
El costo de adquisición de camiones y buses eléctricos se mantiene como una de las principales trabas para la descarbonización del transporte por carretera. Según la encuesta Green Compact 2026 de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), el precio de los vehículos es hoy una barrera para el 66% de los transportistas de Europa Occidental y para el 78% de los de Europa del Este.
Frente a ese escenario, el sector financiero propone un cambio de enfoque: dejar de mirar solo el precio de lista y evaluar el costo total de propiedad, que incluye energía, mantenimiento, nivel de utilización, financiamiento y el valor del vehículo al terminar su primera vida útil. En ese cálculo ganan protagonismo el arrendamiento operativo y la gestión del valor residual.
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Para el transporte de cargas de Argentina y América Latina, donde la renovación de unidades está estrechamente ligada al acceso al crédito, el debate europeo ofrece una referencia sobre los instrumentos que podrían acompañar una futura migración hacia tecnologías de cero emisiones en rutas y centros de distribución.
Del precio de lista al costo a lo largo del tiempo
El leasing permite que el desembolso inicial de una unidad eléctrica resulte más manejable, ya que los pagos se distribuyen durante toda su vida útil. Además, el valor futuro del vehículo puede incorporarse a la estructura del contrato, lo que reduce las cuotas periódicas que afronta la empresa de transporte.
Según el director global de Transición Energética de una firma especializada en financiamiento de activos de transporte, un contrato de arrendamiento operativo puede modificar por completo la conversación: la pregunta deja de ser cuánto cuesta el camión hoy y pasa a ser cuánto le costará a la compañía con el paso del tiempo y quién está mejor posicionado para gestionar los riesgos.
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El primer paso, explicó el especialista, es identificar qué motiva el abandono de los motores de combustión interna. Puede tratarse de exigencias regulatorias, metas de sostenibilidad, pedidos de los clientes o cálculos de costos, y cada caso requiere un análisis distinto de rutas, niveles de utilización, infraestructura de recarga y ciclos de renovación de flota.
El valor residual, la gran incógnita
La degradación de las baterías, la velocidad del cambio tecnológico y la falta de certezas sobre el futuro mercado de usados hacen que el valor de reventa de un vehículo comercial eléctrico sea más difícil de anticipar que el de un equivalente diésel, una tecnología ya consolidada.
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En muchos esquemas de arrendamiento operativo, es la entidad financiera la que asume ese riesgo del valor residual. Así, el operador obtiene mayor previsibilidad sobre el costo de uso, mientras el financista estima el valor probable del activo al cierre del contrato según el uso previsto, la capacidad de la batería, el avance tecnológico, el nivel de adopción y las garantías del fabricante.
Ese mercado todavía está en una etapa inicial. Muy pocos camiones y buses eléctricos completaron su primer ciclo de financiamiento y llegaron a la reventa. La expectativa del sector es que una mayor oferta de unidades usadas, datos más confiables sobre el estado de las baterías y garantías más extensas permitan proyectar esos valores con más precisión.
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Una brecha que separa a grandes y pequeños operadores
La encuesta de la IRU también expuso una marcada diferencia según el tamaño de las empresas. En Europa Occidental, el 87% de los operadores con facturación anual superior a 100 millones de euros prevé invertir en vehículos eléctricos a batería, frente a apenas el 26% de las compañías más pequeñas, que además enfrentan mayores dificultades para acceder a crédito.
Las grandes flotas suelen contar con equipos y presupuestos para probar nuevas tecnologías. En cambio, los transportistas de menor escala tienen menos margen de error: una unidad que no completa su recorrido o un sistema de carga que no responde como se esperaba puede afectar seriamente la continuidad operativa del negocio.
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Desde el sector financiero señalan que el mercado empieza a ampliarse más allá de los primeros usuarios, con un interés creciente de los operadores medianos a medida que mejoran los vehículos y aumenta la información disponible. Al incorporar el valor futuro del activo, el financiamiento reduce la inversión inicial y traslada los riesgos de depreciación y obsolescencia.
Infraestructura y reglas claras, las otras condiciones
Aun así, el financiamiento por sí solo no resuelve la transición. El especialista señaló que, si tuviera que elegir un factor determinante, sería la infraestructura de carga: los operadores necesitan la certeza de que las unidades pueden cumplir la función para la que fueron adquiridas y de que las redes eléctricas pueden abastecer flotas más grandes.
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La estabilidad regulatoria también pesa. Los financistas toman decisiones con horizontes de varios años, y los cambios frecuentes en normas, incentivos o impuestos elevan la incertidumbre sobre la demanda futura, los valores residuales y el riesgo crediticio, lo que termina impactando en la estructura y el precio de las operaciones.
Con reglas estables y una red de recarga más extendida, el sector financiero anticipa que el financiamiento de vehículos con combustibles alternativos se volverá cada vez más habitual y que la distancia entre grandes y pequeños operadores tenderá a acortarse. Para las cadenas de suministro, esa convergencia será clave para que la electrificación avance más allá de las flotas de mayor escala.
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