La autora es fiscal general, ex vice presidente de la AFFUN y co-redactora de la primera ley de Ministerio Público Fiscal
Este último lunes se aprobó el tratamiento de la reforma de la ley de Ministerio Público en la cámara de Diputados. El argumento es "mejorar las instituciones de la Justicia, en las que el Ministerio Público Fiscal ocupa junto al Poder Judicial y a la Defensoría General una tríada"
Bajo este argumento legislativo, no se les informa a los ciudadanos que existen grandes riesgos de retroceder en la independencia de cada uno de los fiscales. La independencia de un fiscal no es menor, porque no es un privilegio sino un derecho de cada uno de los ciudadanos, que deben saber que cuando tenga un caso de robo con armas, homicidio culposo, femicidio, abuso sexual, secuestro o cualquier otro delito, ese fiscal no actuará por lo que le digiten políticos de una comisión bicameral legislativa, sino conforme a la ley.
Nelida Sérpico no fue al Congreso a pedir ayuda por el homicidio de su hijo; fue una fiscal la que la convoco y le creyó. Los jóvenes recientemente torturados por algunos miembros de Prefectura que deben garantizar la ley y el orden no fueron a los legisladores: fueron a un fiscal que los escuchó y actuó. Lo mismo los familiares de Mariano Ferreyra: acudieron a una fiscal. Algunos vecinos de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, cansados del narcotráfico no fueron a ver a las comisarías de la zona, sino que buscaron a dos fiscales. La familia de Walter Bulacio no fue a ver a la ex presidente, sino a un fiscal. Los ejemplos, en este sentido, abundan.
En todos los casos, a estos fiscales no les importó quiénes eran los autores del delito ni la Procuración, sino las víctimas y pudieron actuar independientemente en lo interno con respecto a la Procuración y en lo externo sin dejarse injerir por el Poder Ejecutivo de turno. Ni hablar de las causas de corrupción, en las que siempre muchos políticos de turno denuncian al fiscal como primera maniobra. De avanzar con este proyecto, los gobernantes deben saber que, al igual que en muchas procuraciones provinciales en las que el peso de un intendente o un gobernador deciden el curso de una investigación, como el caso de Marita Verón, esta independencia no existirá más.
Tengo muchos años en lo que es mi vocación, y aunque canse la historia, esta no debe ser fragmentada. Se luchó mucho por separar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo de turno, para no aceptar traslados a jurisdicciones para las que el Senado no dio acuerdo, para no digitar causas según la conveniencia, para no utilizar sumarios para atacar a colegas por su trabajo.
Así, en el año 1994, por oposición y oficialismo por primera vez se dio un capítulo único en la Constitución, nada más y nada menos. Constitucionalistas de la talla de Germán Bidart Campos, Néstor Sagués o Alberto Spota celebraron este gran paso en la democracia. Se venía de poner y sacar fiscales y causas según el gusto de la política de turno. Luego salió una ley, perfectible como cualquier otra, pero lo cierto es que desde aquel 1996 hasta hoy ningún gobierno, ni ningún parlamento se atrevió a dinamitar una institución emblema en la región porque no les gusta la procuradora que está al frente de la misma.
El anterior gobierno eyectó a un procurador y denigró al fiscal Carlos Rívolo porque no le gustó que este último imputara a Amado Boudou. Nuestras voces se hicieron sentir y ni siquiera se atrevieron a lo que hoy tiene tratamiento, con la adhesión del Frente Renovador, algo en lo que muchos diputados no están de acuerdo, porque son republicanos. El poder político de turno siempre busca incidir y controlar a los fiscales. Es cierto que hay años de duración en los mandatos de los procuradores provinciales, pero se oculta lo que se hace para que algunos gobernadores tengan al procurador que les resulte más manejable, para elegir a un procurador a dedo. Así se debilita una institución que debe estar fuera de la política partidaria.
Entonces, si se quiere mejorar a la Procuración, ¿por qué no hay una ley de reforma de la Defensoría General y otra del Poder Judicial? Si se desea acortar el mandato de la cabeza de la Procuración, ¿por qué no existe lo mismo para la Corte Suprema y la Defensoría General?
Se interfiere en la designación de fiscales por encima de la Constitución: cada fiscal llegará no por méritos sino que lo hará aquel que tenga contactos y esté auspiciado por el partido mayoritario.
Propongo pensarlo en términos del caso de Lucía Pérez, ponerse en el lugar de sus padres, con uno de los imputados siendo el hijo de un destacado escribano de la ciudad de Mar del Plata. Supongamos que esta comisión bicameral crea una unidad de delitos de género y coloca ahí a un fiscal a dedo, al que obviamente el padre del imputado podrá llegar. O que una investigación por corrupción la digite una comisión de políticos y la asigne a quien le conviene o la negocie, a cambio de una ley.
Por último, se quitan equipos especiales en temas de género como la unidad fiscal UFEM, a cargo de la doctora Mariela Labozzetta, demostrando que no se trató de un olvido sino de una decisión política grave, cuando vemos que los femicidios aumentan. No hace falta mencionar, por otra parte, que se olvidaron de las unidades de control de armas en el mercado negro, armas que luego protagonizan los delitos que los ciudadanos padecen, o la unidad dedicada a los problemas violentos en el fútbol.
No ignoro que no se la quiera a la actual procuradora general, pues bien, son gajes de la política, pero si no la quieren, al menos sean respetuosos de la Constitución Nacional: que sea destituida por un juicio político, como lo marca la Constitución. Que no se destruya a una institución que después de la de Brasil y la de Italia es la de mejor diseño institucional. De la misma manera que defendimos que eso no suceda con el proyecto Barra-Agüero-Iturbe, muy parecido a éste, con el proyecto de nombrar y echar fiscales, nos encontrarán unidos, porque el ciudadano no es tonto.