En forma coincidente con el retiro del Yantar, el último buque extranjero que colaboró en la búsqueda del submarino ARA San Juan, el gobierno nacional convocó a una compulsa de precios internacional para la contratación de un equipo de búsqueda submarina con el objetivo de dar con la nave en las profundidades del Atlántico Sur.
El proceso licitatorio duró algunas semanas, y de las nueve firmas que se presentaron, solo una llegó a calificar para ingresar en la etapa de preadjudicación. Se trata de la firma española Igeotest SL, dedicada a la geología marina pero no específicamente especialista en búsquedas bajo la superficie del mar. La empresa está compuesta por ciudadanos argentinos relacionados con la actividad de la Armada Argentina.
De acuerdo a la normativa vigente (decretos 1023/01 y 1030/16), una comisión evaluadora integrada por personal del Ministerio de Defensa y asesorada por un grupo de oficiales de la Armada emitió un dictamen de precalificación aprobatoria que desembocó en una denuncia penal promovida por una de las querellas que representan a las familias de los marinos desaparecidos.
En la denuncia, la abogada Valeria Carreras señaló supuestas inconsistencias en la documentación societaria de la firma preadjudicada. En ese sentido, la letrada aseguró que los datos societarios de la firma que se presentaron difieren de los correspondientes a los que fueron presentados en la instancia previa a la adjudicación.
Carreras también objetó diversas cuestiones técnicas atinentes al equipamiento ofrecido por la firma, a su presunta indisponibilidad en el corto plazo y a la nula experiencia en tareas de búsqueda. Como contrapartida, el titular de Igeotest, Marcelo Devincenzi (quien se encuentra en Buenos Aires), sostuvo que confía en que cualquier defecto en la oferta de la empresa podrá ser solucionado.
No obstante, en una reunión que mantuvo hoy con un grupo de familiares de los tripulantes del San Juan, el ministro de Defensa Oscar Aguad manifestó que mañana, y luego de que se expida la Oficina Nacional de Contrataciones, el Gobierno tomará la decisión final sobre si dar o no por caído el proceso de contratación. Todo parece indicar que el organismo estatal le bajará el pulgar al expediente en cuestión.
Según pudo saber Infobae, de suspenderse la contratación, el Estado intentará adquirir directamente el dispositivo de búsqueda submarina (AUV), cuyo costo es casi igual al alquiler del mismo por 100 días (unos USD 3.500.000). Fuentes involucradas aseguraron a Infobae que la empresa proveedora brindaría además personal para operar al AUV y ofrecería capacitación a técnicos locales para habilitarlos en tareas de búsqueda en otros siniestros. Asimismo, el Gobierno podría contar con un equipo en préstamo hasta que concrete la entrega de una unidad AUV sin uso, cuya disponibilidad no sería inmediata.
De la reunión en la sede de Defensa participaron la secretaria de Coordinación de Emergencias Graciela Villata, el director general de Asuntos Jurídicos Juan Mocoroa y el jefe interino de la Armada, vicealmirante José Luis Villán.
Algunos familiares expresaron su malestar por las demoras sufridas en la continuidad de las tareas de búsqueda y no descartaron realizar alguna medida de presión, como permanecer por tiempo indefinido en las instalaciones del propio Ministerio de Defensa.
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