Ordenaron las primeras medidas de prueba por el pedido de juicio político contra Ramos Padilla

La comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó hoy las primeras medidas para determinar si abre el proceso de juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla, pedido por el Gobierno. Se trata del juez federal de Dolores que lleva adelante la causa judicial por presunto espionaje ilegal en la que está procesado el falso abogado Marcelo D'Alessio por tentativa de extorsión y asociación ilícita.

A propuesta del consejero y diputado del PRO Pablo Tonelli, quien tiene a cargo la instrucción del expediente contra Ramos Padilla, se acordó pedir a la Cámara de Diputados la versión taquigráfica, el audio y el video de la exposición del magistrado en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados el 13 de marzo. Asimismo, solicitar a la Cámara baja precisiones sobre la competencia de esa Comisión.

Los consejeros también le enviarán, además, un oficio al Juzgado Federal de Dolores para que Ramos Padilla remita copia completa al Consejo de la causa en la que D'Alessio fue denunciado por extorsión por el empresario Pedro Etchebest. Sin embargo, por pedido de los consejeros jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta, se acordó excluir de la solicitud la documentación reservada que acumuló el magistrado de Dolores en el expediente. 

Asimismo, se votó librar un oficio al Ministerio de Justicia para saber si el juez de Dolores le solicitó colaboración a esta cartera en el marco de esa investigación. En el pedido de juicio político presentado por el consejero representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, se objetó que hubiera solicitado un análisis de los "informes de inteligencia" encontrados entre el material de D'Alessio a la Comisión Provincial de la Memoria por afinidad ideológica, y no al organismo específico de la cartera de Justicia de la Nación.

Por último, Tonelli propuso pedirle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que envíe copia de la causa iniciada por el defensor de D'Alessio, Claudio Fogar, contra Ramos Padilla por la forma en que se habría obligado al falso abogado a desbloquear sus dos teléfonos secuestrados, con su huella digital y clave telefónica, para poder acceder a sus mensajes.

El letrado de D'Alessio impugnó la prueba obtenida por esta vía, sobre la cual –considera- se basó una parte fundamental de la acusación contra el falso abogado.

El perito en electrónica de D'Alessio, Rubén Adrián Martín, hizo llegar la semana pasada al Consejo copia de una presentación que hizo en esa causa ante Martínez de Giorgi por las "acciones irregulares" y "coacción" a las que "se vio sometido" por parte de Ramos Padilla durante el transcurso de la pericia informática el 21 de febrero en el Edificio Guardacostas de Prefectura.

Denuncia por "coacción"

Según el escrito presentado por este perito en electrónica –al que tuvo acceso Infobae-, tras presenciar la copia de seguridad de los discos de las tres computadoras de D'Alessio, estaba por retirarse cuando vio que llegaba D'Alessio, que había sido trasladado desde el penal de Ezeiza.

De acuerdo a lo relatado por Martín, Ramos Padilla le manifestó que debía quedarse para proceder con la pericia de los celulares, a lo que el perito se negó ya que el procedimiento era "irregular", "no estaba previsto" y por no encontrarse el abogado de D'Alessio presente.

En su presentación, el perito aseguró que "su firma en el escrito que se menciona la obtención de la huella habilitante de D'Alessio para acceder a la información existente en los celulares, fue obtenida valiéndose de intimación" hacia su persona "y bajo apercibimiento de impedir retirarse del acto pericial". Estas circunstancias, sostuvo, habrían implicado "una clara flagrancia de violación de artículo 18 de la Constitución Nacional y convierten al acto pericial sobre los celulares IPhone nulo de nulidad absoluta."

Para Martín, "la artera medida fue urdida por el juez Alejo Ramos Padilla por lo menos veinticuatro horas previas a la ejecución de la pericia, atento a la extensión de la mencionada resolución y la debida orden de traslado del imputado hasta las instalaciones del Edificio Guardacostas, siendo que el juez Alejo Ramos Padilla le informara a este perito que la resolución se habría producido en ese instantes, probando así de forma categórica la mendacidad de lo a este perito informado".

A pedido del fiscal Eduardo Taiano, Martínez De Giorgi ya avanzó sobre una serie de medidas previas para determinar si lo relatado por Martín ocurrió de esa manera o no. El magistrado solicitó al Juzgado Federal de Dolores la resolución disponiendo el acta de extracción de las claves de los teléfonos de D'Alessio, así como la impugnación de esta prueba presentada por su defensor. También los registros fílmicos de ese día que pudiera haber en el edificio de Prefectura.

Martínez de Giorgi intenta determinar ni hubo o no coacción para que el falso abogado desbloqueara sus teléfonos bajo amenazas de usar la fuerza contra él; si Ramos Padilla lo ordenó por escrito, o si se trató de una orden verbal; y si estuvo presente en los hechos de presunta coacción relatados por el perito de D'Alessio.

También citó a testimonial a Martín y a los peritos de la División de Cibercrimen de Prefectura que estuvieron presentes ese día, para que expliquen cómo accedieron al contenido de los celulares de D'Alessio y de qué forma habrían obtenido el consentimiento del imputado.

Ramos Padilla había estado ayer en el Consejo para la entrevista personal por el concurso destinado a ocupar el Juzgado Federal de La Plata, en el que quedó primero en el orden de mérito por el examen escrito y sus antecedentes. "No me preocupa la denuncia del gobierno", había asegurado al llegar en un breve contacto con los medios.