Preso y a la espera del juicio junto a Cristina, el primo de Kirchner tendrá otra indagatoria

Carlos Santiago Kirchner espera a ser juzgado junto a la ex presidente Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez en una causa por corrupción en la obra pública. Ahora también lo investigarán por no presentar la última declaración jurada

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(DyN)

Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente Néstor Kirchner que está preso desde hace un año por presuntas maniobras de entorpecimiento en la causa de la obra pública y que en febrero irá a juicio junto a la ex presidenta Cristina Fernández, sumó ahora otra causa judicial.

La Oficina Anticorrupción lo había denunciado por no presentar su declaración jurada cuando dejó el cargo, en diciembre de 2015. Según adelantaron a Infobae fuentes judiciales, ahora el juez federal Daniel Rafecas lo llamará a indagatoria para que explique por qué no cumplió con esa obligación.

Lo curioso es que al primo de Kirchner no habían podido notificarlo, según pudo saber Infobae. Precisamente, una de las razones por las que en su momento pidió el fiscal Gerardo Pollicita su detención es que habría brindado dos domicilios inexistentes y que habría llevado adelante maniobras para ocultar su patrimonio. Recién lo notificaron cuando cayó preso. Su defensa explicó que no podía hacerlo porque toda la documentación sobre su patrimonio estaba en el juzgado de Julián Ercolini, que lo investigó y procesó por la obra pública en Santa Cruz.

Cristina Kirchner (Matias Baglietto)
Cristina Kirchner (Matias Baglietto)

Precisamente, el próximo 26 de febrero comenzará el juicio oral contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por las numerosas obras encargadas en la provincia de Santa Cruz. En ese banquillo también estará sentado Carlos Santiago Kirchner, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública.

Carlos Santiago Kirchner está preso desde el 22 de diciembre de 2017, sospechado por haber realizado "un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la justicia la suma de prácticamente $4.000.000".

Mientras la causa se prepara para el juicio y Ercolini todavía tiene en sus manos un remanente de la investigación, el juez también puso bajo la lupa el patrimonio de Carlos Santiago Kirchner, por más de una quincena de propiedades y vehículos que no se ajustaría a su nivel de ingresos.

Por otra parte, la OA también denunció al primo de Néstor Kirchner por no presentar la declaración jurada con la que debe cumplir cada funcionario al dejar su cargo, una obligación que pesa para todos los que pasan por la gestión. Fue en diciembre de 2015, más allá de que ese año Kirchner hubiese presentado la que le correspondía a ese período, señalaron las fuentes.

El caso recayó en el juzgado de Rafecas. El fiscal Pollicita impulsó la investigación y pidió llamarlo a indagatoria. Sin embargo, al analizar la causa, Rafecas entendió que debía tramitarse por conexidad en el juzgado de Ercolini. Sin embargo, Ercolini no estuvo de acuerdo porque entendió que se trataba de cuestiones distintas y se planteó un tema de competencia que dirimió el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

Según la resolución, "las coincidencias apuntadas por el juez declinante (Rafecas) resultan insuficientes para esclarecer los extremos requeridos por el código de forma para afirmar, en este estado de la investigación, la pretendida vinculación procesal", sin perjuicio "de la eventual conexidad que en el futuro pudiera plantearse con el avance de la pesquisa".

Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, con esta decisión, cuando se renueve la actividad judicial tras la feria, Rafecas llamará a indagatoria a Carlos Kirchner para que explique por qué no presentó esa declaración jurada. Para el 26 de febrero, en tanto, lo espera el Tribunal Oral Federal 2 para el juicio de la obra pública.

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