¿Dónde está Angélica Chavarría? La cuñada que Daniel Ortega oculta en el calabozo más oscuro de Nicaragua

Angélica Patricia Chavarría Altamirano desapareció tras la muerte de su esposo, el exjefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega Saavedra, (hermano de Daniel Ortega), quien falleció bajo custodia estatal el 30 de septiembre de 2024.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida y detalles sobre su paradero, en un contexto de creciente denuncia internacional sobre desapariciones forzadas y represión política en el país.

Chavarría Altamirano, de 38 años, no solo era la pareja sentimental de Humberto Ortega, sino también cuñada y concuñada de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente. Su vínculo familiar la ubica en el círculo directo del poder. Trabajaba en el sector inmobiliario y contaba con formación en administración, sin antecedentes políticos notorios, hasta que la represión alcanzó su entorno por la postura crítica de su esposo frente al régimen.

La desaparición de Chavarría quedó marcada por los acontecimientos que rodearon el último año de vida de Humberto Ortega. El detonante fue una entrevista publicada el 19 de mayo de 2024 por Infobae y realizada por el periodista nicaragüense Fabián Medina.

El artículo, expuso declaraciones que impactaron de manera directa al círculo presidencial de El Carmen, ya que abordaron el tema de la sucesión dinástica que busca consolidar Rosario Murillo junto a sus hijos.

Tras la publicación de la entrevista, el régimen de Ortega acusó a Humberto Ortega de traición a la patria y dispuso su arresto domiciliario e incomunicación.

Chavarría Altamirano fue detenida el mismo día y desde entonces permanece en desaparición forzada, según denunció el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.

Custodia, aislamiento y la negativa a atención médica: el trato del régimen a Humberto Ortega

La salud de Humberto Ortega se encontraba gravemente comprometida desde hacía años. Padecía insuficiencia coronaria, problemas circulatorios crónicos y necesitaba marcapasos. Tras la entrevista, el régimen instaló una “unidad médica” del Ministerio de Salud en la casa del exjefe militar, que, según denunciaron familiares y activistas, solo servía para vigilarlo y mantenerlo incomunicado.

Se le confiscaron los teléfonos y se le prohibió recibir atención médica externa. Varias fuentes subrayaron que el aislamiento y la falta de acceso a sus propios médicos aceleraron su deterioro físico.

En junio de 2024, ante el agravamiento de su condición cardíaca, Ortega fue trasladado al Hospital Militar de Managua. Según testimonios por varios medios, su habitación fue convertida en una suerte de celda de aislamiento.

El Estado impidió que Chavarría pudiera acompañarlo. Durante más de tres meses, Ortega permaneció completamente solo, privado de contacto con sus familiares y allegados.

El 30 de septiembre de 2024, falleció en el hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio y un choque cardiogénico, de acuerdo con el parte médico oficial.

Sin embargo, la oposición y organismos de derechos humanos sostienen que su muerte se debió a un “asesinato de Estado en cámara lenta”, resultado directo del aislamiento y la falta de atención adecuada.

La reacción del régimen ante la muerte del fundador del Ejército Popular Sandinista fue fría. Se limitaron a emitir comunicados reconociendo su rol histórico, sin honores de Estado ni ceremonias públicas.

Los restos de Humberto Ortega fueron cremados en secreto el mismo día de su deceso, sin permitir la presencia de su familia ni de su pareja, cuya situación legal y física sigue siendo desconocida.

A partir de ese momento, la desaparición de Angélica Patricia Chavarría Altamirano cobró mayor notoriedad internacional. La CIDH otorgó medidas cautelares en su favor y múltiples ONG, como el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, reclamaron información inmediata sobre su paradero, acceso familiar y médico, así como garantías para su integridad.

El Colectivo también tramitó una acción urgente ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, sin obtener respuesta del Estado nicaragüense.

Para la CIDH y la oposición, la desaparición de Chavarría Altamirano responde a un doble objetivo: castigar a quienes facilitaron la difusión de críticas internas y enviar un mensaje de advertencia a cualquier potencial disidente, incluso dentro del círculo familiar presidencial.