos semanales. Luego le pidieron que hiciera algunas veces de "mula" y, cuando quiso abandonar, comenzaron las amenazas de muerte para sus hijos, algo que en dichos ámbitos no es una mera bravuconada.
Aun cuando estos hechos se extienden, insisto en que no incluyen a la mayoría de los vecinos y, a su vez, en dichos barrios o villas la tasa de homicidios es más alta que en los sectores medios, sólo que cambia el móvil o la circunstancia. No es el típico robo de automotor el que dispara la violencia, sino que son desde meras diferencias vecinales (ahí no hay centros de mediación de conflictos): riñas, ajustes de cuentas o disputas de las bandas delictivas que se cobran las vidas de niños y otros vecinos.
Paradójicamente, los vecinos que son sospechados de delincuentes por el mero hecho de vivir en estos lugares son los que más padecen la inseguridad. Cuando caen al servicio del narcotráfico y quieren salir, los matan, les queman sus casas, lastiman a los jóvenes. Allí la seguridad no existe. Ni la visibilización de su reclamo.
El autor es secretario general de Libres del Sur.