Debo comenzar aclarando que esta columna es una reflexión que no estoy en condiciones de afirmar con convicción. Constituye una especie de ensayo. Es decir, un intento de verificar si lo que está sucediendo en los tribunales -ante los alarmantes casos de corrupción- frente al reclamo de justicia por parte de la sociedad, y la prescindencia de la nueva administración, pone de manifiesto, o no, un desfasaje entre un Gobierno "nuevo" y una Justicia "vieja".
Muchas veces se ha intentado explicar que lo que aparece como morosidad de los tribunales para investigar a los gobiernos mientras están en el poder es, en realidad, la expresión de la dificultad de hacerlo, debido a que no se puede acceder a las pruebas necesarias porque se encuentran bajo resguardo de los propios gobernantes.
También se ha hecho notar que mientras los gobiernos conservan cuotas importantes de poder, los organismos de control del Estado dejan de cumplir sus funciones, contribuyendo, de esta manera, a que los hechos de corrupción se lleven a cabo con mayor facilidad. El gobierno culminado el 10 de diciembre de 2015 constituye una prueba cabal de esta circunstancia. Existe una larga lista de organismos estatales de control que han mirado para el costado en los 12 años de gestión kirchnerista. No hubiese sido posible la comisión de los graves delitos investigados por la Justicia sin la complicidad –por acción u omisión- de organismos como la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la AFIP, el Banco Central, la UIF (Unidad de Investigación Financiera), o la Procuración General de la Nación. Existe un entramado normativo que permite sistemas coordinados de control -como, por ejemplo, el reporte de operaciones financieras sospechosas que los bancos informan a la UIF, para combatir el lavado de activos- pero que requieren desde luego la honestidad y el compromiso de los funcionarios involucrados.
Si bien ambas cuestiones son ciertas, también lo es cierta laxitud del sistema judicial ante los hechos que se denuncian contra funcionarios públicos durante el ejercicio del gobierno. Esta circunstancia que se viene manifestando a partir del recambio presidencial –aunque señalada por muchos hace varios años- no es nueva; ya ha ocurrido con otras administraciones que recién al declinar la fuerza de su poder político han sido objeto de investigaciones más rigurosas por parte de la Justicia.
Esto sucedió en el final de los diez años de mandato del presidente Carlos Menem, aunque la presión social no tuvo la magnitud de la que estamos viviendo en este momento, debido a que con posterioridad al final del gobierno de Menem, se precipitó la crisis económica de la salida de la convertibilidad y la caída del gobierno del presidente Fernando De La Rúa. En esas condiciones, la sociedad centró su preocupación y expectativa en el aspecto económico. No es el escenario actual en que se bien tenemos importantes niveles de inflación, la expectativa es que la situación económica tienda a mejorar.
¿Qué ocurre de distinto, entonces, en esta oportunidad? ¿Jueces y fiscales están actuando de un modo diferente a lo que hicieron (o dejaron de hacer) en otros procesos similares?
Creo que la respuesta tiene dos vertientes. Una, que la Argentina nunca ha visto los niveles de corrupción de funcionarios estatales que se están manifestando a veces de una manera obscena y grotesca. La otra, casi una consecuencia de la anterior, que el reclamo de la sociedad relativo a la investigación y enjuiciamiento de los responsables (al que se suma fuertemente la devolución de lo ilícitamente obtenido) ha llegado a un nivel nunca visto, amplificado especialmente por la labor del periodismo independiente y por la existencia de las redes sociales.
Pero además se suma otra circunstancia. Estábamos acostumbrados a que los gobiernos, al asumir el poder, tenían algún tipo de relación no muy clara con los tribunales encargados de investigarlos ante una denuncia. Aparecería, entonces, un nuevo elemento que se suma a los anteriores, y que podría dar crédito al "desfasaje" que intento explicar. Salvo algunos intentos aislados, parecidos más a gestiones oficiosas, no se vislumbra por el momento que el gobierno actual vaya a seguir con esa política respecto de la Justicia encargada de investigar los ilícitos de los funcionarios públicos.
Esta circunstancia ha generado una nueva dinámica de los tribunales, en un proceso con final abierto. En este sentido, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que le asiste razón a la sociedad cuando reclama por justicia. Y también me animaría a afirmar que muchos jueces y fiscales que actúan en este tipo de investigaciones han comprendido que están frente a una matriz social y política distinta. Hace muy bien el nuevo Gobierno es mostrarse prescindente en los procesos judiciales; es lo que corresponde desde la normativa constitucional de la división de poderes. Cada poder en su lugar y con su responsabilidad, traerá aparejado necesariamente que el Judicial emprenda la suya sin esperar "señales" ni visitas de operadores.
La actitud prescindente del Ejecutivo constituye sin duda una señal y, si la Justicia no sabe leerla y comprender el contenido moral del reclamo de la sociedad, estará en serios problemas de legitimidad, de los cuales muchos ya están bastante claros.
Esta es la oportunidad de afianzar la Justicia -como expresa el Preámbulo de la Constitución- y no debemos dejarla pasar. Por nosotros y, mucho más, por las próximas generaciones.
El autor es el Fiscal General ante la Cámara Criminal y Correccional.