Gobierno ajusta condiciones para la importación de motocicletas con beneficios arancelarios

El Gobierno argentino implementó cambios en las reglas mediante las cuales las empresas automotrices pueden importar motocicletas y vehículos similares desarmados con beneficios fiscales. Según el Decreto 1069/2024, publicado en el Boletín Oficial, se mantendrá la exención arancelaria para estas importaciones, pero ahora con nuevos requisitos relacionados con la cantidad mínima de partes fabricadas en Argentina que deben incluirse en la producción.

El decreto establece que las compañías beneficiarias deberán cumplir con un Valor Agregado Local Mínimo del 5% sobre el total de su actividad en el país y un 2% para cada modelo de vehículo producido bajo el régimen. Estas modificaciones reemplazan las reglas anteriores, que aplicaban un porcentaje único y menos específico para todas las actividades. Según la publicación oficial, firmada por el presidente Javier Milei, estas nuevas condiciones están diseñadas para “mejorar la incidencia del régimen en los productos alcanzados” y permitir que las empresas adapten su modelo de negocio a sus capacidades técnicas y necesidades de mercado.

El Decreto 1069/2024 redefine los elementos considerados para calcular el Valor Agregado Local Mínimo. Las piezas, subconjuntos y sistemas fabricados en el territorio nacional, excluyendo las producidas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, serán contabilizadas como bienes nacionales. Por otro lado, solo los vehículos incompletos y totalmente desarmados importados bajo este régimen se contarán como bienes importados. Esta modificación busca alinear el cálculo con la realidad productiva, asegurando que las empresas cumplan con los requisitos sin que esto comprometa su competitividad.

La nueva fórmula permite mayor flexibilidad en la forma en que las compañías pueden operar. Desde ensamblar vehículos importados hasta incorporar más componentes nacionales, cada empresa podrá elegir la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades. Este cambio resulta fundamental para fabricantes que operan con modelos de negocio diversos o que enfrentan complejidades técnicas específicas en la producción de motocicletas y vehículos similares.

La implementación del nuevo régimen promete un impacto significativo en la industria automotriz local. Reducir las exigencias de integración local por modelo facilita que las empresas amplíen su oferta de productos y optimicen los costos operativos. Al mismo tiempo, el decreto incentiva la incorporación de piezas nacionales en vehículos destinados tanto al mercado interno como a la exportación, impulsando el desarrollo de proveedores locales y fomentando la creación de empleo en la cadena de valor.

El artículo 2 del decreto señala que los nuevos requisitos comenzarán a aplicarse para el período 2024, y las empresas beneficiarias deberán acreditar anualmente el cumplimiento de los valores establecidos. Este plazo permite que los fabricantes ajusten sus procesos productivos y de suministro para adaptarse a las nuevas reglas, ofreciendo un horizonte de previsibilidad para la planificación industrial.

El régimen actualizado refleja un esfuerzo del Gobierno por equilibrar los incentivos fiscales con el fortalecimiento de la industria nacional. Al permitir que las empresas decidan cómo implementar su modelo de negocio, ya sea con más integración local o ensamblando vehículos terminados, el decreto introduce flexibilidad en las operaciones, algo clave para competir en un mercado regional cada vez más exigente.

Además, la medida reconoce la importancia de promover el desarrollo de proveedores locales. Al incentivar el uso de componentes fabricados en el país, se fomenta la generación de empleo, la transferencia tecnológica y el crecimiento de industrias relacionadas, consolidando a la industria automotriz como un motor estratégico para la economía argentina.

El Decreto 1069/2024 redefine las condiciones de uno de los principales regímenes fiscales para el sector automotriz, con la intención de adaptarse a las necesidades de las empresas sin perder de vista el objetivo de promover la producción nacional. Este ajuste podría ayudar a posicionar a la industria argentina en el Mercosur y abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales, siempre que las empresas logren optimizar sus procesos bajo las nuevas reglas.

La publicación oficial marca un paso relevante en la búsqueda de equilibrio entre los beneficios fiscales y el desarrollo industrial sostenible, un desafío crucial en el contexto económico actual del país.