El viernes 1º de marzo el presidente Mauricio Macri, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se refirió explícitamente a un único tema educativo: "el año pasado les pedí, e insistiré este año enviando un proyecto de ley, que modifiquemos un artículo de la ley nacional de educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen saber la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos para poder actuar e involucrarse, y asegurarse de que sus hijos, el día de mañana, accedan a un buen trabajo".
Recordemos el hecho al cual se refiere. El 1º de marzo de 2018 había hecho público, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de ese entonces, el deseo del Gobierno de que el Poder Legislativo considerase la modificación del artículo 97 de la ley 26206 de educación nacional. Dicho artículo prohíbe la difusión de los resultados de las evaluaciones por escuela, impidiendo de esta forma que los padres accedan a información que les permitiría tener una visión más realista del nivel de la educación que reciben sus hijos. En palabras del Presidente: "Para poder involucrarnos, [los padres] tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. La única manera de mejorar es partir de la verdad, de un diagnóstico verdadero, transparente, público, a disposición de todos".
Es claro que la iniciativa quedó en el olvido frente al complicado año económico que nos ha tocado vivir. Una vez más lo importante fue desplazado por lo urgente, pero el hecho de que el pasado viernes haya sido revivida es motivo de optimismo.
En mayo de 2016 publiqué en este mismo espacio la primera de una serie de cuatro notas que sostienen que resulta indispensable modificar el artículo 97 de la ley 26206 de educación nacional a los fines de generar las condiciones para que una verdadera revolución educativa sea exigida por los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que hoy vive nuestro país. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual es imposible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
El artículo 97 establece: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia".
¿ Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Al impedir la publicidad de los resultados de cada escuela lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.
¿Estigmatización? Por supuesto, se debe preservar la identidad de los alumnos y los docentes, pero no así de las instituciones educativas. No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres; hacer público el resultado, a nivel escuela, de las evaluaciones despertaría a muchos padres, les haría ver la verdad, los indignaría y haría reaccionar.
La revolución educativa debe comenzar en el Congreso, no en las aulas. Muchos maestros son tan víctimas del sistema como los alumnos y arriesgan hasta su integridad física para educar a nuestros hijos. Modificar el artículo 97 de la ley 26006 es imprescindible. Ojalá nuestros representantes en el Congreso también lo entiendan así.
El autor es rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.