Audiencia clave en EE.UU. sobre el régimen de Nicaragua: sanciones, migración y el “estado policial unifamiliar”

El Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental celebrará el 5 de junio de 2026 una audiencia sobre Nicaragua para revisar sanciones económicas, violaciones de derechos humanos y los vínculos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con potencias extranjeras, con el testimonio de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su testimonio no clasificado para la audiencia titulada “Enfrentando al régimen totalitario Ortega-Murillo”, Ana Quintana-Lovett afirmó que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a los “estados antiestadounidenses y rebeldes” del hemisferio, incluida Nicaragua.

Según ese documento, la estrategia estadounidense busca frenar la facilitación de la migración irregular hacia Estados Unidos, proteger a ciudadanos y empresas estadounidenses en territorio nicaragüense, desarticular alianzas adversarias y poner fin a abusos contra los derechos humanos.

Quintana-Lovett sostuvo en el mismo testimonio que el mensaje de Washington sobre migración contribuyó a reducir el promedio de cruces fronterizos diarios en el suroeste de Estados Unidos en 94% respecto de la administración anterior. También indicó que Nicaragua acepta vuelos de deportación “en los términos y con la frecuencia” fijados por Estados Unidos.

Washington llevará al Congreso su evaluación sobre sanciones, migración y derechos humanos en Nicaragua

La funcionaria del Departamento de Estado describió a Nicaragua como un “estado policial unifamiliar” desde 2018, controlado por Rosario Murillo y Daniel Ortega con apoyo de adversarios externos y redes corruptas. Según su testimonio, en 2025 ambos reescribieron “ilegalmente” la Constitución para elevar a Murillo al cargo de copresidenta sin “siquiera la apariencia de elecciones”.

La evaluación oficial presentada ante el Congreso estadounidense sostiene que miles de opositores políticos han sido silenciados, exiliados o encarcelados en condiciones “horribles”, entre ellos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Quintana-Lovett agregó que continúan los arrestos que calificó de injustos y que las liberaciones quedan sujetas a vigilancia policial constante, acoso y restricciones de movimiento.

El documento también afirma que el régimen ha utilizado medios de comunicación controlados por el Estado para dar acceso ilimitado a plataformas estatales de China, Rusia y Cuba con el fin de amplificar propaganda antiestadounidense. A eso sumó la acusación de que esas relaciones permiten actividades de recopilación de inteligencia de adversarios de Estados Unidos en Centroamérica.

El testimonio atribuye al régimen una ofensiva contra la Iglesia católica y una mayor cercanía con Rusia, China, Cuba e Irán

Quintana-Lovett señaló que las violaciones a la libertad religiosa “persisten sin cesar” en Nicaragua. De acuerdo con su testimonio, más de 300 clérigos y religiosas católicas fueron exiliados, expulsados o impedidos de regresar al país, mientras que la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan riesgo de apatridia.

La funcionaria añadió que Ortega y Murillo han profundizado sus vínculos con Rusia, China, Cuba e Irán. Según la exposición remitida al Congreso, esas alianzas sostienen una red de vigilancia con agentes del partido sandinista en cada barrio y ministerio, además de aportar inversiones que enriquecen a la dictadura.

En materia de presión económica, Quintana-Lovett indicó que el mes pasado Estados Unidos impuso sanciones financieras a 12 personas y entidades vinculadas al sector aurífero nicaragüense y a dos hijos de los gobernantes, Maurice Facundo y Daniel Edmundo. También recordó que en noviembre de 2025 Washington aplicó restricciones de visado bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a nicaragüenses acusados de facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos.

La funcionaria afirmó además que en febrero las autoridades nicaragüenses cedieron a la presión estadounidense y pusieron fin a la exención de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos Cuba y Haití. Presentó esa decisión como un avance en la reducción del papel de Managua como plataforma de acceso a la frontera sur de Estados Unidos.

Quintana-Lovett aseguró que la presión pública de Washington contribuyó a la liberación de casi 80 presos políticos desde noviembre de 2025. Añadió que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo la liberación de todos los detenidos políticos en Nicaragua.

El testimonio también vincula el momento político de Managua con un mayor aislamiento interno y externo de Ortega y Murillo tras la operación policial del 3 de enero contra Nicolás Maduro y los cambios políticos en el hemisferio.

Bajo la dirección del secretario Rubio, agregó Quintana-Lovett, el Departamento de Estado planea usar “soluciones audaces” para proteger la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en Centroamérica.