La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani –por unanimidad– rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de diferentes condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Mendoza.
Los ex jueces federales habían sido condenados a perpetua por la probada complicidad que habían tenido con la dictadura. Los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren fueron condenados en julio de 2017.
También había sido condenado a la misma pena el ex juez Luis Miret, quien murió dos meses después de la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que estuvo integrado por los camaristas Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade. En aquel juicio hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y 12 perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
Las condenas a los ex jueces federales y a otras personas se establecieron en la denominada Megacausa Mendoza IV –compuesta por 15 causas acumuladas– en la que se juzgó a una multiplicidad de imputados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía, el Servicio Penitenciario y, además, a los ex magistrados federales por su actuación como integrantes del Poder Judicial de la Nación.
La Sala IV confirmó la condena de los imputados –según el caso– por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición agravada de tormentos, homicidio calificado, robo, abuso deshonesto, violación, allanamiento ilegal de morada, omisión de promover la persecución penal y asociación ilícita.
En particular, se convalidó la sentencia que condenó a prisión perpetua a tres ex magistrados federales como partícipes primarios de diversos delitos de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en razón de haber prestado una colaboración esencial y necesaria mediante su inactividad y haber asegurado así, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, la impunidad de los operadores del aparato represivo.
Además, la Casación –también por unanimidad– hizo lugar a los recursos de la fiscalía y de la parte querellante, por lo cual anuló absoluciones de distintos imputados e hizo lugar a planteos en los que se reclamaban calificaciones legales más graves y penas más altas.
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