En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, en México ya suman siete religiosos asesinados, los dos últimos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, los jesuitas que intentaron ayudar a un hombre que buscó refugio en un templo luego de que fuera perseguido por sujetos armados, quienes a su vez se llevaron los cadáveres.
Según el Centro Católico Multimedial (CCM), en la lista también figura el sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, que tras haber sido reportado como desaparecido apareció sin vida el mes pasado en un rancho en Tecate, Baja California.
Tres casos más fueron reportados en el 2021: José Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de San Nicolás de Bari, en Zacatepec, Michoacán; el franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado, quien murió en un fuego cruzado en Durango; y Gumersindo Cortés González, torturado y asesinado en Celaya, Guanajuato.
Finalmente, la lista cierra con el sacerdote José Martín Guzmán Vega, quien pertenecía a la diócesis de Matamoros, en Tamaulipas, y que fue asesinado el 23 de agosto de 2019.
La sierra de Chihuahua, región en donde ocurrieron los más recientes crímenes contra la comunidad religiosa, es una importante ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, por lo que es altamente disputada por los cárteles del narcotráfico.
Ante los últimos hechos, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha demandado a las autoridades la adopción de medidas de protección para salvaguardar la vida de los jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui, al tiempo que denunció que no son “hechos aislados”.
En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano se unió a la condena y exigió una investigación para dar con los culpables, al tiempo que exigió mayor seguridad para los sacerdotes del país.
En el país, especialmente en Michoacán y Guerrero, diversos integrantes de la comunidad religiosa han tenido que mediar con los grupos del crimen organizado con el objetivo de evitar que la violencia escale aún más.
Aumentan asesinatos en Chihuahua
Chihuahua es uno de los estados más violentos del país, de acuerdo con cifras oficiales. Apenas el pasado 20 de junio, un día antes del asesinatos de los sacerdotes jesuitas, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que la entidad fronteriza es la séptima con más víctimas de homicidio doloso en todo el país.
Desde que comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las víctimas de asesinato han aumentado un 10.5%, de acuerdo con datos del el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2018, el año en que López Obrador ganó las elecciones y tomó posesión, Chihuahua registró 2 mil 199 víctimas de homicidios dolosos. Mientras que en 2021, se reportaron 2 mil 431 asesinatos en la entidad.
De enero a mayo de este año, se han reportado 728 asesinatos en Chihuahua, con un promedio de 145 casos al mes, prácticamente cinco diarios.
El factor narco
De acuerdo con las primeras versiones, el doble asesinato de los sacerdotes se dio luego que intentaran resguardar a un hombre que fue atacado a tiros en la iglesia del poblado de Cerocahui, en el municipio de Urique.
El presunto responsable del ataque es José Noel Portillo, alias “El Chueco”, quien dirige una célula del grupo delictivo “Gente Nueva”, considerado como el brazo armado y operativo del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
Por años, Chihuahua ha sido un territorio con una importante presencia del crimen organizado, principalmente de dos cárteles: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Ambos cárteles tienen distintas células delincuenciales con las que operan en el estado fronterizo.
En su más reciente informe sobre el crimen organizado en México, el Congreso de Estados Unidos señaló a estas dos organizaciones como las dominantes en la entidad chihuahuense, mismas que -desde hace años- se enfrentan entre sí.
Cabe mencionar que el informe estadounidense también señala la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua.