El Gobierno de Bolivia, encabezado por Luis Arce, decidió aprobar un decreto que autoriza por un año a sectores privados la importación y comercialización de diésel y gasolinas. La medida, anunciada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, responde a la persistente escasez de combustibles que ha afectado al país durante meses, generando bloqueos de vías en varias ciudades en la jornada del miércoles. Esta decisión se enmarca en el contexto de una crisis de abastecimiento, intensificada en las últimas semanas por protestas y bloqueos de seguidores del ex presidente Evo Morales, quienes reclamaron por diversas cuestiones judiciales en su contra.
El decreto, comunicado por Gallardo, tiene como objetivo permitir que tanto personas naturales como jurídicas privadas accedan de forma excepcional al mercado de importación de combustibles, una solicitud que ya había sido planteada previamente por sectores productivos y de transporte en reuniones con autoridades del Gobierno. Según el ministro, la medida busca ofrecer una opción adicional de abastecimiento para aquellos sectores que dependen de manera crítica de los combustibles.
“Es una opción más que se tiene para que algunos sectores puedan realizar esta importación y abastecer sus actividades de manera directa”, indicó Gallardo, quien además aseguró que esta norma no afecta las importaciones a cargo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encargada de comercializar combustibles a precios subvencionados en el mercado interno.
Una medida temporal para aliviar la crisis
La autorización para importación y comercialización privada regirá por un año, período en el cual se espera regularizar la provisión mediante una reglamentación adicional, cuyos detalles aún no fueron revelados. El decreto se suma a disposiciones previas que permitían la importación privada de combustibles, ampliando ahora la posibilidad de venta en el mercado interno.
Para sectores productivos y transportistas, la normativa abre una oportunidad temporal para paliar la falta de diésel y gasolina, un desabastecimiento que ha derivado en largas filas en las estaciones de servicio y ha provocado la paralización de actividades de transporte público y pesado en todo el país.
Gallardo ratificó que el precio subvencionado de diésel y gasolina en Bolivia, fijado en 3,72 y 3,74 bolivianos por litro, respectivamente (unos 0,53 dólares), se mantendrá inalterado para la distribución de YPFB. No obstante, la introducción en septiembre de la gasolina “ultra premium 100″, a un precio de 6,71 bolivianos por litro, ha generado un punto de comparación respecto al costo de los combustibles importados, cuyo precio se ajusta en función de la cotización internacional del petróleo.
Desafíos económicos y sociales en torno a los combustibles
Bolivia ha enfrentado crecientes dificultades para garantizar el suministro de combustibles debido a la falta de divisas, un factor clave señalado por analistas y sectores productivos que cuestionan la capacidad del Gobierno para asegurar la continuidad de la provisión.
Sin embargo, la empresa petrolera estatal anunció que la distribución de diésel y gasolina se normalizará en un plazo de 10 días desde la entrada en vigor del decreto, aunque expertos económicos dudan de este compromiso y advierten sobre la carga fiscal que implica mantener la subvención de los combustibles, cuyo costo se estima en al menos 2.000 millones de dólares anuales.
En ese marco, presionado por un contexto de crisis y demandas sociales, el Gobierno de Bolivia enfrenta la difícil tarea de balancear las exigencias de sectores productivos y transportistas con las restricciones fiscales y de divisas. Si bien el decreto representa una medida temporal, la necesidad de una estrategia de largo plazo para reducir la dependencia en el suministro externo y garantizar la estabilidad del sector energético se torna cada vez más relevante para evitar futuras crisis de abastecimiento.
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