Cada vez más voces del arco económico ortodoxo y afines suben su receptividad de la política de ingresos, relegada en este período. Algo al pasar, que comentamos, señaló Alfonso Prat-Gay días atrás, al aludir a la necesidad de conversar con formadores de precios y sindicatos de cara a una segunda fase de ataque a la inflación. Otros hasta sugirieron una concertación de precios (¿?).
En esto, hay facetas interesantes. Desde ya, una política de ingresos de entidad contrasta con un régimen de metas de inflación (RMI) estricto. Aquella implicaría una determinación decisional bastante directa de precios y salarios, bajo una explícita intervención pública coordinadora. Por el contrario, el RMI, por su naturaleza, acentúa el influjo definitorio de las políticas de orden macroeconómico; en especial, de la política monetaria vía la tasa de interés nominal de corto plazo (detrás de ciertos valores reales). Y con una gama de opciones en lo que hace al papel del tipo de cambio. O sea: jugaría una coordinación más impersonal, más pura, inducida por una variable en esencia macro.
Otra faceta a estimar es lo que sería un touch of reality. Se pasaría a comprender hasta determinado punto que existen factores y rasgos inflacionarios "impuros": presión de costos, inercias (la puja de ingresos, por ejemplo), persistencia, and so on… Costos que empujan a los precios; inflación que depende de su pasado; inflación que perdura fuera de la meta y demás. En verdad, la literatura ligada al RMI no desconoce tales aspectos. Pero, finalmente, las soluciones tanteadas concluyen como variantes de uso de la política monetaria.
Por el contrario, en cuanto a nuestro caso, parecería dotarse a esos elementos de una mayor autonomía respecto de la política monetaria. Pesaría aquí la percepción de la incapacidad, por parte de la política monetaria aplicada, de frenar en serio la inflación en la fase de éxtasis de los ajustes de costos, precios relativos, etcétera. Quizás se ciñeron mayores excesos, pero, sin que faltara la ralentización de la economía. Lo que, pensando en reversa, haría concluir que la política monetaria sólo tendría éxito pleno con tasas extremosas, que llevarán a la depresión (salvo la ilusión de algunos epígonos ultra de las expectativas racionales) y al estrés del sistema financiero.
Así las cosas, supongamos que, aun invocando el RMI, crece el cariño por la política de ingresos en serio. Entonces, ¿qué hacemos con las variables macro? ¿Qué ocurriría con el combo fiscal-monetario-cambiario? Muchas veces la política de ingresos es un artificio para zafar del desalineamiento de ese combo.
Piénsese en la señalada meta de inflación del 17% para 2017. La política de ingresos debería, en valores y con las expectativas calzadas, ajustar con dicha meta. Esa inflación esperada, menor a la de 2016, se fundaría en el declive de la inflación al final de 2016. Pero un primer problema es que la política de ingresos, atendiendo al nivel de precios o inflación, traduce también un set de precios relativos; esta dualidad suscita tensiones (bemoles en las tarifas, en el tipo de cambio, etcétera).
Véase a la vez lo monetario-fiscal. Incluso con tasas de Lebac que bajarán este año algunos puntos más, dado el stock de aquellas, para el 2017 atisbaría prima facie una inercia de vencimientos y de presión de base monetaria densa. Más lo que puede demandar un sector fiscal flojo en logros de ajuste. Síntesis: asomaría una fuerte presión de alza de base que, por sus fuentes, cuajaría poco con la meta de inflación y el supuesto trabajo de la política de ingresos. Más su impacto en las expectativas. Si entonces se reforzaran las tasas, desandaríamos caminos, sin obviar eventuales efectos en actividad y en tipo de cambio.
En resumen, prestar más atención a la política de ingresos suena realista. Pero el esfuerzo de adecuación macro de base restaría en pie.
El autor es abogado y economista. Preside el Centro de Análisis Social y Económico (CASE) y es asesor de distintas entidades empresarias y gremiales.
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