El proceso de la militarización, intensificado tras la “Guerra contra el narcotráfico” declarada por el presidente panista Felipe Calderón en 2006, se profundizó durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hasta acelerarse en el actual mandato del morenista Andrés Manuel López Obrador, en donde las Fuerzas Armadas tienen cada vez más presupuesto y poder.
Apenas la noche del miércoles 12 de octubre, tras una acalorada discusión, la Cámara de Diputados dio luz verde a la ampliación de la participación del Ejército en las calles para realizar tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 2024, una reforma constitucional promovida por el propio Presidente, quien durante su campaña había prometido regresar a los militares a los cuarteles.
Tras horas de debates, la reforma constitucional fue aprobada a la medianoche con 339 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones, impulsada principalmente por el partido oficialista Morena, sus aliados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste último tras distanciarse del bloque opositor.
Avalado ya por el Senado, el dictamen ahora deberá ser aprobado por los congresos estatales, en donde se prevé que pase sin mayores complicaciones, para ser turnada al Ejecutivo y finalmente sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor.
El aumento de poder de los militares durante el actual gobierno también se ha visto reflejado en la Guardia Nacional, un cuerpo de 115 mil efectivos creado en el 2019 por López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, corporación que AMLO ha tachado de ser “violadora de derechos humanos, podrida, y formar a funcionarios corruptos y deshonestos”.
Originalmente con mando civil y bajo el dominio de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), el pasado 7 de octubre la Guardia Nacional fue autorizada a quedar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras la aprobación en las Cámaras de un dictamen que modifica cuatro leyes de seguridad.
Dicho aval se dio pese a señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y otras organizaciones que alertaron que esta decisión abre la puerta a una militarización más profunda en el país.
De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, que fue realizado por el Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro (CIDEPPD) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en los últimos 12 años alrededor de 227 funciones civiles han sido asumidas por las Fuerzas Armadas, entre ellas el patrullar las calles, vigilar las aduanas, aplicar vacunas, construir las obras emblemas del gobierno y hasta limpiar sargazo.
Además, de los 33 proyectos de obra pública que han sido asignados a los militares por el Gobierno Federal en los últimos 13 años, al menos 23 se han presentado durante el mandato de la denominada “Cuarta Transformación”, donde destacan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ente otros.
En este sentido, Infobae México hizo un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que ha sido aprobado anualmente en lo que va del mandato de López Obrador (2019 a 2022), así como el proyecto para el 2023; de igual forma, se tomaron en cuenta las cifras presentadas en el informe “El negocio de la militarización en México” realizado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) acerca de los ingresos ejercidos por las Fuerzas Armadas de 2006 hasta lo que va del año 2022.
Más presupuesto que nunca
El presupuesto y el subejercicio de recursos de las Fuerzas Armadas ha aumentado en los últimos años por medio de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones y la autorización de recursos.
Según el reporte “El negocio de la militarización en México” publicado por la MUCD en septiembre de este año, los recursos destinados a la Sedena han aumentado un 63% entre 2006 y 2021, convirtiéndose en la institución con mayor presupuesto por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene que a la Sedena —a cargo de Luis Crescencio Sandoval— le fueron autorizados $93,670 millones de pesos, en tanto que en el PEF de 2022 se le asignaron $104,107 millones de pesos, es decir, un incremento de 11 por ciento.
Al hacer la misma comparativa para la Secretaría de Marina —encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán— se tiene que el presupuesto pasó de $29,583 millones de pesos en el primer año de AMLO a $37,750 mdp autorizados en el 2022, lo que hablaría de un incremento del 22 por ciento.
La Guardia Nacional, que no estuvo contemplada en los PEF de 2019 y 2020 debido a que aún no terminaba de formarse de manera formal, ha gozado de gran presupuesto desde 2021, cuando se le asignaron $27,961 millones de pesos para luego pasar a $29,803 millones de pesos en el 2022.
En el 2020 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —hoy a cargo de Rosa Isela Velázquez— destinó el 32% de su presupuesto a la Guardia Nacional; mientras que para el 2021 representó el 46% y para este año se calcula que sea de un 67 por ciento.
El proyecto del PEF para el ejercicio fiscal de 2023 elaborado por Hacienda y enviado al Congreso contempla que se asignen $111,911 millones de pesos a la Sedena, $41,878 millones de pesos para la Semar y $34,525 millones de pesos para las operaciones de la Guardia Nacional. En total, las Fuerzas Armadas estarían autorizadas a gastar $188,314 millones de pesos.
Sin embargo, con la integración de la Guardia Nacional a la Sedena a la vista, el presupuesto destinado a ésta última instancia para el 2023 subiría aún más hasta llegar a los casi 150 mil millones de pesos, es decir, hasta 5.6 veces más el presupuesto de la extinta Policía Federal ($26,667 mdp en 2019).
Gastos excesivos, pocos resultados
En ocasiones los montos aprobados en el PEF no suelen cumplirse, pues hay dependencias que no ejercen todo lo designado o bien, en el peor de los casos, registran cifras superiores a las autorizadas.
El análisis de MUCD deja ver que en el 2020 la Sedena tuvo un sobre ejercicio de $24,300 millones de pesos, mientras que para el 2021 fue de $25,386 millones, lo que representa un 26% y 23% más de lo previsto, respectivamente.
La suma de lo sobre ejercido en estos dos años es también el equivalente al presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el mismo periodo.
En el caso de la Marina, en el 2017 se registró un sobre ejercicio de $7,758 millones de pesos, así como $6,779 millones de pesos en el 2021, lo que significa un 26% y 20% más de lo aprobado para esos años.
La situación no es distinta al hablar sobre la Guardia Nacional. En el 2019, durante su primer año de vida y sin tener un presupuesto asignado, ejerció 836 millones de pesos de la SSPC, y al año siguiente $3,842 millones de pesos.
Para el 2021, la institución gastó únicamente $23,010 millones de pesos, mucho menos de lo asignado, no obstante, para el 2022 la cifra de lo ejercido ya asciende a $57,047 millones de pesos, aunque para el cierre del año la cantidad podría llegar hasta los $107 mil millones de pesos, pues el Presidente ha anunciado que la Guardia Nacional puede disponer de hasta 50 mil millones de pesos adicionales para lograr su consolidación, ingresos equivalentes a los otorgados este año a la Sedena.
Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las adecuaciones en los ingresos de las dependencias sólo deben reportarse cuando su variación sea mayor al 5% del presupuesto total del ramo.
Además, México es de los pocos países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con la capacidad de modificar el presupuesto aprobado sin límite y sin necesitar el visto bueno del Legislativo, medio con el cual el titular del Ejecutivo puede transferir recursos a favor de dependencias que considera “prioritarias”.
El dinero ejercido por las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, contrastado con el incremento de homicidios en el país, pone en duda la eficiencia en el incremento de los recursos.
De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 126 mil 206 homicidios. Según el el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al menos 109,059 asesinatos ocurrieron en los primeros tres años de mandato, de forma preliminar, siendo hasta el momento el 2020 el peor con 36 mil 773 muertes.
De continuar la tendencia, el sexenio del presidente emanado del partido Morena se convertiría en el más violento para México, incluso por delante del mandato de Enrique Peña Nieto (157 mil 158) y de Felipe Calderón (121 mil 613).
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