En la zona norte de Colombia empresas multinacionales han encontrado una mina de energía renovable pues, de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, la región se proyecta como la “capital mundial de las energías verdes” en un esfuerzo por alcanzar el desarrollo sustentable.
Sin embargo, el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz denunció que el pueblo indígena Wayúu otorgó su territorio en medio de “engaños” e “irregularidades” ya que las empresas omitieron brindar información en su lengua.
Además, investigadores del Indepaz expresaron que las empresas, la portuguesa EDPR y la italiana ENEL, se reservan información al respecto de las ganancias de cada parque, por lo que las negociaciones ocurrieron sin igualdad de condiciones. A cambio del derecho de uso de la región por 30 años, la comunidad de Lanshalia adquirió paneles solares y recibe 20.000 litros de agua potable mensuales, pero en palabras de los habitantes, la cantidad es insuficiente para diez familias.
“En papel parecieran generosas: ENEL ofrece 1.000 millones (de pesos colombianos) anuales”, equivalentes a 200.000 dólares, “pero son 19 comunidades y cada una puede tener entre 40 y 80 personas”, o sea unos 45.000 pesos mensuales (9,5 dólares) por persona, reclama Luis Iguarán, profesor de Lanshalia, la única comunidad vecina con electricidad
La familia Jusayú relata el hostigamiento y empobrecimiento que sufrieron tras la implementación del proyecto:
“Después que me dispararon ellos dijeron que teníamos que salir del territorio, que nosotros estábamos ahí estorbando con el proyecto de la empresa, que nosotros estábamos estorbando ahí y que ellos no nos podían ver ahí”, compartió Dicto Jusayú, indígena Wayúu.
Al respecto, ENEL niega que sus trabajadores hayan atentado contra la vida de un miembro de la comunidad Wayúu. EDPR no respondió ante el cuestionamiento de la AFP.
Otro efecto directo del proyecto es el empobrecimiento de las familias. Antes de la instalación del proyecto Parque Guajira, la familia Jusayú era próspera en la ganadería, pero después de que fueran desplazados, la sección de pastoreo pasó a ser inaccesible para su ganado por lo que Indepaz estima que en los primeros cinco meses de operación, la población de chivos de la zona disminuyó en 50%.
Otro factor denunciable es que La Guajira no recibirá la energía que produce, por lo que el trabajo realizado en el territorio indígena no beneficiará a las familias que viven en ella. Hecho que abre la pregunta sobre cómo alcanzar el desarrollo sustentable en todos los sentidos, tanto para el planeta como para los humanos.
Con información de AFP