Viviendas: historia de otra caja política del kirchnerismo

Durante los más de doce años en los que el kirchnerismo gobernó el país, se hizo visible un modo de construir poder político a través de envío de fondos adicionales a los gobernadores alineados en el proyecto, llamado "nacional y popular", para la ejecución de obras públicas. Dentro de ese modelo de gestión, se destaca la desastrosa y corrupta política destinada a viviendas, que tuvo origen en el Programa Federal de Construcción de Viviendas, creado en julio de 2004, modelo emblemático de esa metodología.

Para llevar adelante ese programa, el Ministerio de Planificación dejó de cumplir con la ley 24464, que establecía un sistema federal de la vivienda, para, de esa manera, ignorar el carácter de recurso coparticipativo que debe tener el Fondo Nacional de la Vivienda. Desde sus comienzos, la forma de ejecutar el mencionado programa funcionó como una especie de canje de viviendas por apoyo político; además, se detectaron casos de sobreprecios, lo que agrava la situación, porque siempre se trató de viviendas de sencillez constructiva. La experiencia en varias provincias en su ejecución muestra que las obras de viviendas enmarcadas en ese programa funcionaron como diligentes cheques al portador, que sirvieron para financiar tanto una obra de cinco viviendas como otra de cien o de quinientas. Porque las características del programa y la facilidad para hacerse de recursos nacionales resultaron inmejorables para cooptar tanto a gobernadores o intendentes como a las mismas organizaciones sociales. Debemos recordar que la llamada política de vivienda social se administró en un esquema clientelístico, como un objeto óptimo para transformar a los adjudicatarios en rehenes políticos. Todo esto a pesar de que la ley 24464 estaba vigente, pero, mediante un ingenioso y engañoso procedimiento administrativo, el Gobierno anterior logró eludir su cumplimiento, desde el año 2004, para desviar sistemáticamente los recursos que les corresponden a las provincias.

¿Cómo lo hicieron? Bien, a los cinco meses de asumir el Gobierno de Néstor Kirchner, se puso en marcha un eficaz operativo que tuvo por objetivo vaciar el contenido transparente del sistema federal de la vivienda, creado por la ley 24464, para posibilitar el otorgamiento de los financiamientos para la ejecución de viviendas, de manera centralizada y discrecional, y con importantes sobreprecios a organizaciones sociales alineadas con el Gobierno. De esta manera, no sólo se violó un pacto federal, sino que además se cometió un verdadero fraude institucional.

Se podrían detallar cuatro momentos fundamentales para entender paso a paso el entramado institucional que sirvió para desarrollar esta nefasta política de viviendas sociales:

-El primer paso se dio cuando fue dictado del decreto 1142, en el año 2003, en cuyo anexo se definieron los objetivos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Allí, perdido entre una maraña de palabras confusas, se asignaron funciones y atribuciones de contenido ilegal a esa subsecretaría, que tuvieron el propósito deliberado de desvirtuar los objetivos y las normas establecidos en la ley 24464. De acuerdo con esa norma, se designó al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda como autoridad de aplicación del Fondo Nacional de la Vivienda, y, de esa manera, se le entregó la llave que le posibilitó desviar discrecionalmente el destino de ese fondo.

-El segundo paso para incumplir la ley 24464 tuvo lugar a mediados del año 2004, cuando el ex presidente Néstor Kirchner convocó la participación de todos los gobernadores de las provincias para sustituir esa ley por la figura de un convenio marco del denominado Programa Federal de Construcción de Viviendas, que tenía el mismo objetivo, utilizaba el mismo recurso presupuestario y operaba con las mismas unidades ejecutoras, pero anulaba su esencia federal y modificaba el encuadre normativo. El 21 de julio de 2004 se suscribió el convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas y con ese acto se perfeccionó un fraude institucional. Desde el lanzamiento mismo del Programa Federal de Construcción de Viviendas, se presentaron notables sobreprecios para las provincias afines al Gobierno kirchnerista en Santa Cruz, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, entre otras provincias. Ese primer convenio tuvo una vigencia de un año, con el compromiso de ejecutar 120 mil viviendas. Debido a los sobreprecios, sólo se pudo ejecutar menos de la mitad de esa cantidad.

-El tercer paso se dio el 11 de agosto de 2005, cuando se firmó un segundo convenio, que se denominó Convenio Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, en el que se acordó la construcción de 300 mil viviendas. Con la firma de ese segundo convenio marco se reiteró el incumplimiento de la ley 24464 y se agravaron tanto las irregularidades como los sobreprecios. Entre otras irregularidades, se puede citar el inconsistente aumento del 120% en el precio de los prototipos correspondientes al Conurbano bonaerense en relación con el convenio marco del año anterior. Para las elecciones del 2005, se contrataron más de 43 mil viviendas en la provincia de Buenos Aires, de las que increíblemente aún restan terminar más de la mitad. En virtud de ese objetivo, para alinear a los intendentes del Conurbano, se puede mencionar el hecho de que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reservó la facultad de disponer de una fracción del cupo del recurso que le corresponden a cada una de las provincias para otorgar financiamientos en forma directa y a su arbitrio a municipios y organizaciones sociales.

-El cuarto paso, para completar la cadena de irregularidades, tuvo lugar el 30 de abril de 2009. En esa fecha, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 428, suscrita por el secretario de Obras Públicas, por la que se creó el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. Hasta el nombre de ese programa fue engañoso, porque inducía a la confusión, ya que, contra lo que sugería, no estaba destinado a construir viviendas nuevas. Su finalidad excluyente fue generar recursos frescos para terminar la gran cantidad de obras de viviendas que estaban paralizadas al momento de la firma de esa resolución, que constituye la prueba más categórica del incumplimiento de los planes de vivienda, por la confesión que surge en el artículo 5º, en el que expresaba que el objetivo era, precisamente, terminar la gran cantidad de obras paralizadas, que fueron contratadas en los años 2004 y 2005. Las obras se discontinuaron debido a los abultados sobreprecios pagados por las viviendas y, de esa manera, los recursos previstos fueron insuficientes para completar las obras.

El cuadro descrito, que de por sí es grave, se potencia aún más porque resulta insólito que el Ministerio de Planificación Federal se haya apropiado tanto tiempo, de manera indebida, de un recurso que les pertenece a las provincias, sin que la dirigencia política lo haya advertido. Esa situación es la consecuencia de una eficaz maniobra de desinformación y se puede constatar que el notable éxito logrado en el ocultamiento de todo lo concerniente al tema de viviendas durante mucho tiempo fue debido a que estuvo sostenido por cuatro columnas de un enorme poder político y económico. Esas columnas fueron el Ministerio de Planificación Federal, en manos de Julio de Vido; el poder territorial de los gobernadores y los intendentes de todos los signos políticos; la totalidad de las empresas vinculadas al programa y las denominadas organizaciones sociales.

Existen tantas pruebas de delitos en la política de vivienda kirchnerista, tanta gente desilusionada, tantos barrios a medio hacer, que sorprende la lentitud de la Justicia, que lleva años desmarañando un intrincado plan de corrupción y clientelismo realizado con la perversión de haberlo diseñado sobre las necesidades de los más humildes.

Por eso, es necesario que la sociedad conozca los detalles de la funesta historia del plan de viviendas sociales del kirchnerismo, caracterizado por la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia.

La autora es diputada nacional por Cambiemos.