Procesaron a Cristina Kirchner por la causa de gas licuado y dictaron su prisión preventiva

La ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante su gestión. El juez Claudio Bonadio consideró a la senadora jefa de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

También fueron procesados el ex titular de Enarsa Walter Fagyas, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo. El procesamiento incluye ex directivos de YPF y Enarsa. A Cristina la embargaron por mil millones de pesos y 500 millones de pesos.

Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la  importación  de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF. Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265  para descargar GNL.

Para el juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado. Dromi había dicho a La Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que "no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige".

Se trata de la segunda vez que el ex ministro de Planificación y Baratta son procesados por Bonadio por esta causa conocida como GNL. Aquella vez fue en octubre de 2017 y provocó la detención de Baratta días antes de las elecciones, y aceleró el pedido de desafuero de De Vido, también investigado por el caso Río Turbio. Sin embargo, en un fallo dividido, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de todos los implicados en base a una serie de cuestionamientos al peritaje que se usó para evaluar los sobreprecios. Baratta fue liberado pero De Vido no porque era investigado en la causa Río Turbio.

Pese al revés de la Cámara Federal, Bonadio ordenó nuevos peritajes y llegó a la conclusión de que, otra vez, el Estado pagó el GNL con sobreprecios. Pero esta vez no sólo responsabilizó a De Vido y Baratta sino que procesó también a la ex presidente y habló de una asociación ilícita.

Hoy De Vido y Baratta también están presos en la causa de los cuadernos que instruye Bonadio. Precisamente, esta causa fue la que permitió que el caso de los cuadernos quedara en manos de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, por entender que las anotaciones del chofer Oscar Centeno eran "conexos" a esta investigación. En tanto, en otra causa, el perito Daniel Cohen fue procesado hace diez días por falso testimonio agravado, tal como lo reveló Infobae.

En el fallo firmado este lunes, Bonadio sostuvo que la ex presidente, De Vido y Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación-, cuyos cargos desempeñaron durante el período investigado, fueron quienes tuvieron a su cargo la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado".

"Los funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL. A su vez, tuvieron posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o permitir que continuara. Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que deriva necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de coautores", se afirmó.

El fallo procesó sin prisión preventiva a funcionarios de  ENARSA (Exequiel Omar Espinosa; Walter Rodolfo Fagyas; Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Alejandra Marcela Tagle, Jorge Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Bisconti) al ex secretario de Energía Daniel Omar Cameron y a quienes ejercieron cargos en la empresa YPF (Rodolfo Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani). El listado incluyó a Jorge Alberto Samarin -Presidente de la agencia ´Marítima Meridian SA´- José Roberto Dromi -Presidente de la empresa ´DYSAN´ y Roberto Nicolás Dromi San Martino -Director Ejecutivo y apoderado de la empresa ´DILIGENTIA SA´- "si bien no tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí ejercieron una participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se habría podido concretar la maniobra ilegal".

El juez afirmó que "los que prestaron funciones en ENARSA e YPF, fueron quienes concretaron los procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos con GNL, elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, en tanto que el Secretario de Energía fue quien informaba a Roberto Baratta los volúmenes de GNL a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los cargamentos que iban amarrando en los puertos". "Esto muestra la importancia de sus participaciones en la actividad ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el tiempo", señaló.

Fuentes de la empresa señalaron que YPF ha colaborado en todo momento con la justicia en la causa de las importaciones de GNL y que confían que la gestión profesional de los ingenieros Stella Babilani y Alejandro Luchetta fue realizada dentro del marco habitual de sus funciones y de la ley. Las misma fuentes de YPF hicieron saber que lamentaban que gente de bien, conocida por toda la industria, se encuentre inmersa en este proceso que nada tiene que ver con su destacada carrera de más de 20 años en la compañía.

El fallo añadió que "José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL".

"Por último, adquiere relevancia la participación de la agencia ´Marítima Meridian SA´, presidida por Jorge Alberto Samarin, que intervino -como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos, en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar; sin licitación y facturando los barcos a precios con variaciones no justificadas", se añadió.