La declaración de emergencia nacional en adicciones hasta fines del 2018 representa todo un gesto político del presidente Mauricio Macri. La emergencia no es una advertencia nueva para quienes todos los días, desde hace más de diez años, libran una batalla desigual para ganarles los pibes a las drogas. No es un mensaje para las parroquias, no es un mensaje para las organizaciones sociales, no es un mensaje para las madres ni los familiares. La emergencia quizás tiene más que ver con un sacudón a tanta apatía social frente al tema, con una sociedad que se conmueve instantáneamente con la fiesta electrónica de Costa Salguero, pero que ignora las muertes cotidianas por el paco en tantas barriadas vulnerables del Conurbano, Rosario, Córdoba o Tucumán, por citar ejemplos. Bienvenido sea el alerta.
Pero más allá del claro qué (y de las señales y los metamensajes hacia la Iglesia, que retomaré luego), al decreto presidencial 1249/2016 le faltó el cómo y el cuánto.
En lo estrictamente institucional, para que exista un cómo es fundamental retomar la concepción de integralidad en la política pública sobre drogas, esa que comenzó a perderse durante el doble comando, entre 2006 y 2011, que se formalizó en 2014, cuando un área de análisis técnico de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, y que terminó de concretarse a comienzos de este año con la migración del Registro Nacional de Precursores Químicos a esa misma cartera.
Hoy, la Sedronar quedó circunscrita a actividades de prevención y asistencia. Un ente sin sentido, con funciones superpuestas con otras áreas y sin el más mínimo peso institucional. La única manera de que ejerza su papel de órgano coordinador del decreto de emergencia es devolviéndole sus originarias atribuciones rectoras sobre las políticas de reducción de la oferta y de la demanda de drogas, y que el secretario de Estado (rango ministerial) reporte de forma directa al Presidente de la Nación (y no al Ministerio de Desarrollo Social, tal como sucedió durante todo el 2016). Es algo que no reviste discusión alguna.
El cómo también refiere a la necesidad de establecer herramientas precisas de abordaje. El decreto debería reflotar el plan estratégico de drogas elaborado por quienes trabajamos durante dos años bajo Fundación Pensar, con un equipo de expertos convocados a tal efecto. Esta plataforma rectora, que partía de la premisa de jerarquizar nuevamente a la Secretaría devolviéndole el lustre perdido, federalizando su abordaje y optimizando su funcionamiento, nunca logró aplicarse de forma integral, y terminó diluyéndose a la par de una concatenación de inoperancias e irregularidades por parte de las actuales autoridades del organismo.
El segundo aspecto, que refiere al financiamiento, exigiría especificar claramente los recursos económicos a afectar a esta declaratoria de emergencia. Si bien puede inferirse que la reciente reasignación de 170 millones de pesos adicionales para el presupuesto 2017 de la Sedronar tuvo que ver con este decreto, es necesario determinarlo claramente. No obstante, no menos cierto es que un presupuesto central de 909 millones de pesos parece a priori una partida insuficiente para apagar un incendio que no se inició precisamente este año, y que es el resultado de problemáticas muchísimo más complejas que se arrastran desde la crisis del 2001.
De todas formas, cabe aclarar que, por ser una problemática transversal, es de suponer que dentro de las partidas de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional existen créditos asignados a la reducción de la demanda (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, etcétera) y a la reducción de la oferta (Ministerio de Seguridad). En igual sentido, cabe preguntarse cuál será la reacción de cada gobernador ante la emergencia decretada. ¿Elevarán de rango las dependencias provinciales que entienden en la temática, dotándolas de recursos y de presupuestos acordes, o mirarán hacia el costado, a la espera de que el Estado nacional resuelva por sí solo el problema?
Por último, cabe detenerse en el entre líneas del decreto. Para el sacerdote Carlos Olivero (cura villero cercano al titular de la Sedronar): "El hecho de que el Presidente haya promulgado el decreto es una buena noticia. Aun así, hay algunos indicios que nos llevan a creer que se trata más de una respuesta política que de un reconocimiento real, que el Gobierno está más preocupado por llevarse bien con la Iglesia que por cuidar a los jóvenes". Entre otras cosas, el coordinador del Hogar de Cristo en la villa 21-24 cuestiona la no participación de Roberto Moro en las reuniones de gabinete con Macri, o que no haya sido invitado al reciente "retiro" del equipo de Gobierno en Chapadmalal. "Esas omisiones ponen de manifiesto la poca importancia que le da al tema el Gobierno nacional", sostiene en una reciente entrevista del portal Tierras de América.
Saldando la explicación acerca de la actual debilidad institucional de la Sedronar, que claramente dificultará el cómo, resulta cuanto menos extraño (y precoz) el cuestionamiento de Olivero, integrante de la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de Acción Pastoral sobre Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina.
Primero, porque el decreto presidencial significa una inmediata y positiva reacción al documento "Ni un pibe menos por la droga", elaborado por la Pastoral durante el encuentro nacional del mes pasado. Es claro que una declaración de emergencia en sí misma no alcanza, que se necesita compromiso político sostenido, involucramiento de todos los niveles del Estado y una activa participación social. Pero afirmar que el Gobierno nacional carece de preocupación por cuidar a los jóvenes o de enfrentar al narcotráfico es poco menos que temerario.
Segundo, porque a comienzos de diciembre de 2015 fue el mismísimo arzobispo Mario Poli quien arbitró los medios necesarios para que Moro ocupara el cargo sin dueño en el nuevo Gobierno de Cambiemos. La gestión del purpurado garantizó la continuidad de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, programa que lanzó el cura Juan Carlos Molina durante su paso por la Sedronar y que desde septiembre del 2014 hasta la fecha destina mensualmente cientos de miles de pesos al arduo trabajo de los curas villeros y de tantas otras organizaciones de base como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (alineada con el asesor papal Juan Grabois). La designación a último momento de un peronista pampeano sin militancia macrista y de pobre trayectoria durante sus ocho años de gestión en la Subsecretaría de Adicciones provincial no tiene nada de indicio sino de pura y llana evidencia.