Caso Cuadernos: varios imputados apelaron el decomiso de propiedades que ordenó el juez Claudio Bonadio

El juez Claudio Bonadio ordenó el decomiso de varias propiedades que los arrepentidos del capítulo Daniel Muñoz del Caso Cuadernos admitieron haber comprado con el dinero ilegal que consiguió el fallecido ex funcionario a partir de haber sido secretario privado de los Kirchner.

El juez ordenó decomisar los bienes de varios arrepentidos que aseguraron que las adquisiciones se hicieron a partir de lo que recaudó Muñoz. El ex secretario fue señalado en el expediente del Caso Cuadernos como receptor primario de los bolsos con coimas en efectivo pagadas por los empresarios que hacían negocios con el Estado durante el kirchnerismo.

Algunos de los imputados aceptaron el decomiso y no apelaron. Uno de ellos fue el financista Ernesto Clarens-arrepentido en el expediente principal del Caso Cuadernos- quien no se opuso al decomiso y prestó conformidad para que sean rematados un departamento en Miami y una embarcación de lujo . Clarens confesó haber sido el receptor de las coimas que pagaban en pesos de los empresarios que cartelizaban la obra pública vial. Pasaba las coimas a dólares o euros y se las daba a Muñoz. Clarens que fue procesado, aportó planillas con los pagos que fueron reconocidos por algunos de los empresarios.

Pero no todos los que fueron afectados acataron la orden de decomiso de Bonadio. Una de las personas que apeló fue Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y continuadora del lavado de dinero luego del fallecimiento del que fuera secretario de los Kirchner. La mujer se opuso- según confirmaron fuentes judiciales a Infobae– al decomiso de los tres garages que había comprado el secretario de los Kirchner en la Capital. Uno de ellos está en Villa Urquiza y situado en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5700. Ese no tiene uso comercial y allí funcionaban las oficinas del esquema de negocios montado por Muñoz. También apeló el decomiso de los garages comerciales que le dieron dinero en los últimos años y están situados en la calle Malabia al 1700 de Palermo y en la calle Amenábar al 1900 de Belgrano. Además la viuda de Muñoz, quien declaró como arrepentida y reveló que unos 30 millones de dólares ilegales están invertidos en Turks and Caicos, reclamó por el decomiso ordenado sobre la lujosa casa de más de 1000 metros cuadrados de la calle Williams el 5600 en el barrio porteño de Saavedra.

El reclamo para que no le expropien los garages se basa en que las sociedades que tenían esos negocios eran legítimas. Contra ese argumento se esgrime lo que declaró como arrepentido Víctor manzanares, ex contador de los Kirchner. Manzanares señaló -porque formaba parte del entramado de testaferros y negocios de Muñoz- que esas sociedades eran utilizadas para lavar dinero obtenido de manera ilegal.

En tanto un tío de Pochetti llamado Daniel Blanco -otro que intervino como testaferro- reclamó por el decomiso de unas cabañas situadas en Lago Puelo, Chubut.  Esas cabañas fueron parte del pago que recibió Blanco cuando le vendió a Muñoz un porcentaje de la casona de la calle Williams  en otra de las tantas operaciones realizadas por quien fuera secretario del ex presidente  para lavar dinero proveniente de la corrupción durante el kirchnerismo.

Otro de los testaferros del millonario ex secretario de los Kirchner, Carlos Temístocles Cortez, reclamó la mitad de una empresa llamada New Wall, que posee cabañas en Villa La Angostura y de otros dos inmuebles. El argumento de Cortez es que si bien la mitad de esos bienes eran de Muñoz, su parte había sido comprada con dinero lícito.

Algo similar sucedió Elizabeth Ortiz Municoy, testaferro de Muñoz, quien apeló el decomiso de un departamento de la calle Paunero en Mar del Plata con el argumento de que se había comprado de manera genuina por su madre Elba Municoy.

El ministerio de Justicia de la Nación decidió que fuera la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el organismo estatal que se encargue del remate de los bienes decomisados por orden de Bonadio. Pero la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo estatal que combate el lavado de dinero solicitó hacerse cargo de ese proceso tal como lo establece la Ley 25246. La disputa aún no fue resuelta.