La erosión de la democracia venezolana ha llegado a un punto insostenible. Así lo reconoce una declaración de 14 países relevantes del hemisferio que reclama la liberación de los presos políticos, la legitimación de las decisiones del Parlamento de Venezuela y un urgente llamado para que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones ya propuestas por el Gobierno venezolano (la de gobernadores prevista para diciembre del año pasado fueron aplazadas). Esos mismos países, más Belice, en agosto del 2016 efectuaron un pronunciamiento en apoyo a la recuperación democrática.
El fuerte impulso para que el Gobierno en Caracas no siga en la deriva autoritaria, iniciado por la Argentina, a partir de diciembre del 2015, en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, ha logrado sumar a siete países sudamericanos. Un número que refleja con claridad el grado de aislamiento que enfrenta Venezuela en la región, ya que incluye a la mayoría de los miembros de Unasur. Sólo Bolivia y Ecuador, por su pertenencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y Guyana y Surinam, en el marco de indefiniciones de la Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés), se han mantenido al margen.
La declaración de los 14 países en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no incluye en esta oportunidad a Belice por presidir el Consejo Permanente de la OEA, es un paso importante en la buena dirección, ya que intenta que la diplomacia tenga aún una última oportunidad para evitar que Venezuela sufra males mayores. También impedir que medidas más extremas repercutan negativamente en la gravísima crisis económica y social. Sin embargo, no se descarta que las iniciativas del secretario general de la OEA presentadas en un informe de 75 páginas, que incluye la suspensión de Venezuela de la OEA conforme a la Carta Democrática Interamericana, sea una opción a futuro.
Sería deseable que las declaraciones de los 14 se convirtiera en una resolución de la OEA (se necesita el apoyo de al menos 18 países para debatir el texto y someterlo a votación). Es de esperar que el Caricom, como lo ha hecho Belice, se sume a la mayoría de los países que integran la OEA. Es desilusionante que el suministro preferencial del petróleo venezolano a muchos países del Caribe pueda ser el motivo de que ese bloque se aleje del esfuerzo diplomático para que Venezuela recupere el orden democrático y restablezca la independencia de poderes y el Estado de derecho.
Es de esperar que el Gobierno de Nicolás Maduro también recapacite y sepa recoger la toalla para, tras los importantes esfuerzos de la Santa Sede, intentar una nueva fase de negociación que, primero, restablezca el diálogo y, segundo, las bases de una democracia plena. Las circunstancias no pueden ser más apremiantes ante el serio agravamiento de las condiciones humanitarias de la población por falta de alimentos, medicinas y la denuncia de organizaciones civiles de un aumento de la persecución política.
La violación sistemática de los valores y los principios democráticos en Venezuela debe cesar. La OEA es el órgano apropiado para atender en la grave situación venezolana y contribuir a encontrar los medios para promover la pacificación del país. Es de esperar que el Consejo Permanente de la OEA, de conformidad con los artículos 110 de la Carta de la Organización y 20 de la Carta Democrática Interamericana, pueda impulsar ese proceso a la brevedad.