Importación de autopartes: se modifican aranceles para la emisión de un certificado obligatorio

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunció una actualización de aranceles para la emisión del Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS). La medida, establecida mediante la Resolución 23/2024 publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo reflejar los costos actuales de los servicios ofrecidos por el organismo. El ajuste impacta directamente en las operaciones de comercio exterior vinculadas a la importación y comercialización de autopartes, un sector clave para la logística y la industria automotriz.

La Resolución, firmada por el Director de Planeamiento y Comercialización del INTI, establece que los nuevos valores regirán desde la fecha de publicación en el sitio oficial del instituto. Según el documento, el CHAS es un requisito obligatorio para que autopartes y elementos de seguridad puedan ser importados, comercializados o transferidos dentro del territorio argentino. Este certificado garantiza que los productos cumplen con las normativas de seguridad locales, asegurando la calidad de los bienes destinados al mercado de reposición.

El comercio exterior de autopartes, uno de los segmentos más dinámicos de la industria automotriz, enfrenta nuevos desafíos con estos cambios arancelarios. Importadores y exportadores deberán ajustar sus presupuestos para absorber los costos actualizados de certificación, lo que podría influir en la competitividad de los productos en el mercado internacional. Según datos de la Cámara de Comercio de Autopartes, este sector representa una parte significativa de las operaciones logísticas y comerciales del país.

Empresas del sector destacan que la homologación no solo es un requisito técnico, sino también un mecanismo para garantizar la seguridad y la confianza de los consumidores. Al aumentar los aranceles, el INTI busca garantizar la sostenibilidad del sistema de certificación, pero también introduce presiones adicionales para los actores del comercio exterior, quienes deberán repensar sus estrategias para mantener márgenes de rentabilidad.

La resolución incluye la obligación de publicar los valores actualizados de los aranceles en el sitio oficial del INTI, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso público a esta información. Este paso se encuentra alineado con la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que exige a los organismos descentralizados, como el INTI, ofrecer información clara y estructurada para los interesados.

La actualización de los aranceles no modifica la política de bonificaciones existente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Según lo establecido en la Resolución 28/21, estas empresas continuarán accediendo a un descuento del 23% sobre los servicios regulados y no regulados, siempre que presenten el Certificado MiPyME correspondiente.

En este contexto, las empresas del sector automotriz deberán prestar atención a los nuevos valores y evaluar cómo impactan en sus costos operativos y estrategias comerciales. La homologación sigue siendo un componente clave para garantizar la trazabilidad y la seguridad en el mercado interno, al tiempo que permite a las empresas argentinas competir en el comercio exterior con productos certificados bajo estándares internacionales.

La Resolución 22/2024, también publicada en el Boletín Oficial este jueves, complementa los esfuerzos regulatorios al modificar las condiciones para determinar la inexistencia de producción nacional de ciertos bienes. Este cambio resulta crucial para la autorización de importaciones con beneficios arancelarios, afectando directamente a empresas que necesitan acceder a productos específicos no fabricados en el país.

El ajuste en los procedimientos de verificación prioriza una evaluación más rigurosa y transparente por parte de las autoridades, lo que busca garantizar un equilibrio entre el fomento del comercio exterior y la protección de la industria nacional. Estas modificaciones también permiten un análisis más detallado de los productos importados, asegurando que cumplan con los estándares de calidad y trazabilidad requeridos.

En términos de comercio exterior, la resolución impacta a los importadores que operan en sectores estratégicos, ya que redefine los criterios para acceder a beneficios fiscales. Este enfoque obliga a las empresas a ser más precisas en la justificación de sus solicitudes, lo que podría ralentizar ciertos procesos pero también mejorar la competitividad de los productos nacionales frente a los importados.

Ambas normativas reflejan el compromiso del Gobierno por equilibrar la apertura comercial con el fortalecimiento de sectores clave para la economía argentina. A través de estos cambios, las autoridades buscan optimizar los procedimientos regulatorios en favor de un comercio más transparente y competitivo.