En la semana que comienza ganará relevancia el conflicto magisterial en Michoacán, donde los maestros disidentes mantienen un bloqueo a vías del ferrocarril que ha provocado millonarias pérdidas a la economía del estado.
También seguirá el debate de las reformas pendientes en el Congreso de la Unión, que son urgentes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre ellas, la integración de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa para tres delitos: el robo de combustible, la corrupción y el uso de programas sociales con fines electorales.
La tragedia de Tlahuelilpan seguirá en la atención pública, ahora en la cancha de la Fiscalía General de la República, que deberá dar resultado pronto de sus investigaciones sobre las responsabilidad de la explosión que ha dejado 114 muertos hasta el último parte médico de este fin de semana.
El conflicto magisterial en Michoacán
Esta semana la atención está puesta en Michoacán, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un bloqueo en vías del ferrocarril, desde 14 de enero.
Los maestros disidentes afirman que el gobierno estatal del perredista Silvano Aureoles les debe pagos que suman 5.000 millones de pesos y advierten que no levantarán sus bloqueos hasta que el gobernador cubra ese supuesto adeudo.
El gobernador, por su parte, acusa chantaje de la CNTE y pidió al gobierno federal resolver el conflicto, dado que las vías de tren son su responsabilidad.
De lado de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación insisten que el conflicto es competencia local y han ofrecido a Aureoles un adelanto de las participaciones federales para cubrir los pagos a los maestros.
Mientras tanto, la economía del estado está sufriendo estragos con importantes pérdidas por la imposibilidad de mover cargas por tren. A esto se suma además el efecto del desabasto de gasolina que limita el tráfico por carretera.
Prisión preventiva oficiosa, a debate
En el Congreso de la Unión hay trabajo por delante. La Cámara de Diputados, donde el partido Morena de López Obrador es mayoría, está comprometida a sacar adelante la reforma al artículo 19 de la Constitución para imponer prisión preventiva de oficio en delitos como robo de combustible, corrupción y uso de programas públicos con fines electorales.
Los diputados de Morena convocaron a audiencias públicas con expertos para considerar las opiniones, que en la mayoría de los casos se oponen a esta reforma. Estas audiencias están previstas para la primera semana de febrero.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales, como la ONU y la CIDH, consideraron que aumentar el número de delitos con aplicación de la prisión preventiva oficiosa es violatorio del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "el cual establece que esta no debe ser la regla"
La Guardia Nacional, atorada en el Senado
En el Senado los legisladores de Morena buscan acuerdos para sacar adelante el dictamen de la reforma constitucional que permita la integración de la Guardia Nacional.
Aunque la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen, su redacción no satisfizo las expectativas de López Obrador, quien ha pedido a los senadores hacer cambios para que la reforma sirva a los propósitos de seguridad del gobierno federal.
Los senadores de Morena habían previsto abrir un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación, pero la falta de acuerdos ha obligado a posponer su aprobación para el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero.
El abasto de gasolina, a contrarreloj
En el gobierno federal la atención seguirá puesta en el combate al robo de combustible y la estrategia de abasto en el país, que sigue con retrasos en estados como Jalisco, donde hay protestas ciudadanas por los efectos del desabasto.
Con la compra de carrotanques en Estados Unidos, el gobierno de López Obrador espera reforzar el abasto, en tanto avanza la estrategia de seguridad en ductos para impedir la instalación de tomas clandestinas y el robo.
Las pipas comenzarán a llegar en los próximos días, mientras avanza la contratación de choferes a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tlahuelilpan: la primera prueba de la Fiscalía General
La explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, seguirá en la atención pública. Ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República dar a conocer los avances de las investigaciones respecto de la tragedia que ha dejado un saldo de 114 muertos hasta el último parte médico del fin de semana.
En apego a su autonomía, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero ya no presentará la información en las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, y se prevé que convoque a conferencias posteriores para presentar los avances de las indagatorias, tanto del caso de Tlahuelilpan como del resto de las carpetas de investigación abiertas por delitos de "huachicol".
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