La Policía brasileña detuvo al presidente de la Federación de Comercio de Río de Janeiro, Orlando Diniz, por su supuesta participación en la trama corrupta que operó en la Administración de ese estado, informaron fuentes oficiales.
La acción es una extensión de la Operación Lava Jato, que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que llevó a destapar otra trama en la Gobernación de Río de Janeiro que actuó en todos los sectores de la Administración Pública fluminense.
De acuerdo con los investigadores, Diniz desvió al menos tres millones de reales (cerca de un millón de dólares) de dos entidades públicas -Sesc y Senac- para la firma Thunder Assessoria Empresarial, donde figura como socio administrador.
Según las autoridades, Diniz supuestamente usó la estructura montada por la red del ex gobernador de Río Sergio Cabral, ya preso y con más de veinte acciones penales abiertas en la Justicia, para lavar el dinero.
Uno de los métodos para el desvío de recursos públicos se hacía mediante la contratación de funcionarios fantasma con dinero que iba destinado a Sesc y Senac, de acuerdo con la Policía Federal.
Diniz ya fue apartado en diciembre pasado del cargo de presidente de Sesc y Senac en Río por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) a través de una orden cautelar que ya apuntaba diversas irregularidades en su desempeño.
La investigación indica que las contrataciones fantasma fueron realizadas a solicitud de Cabral para aumentar la cuantía de los sobornos que eran regularmente distribuidos a sus operadores más cercanos y parientes.
Ante estos indicios, el juez Marcelo Bretas, de la Séptima Corte Federal Criminal de Río de Janeiro, emitió la orden de prisión preventiva para Diniz y para otras tres personas más implicadas en la red corrupta.
Anteriormente, la Policía también reveló la transferencia de más de 13 millones de reales (unos cuatro millones de dólares) de la Federación de Comercio de Río al bufete de abogados de Adriana Ancelmo, esposa del exgobernador Sergio Cabral.
Las autoridades encargadas del caso sostienen que, entre 2006 y 2017, los desvíos en la Administración de Río llegaron al menos a los 300 millones de reales (unos 90 millones de dólares).
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