La mitad de los niños argentinos vive en situación de pobreza. La cifra que evidenciaron los cálculos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) a partir del informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), luego de tres años de ausencia de datos oficiales, es alarmante. Sin embargo, contar con información actualizada sobre la pobreza en la infancia constituye un gran avance que nos permite centrar la discusión en cómo resolver esta compleja problemática.
El diagnóstico no es nuevo ni específico de nuestro país: el fenómeno de infantilización de la pobreza, caracterizado por niveles de pobreza más elevados en la infancia que en la población general, atraviesa a toda Latinoamérica y se verifica también en otras formas posibles de medición, que van más allá de los ingresos. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del censo de 2010, el 20,5% de los niños hasta 14 años vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas, frente al 9,7% de la población de 15 o más. Los datos también muestran que la pobreza afecta con mayor fuerza a los niños en su primera infancia. Según un estudio realizado por Unicef (2016), en 2015 el 34,4% de los niños de entre 0 y 5 años se encontraba en una situación multidimensional de pobreza, frente al 31,7% de los niños de 0 a 17 años.
Revertir esta tendencia de infantilización de la pobreza es un desafío complejo pero urgente. Las múltiples necesidades que atraviesan las familias con niños hacen necesaria la promoción de abordajes integrales que ayuden a brindarles el apoyo necesario. Esto implica atender las causas estructurales con una estrategia que incluya tres pilares: 1) la garantía de un ingreso básico, 2) el acceso a servicios de educación y salud sexual y reproductiva de calidad para que todos los embarazos sean intencionales, y 3) la garantía de servicios de educación y cuidado de alta calidad.
El desarrollo de las políticas específicas que constituirán estos tres pilares puede promoverse a partir de la designación del defensor del niño, cuyo rango de secretario de Estado le otorga al papel un alto nivel de independencia y autonomía. De acuerdo con la ley 26061, esta figura debe "velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales correspondientes". Hoy, a más de diez años de la sanción de esta ley, el cargo sigue vacante.
La designación del defensor es materia de profundo interés y preocupación de diversas organizaciones vinculadas con la niñez y los derechos humanos. A pesar de que se realizaron avances recientes en la conformación de la comisión bicameral que tratará el nombramiento de esta figura, aún resta definir los cinco senadores que la integrarán.
La concentración de la pobreza en los niños es una de las múltiples problemáticas que afectan a la infancia en Argentina. El Estado debe garantizar las políticas y las instituciones necesarias para protegerla y revertir la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra. El defensor del niño no es un cargo más: es la principal manifestación del compromiso político por comenzar a saldar la deuda con la infancia. Los niños no pueden esperar más.
La autora es directora del Programa de Protección Social de CIPPEC.
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