El presidente Mauricio Macri anunció recientemente el programa Argentina sin Narcotráfico y genera lógicas expectativas en torno a uno de los temas que forma parte de las principales preocupaciones de la opinión pública.
Existen dos planos para analizar la propuesta: el meramente discursivo y simbólico y el estrictamente programático. Desde lo discursivo, no deja de sorprender el triunfalismo oficial ("En Argentina sin Narcotráfico, nos comprometemos no sólo a dar la pelea sino también a ganarla", dice el preámbulo del programa), cuando la experiencia indica que no existe país en el mundo que haya logrado terminar con el narcotráfico.
Comprendemos y aceptamos las reglas del juego político, que llevan a presentar las medidas oficiales con cierto sobredimensionamiento y optimismo. Pero creemos que existe el riesgo de jugar con las legítimas expectativas de parte de la población, que brinda crédito a los anuncios y que, con el correr del tiempo, mal que nos pese, las verá defraudadas, lo que generará malestar y la sensación de que nada puede hacerse en la materia.
También preocupa el tono belicista del anuncio (combatir el narcotráfico y otras definiciones por el estilo), que claramente se inscribe en la retórica de la denominada "guerra contra las drogas", que, de modo paulatino, van abandonando otros países, habida cuenta de los pésimos resultados obtenidos. Líderes de la categoría de Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, Mario Vargas Llosa (sólo por nombrar algunos de los más conocidos), nucleados en torno a la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, aconsejan de modo enfático abandonar la guerra contra las drogas y comenzar a implementar políticas de reducción de daños a la salud, avanzar en el modelo de regulación legal de ciertas drogas.
Pero, como vulgarmente se dice, a las palabras se las lleva el viento. Si bien desde lo discursivo se marca una impronta, lo relevante son los programas propiamente dichos.
El programa tiene casi tantos tópicos como letras tiene el abecedario (desde la "a" a la "v"). Cada una de las políticas se encuentra precedida de la palabra "compromiso", lo que evoca una suerte de campaña electoral, como si el que gobernara fuera otro partido político y la implementación de las medidas dependiera de acceder al Gobierno.
Por razones de espacio, nos concentraremos en un par de medidas que suscitan nuestra atención y que, estimamos, son las que pueden tener mayor impacto cotidiano. El documento completo puede ser consultado aquí.
El compromiso "a" propone erradicar del paco. Compartimos la preocupación por la proliferación de una sustancia francamente nociva para la salud, que impacta sobre sectores vulnerables de la población. Dentro de las medidas concretas se propone "detectar y destruir cocinas, búnkeres y centros de distribución" y "aumentar las penas para quienes la elaboren, distribuyan y vendan". Nada nuevo bajo el sol. La detección y la destrucción de búnkeres se viene realizando de un buen tiempo a esta parte en las principales ciudades, con nulos resultados. Pensar que "se combate" el paco cerrando y destruyendo búnkeres es no comprender que la comercialización de drogas opera bajo las lógicas del mercado y que cerrar una boca de expendio o capturar a un puntero, un punto de venta o un puesto, este tipo de políticas, como la propuesta, implican un notorio desgaste, con muy magros resultados.
Ni hablar de la propuesta de aumentar penas (recordemos que la comercialización de sustancias prohibidas ya prevé sanciones de cuatro a quince años de prisión), experimentada desde Blumberg hasta nuestros días, con nulos resultados, como no sea incrementar la catástrofe penitenciaria.
El punto "q" establece el compromiso de no criminalización del consumo y las adicciones, propósito que sería muy sencillo de alcanzar con la modificación de la ley que lo reprime. Sin embargo, la propuesta se limita a "desarrollar políticas de reducción de la demanda", que ignoramos de qué modo se podría lograr; deja abierto el interrogante respecto de las personas que decidan continuar con sus consumos.
Tenemos la firme impresión de que el programa confunde, en muy buena medida, al narcotráfico (en su dimensión internacional) con los eslabones más débiles de la cadena de comercialización. Por ejemplo, es llamativo que no se haya hecho alusión a la profundización del control de lavado de activos y, muy por el contrario, se continúe con el blanqueo de capitales en forma indiscriminada y que, como sabemos, es la puerta de entrada de los capitales de origen espurio.
Criticar el programa oficial no significa que no se pueda hacer nada para abordar la problemática relacionada con drogas, o que no existan otras posibilidades que las que propone el Gobierno.
Desde una visión diferente, cerca de trescientos magistrados argentinos (jueces, fiscales y defensores), que cotidianamente lidiamos con la aplicación de la legislación sobre estupefacientes, hemos propuesto un programa alternativo, que hace eje en el respeto a los derechos humanos. La presentación del programa se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación, el 29 de agosto, a treinta años de que la Corte de la democracia recuperada sostuviese que la persecución de las personas que consumen sustancias estupefacientes es inconstitucional.
Reflejamos las principales propuestas, no obstante que el documento completo puede ser consultado aquí, y el resumen ejecutivo aquí.
- Despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para su consumo personal mediante la reforma de la ley 23737 (sin perjuicio de que la ley debe ser reformulada en su totalidad).
- Legalización de algunas sustancias (comenzando por el cannabis), con regulación de los mercados bajo control estatal, como estrategia para quitarle el negocio al narcotráfico.
- Asistencia de los consumos problemáticos mediante los programas de salud pública, lo que resta cualquier posibilidad de criminalización, deroga las medidas compulsivas de tratamiento.
- Habilitación del cultivo de cannabis con fines medicinales, lo que propicia la investigación de sus posibilidades para el tratamiento de afecciones que no encuentran suficiente respuesta en la medicina tradicional.
- Derogación de la llamada ley de desfederalización o provincialización de drogas (señalamos que en los días anteriores el bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto en ese sentido).
- Contemplación de la posibilidad de que las llamadas “mulas” queden bajo la protección de la ley de trata, en su condición de posibles víctimas del tráfico, lo que propicia la disminución de las penas para estos casos, alternativas al encarcelamiento y la posibilidad de que los extranjeros la cumplan en sus países de origen.
- Establecimiento de alternativas al encarcelamiento y la disminución de los mínimos legales para los delitos no violentos relacionados con las drogas.
Las propuestas precedentes, junto al resto de las que forman parte de la Declaración de los Magistrados Argentinos, implican transitar un camino diferente al que se ha recorrido en los últimos treinta años en la República Argentina, con los resultados que se encuentran a la vista.
@MarioJuliano
Es Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea.