RIGI: se modificó reglamentación para promover inversiones extranjeras e importaciones productivas

El Poder Ejecutivo introdujo modificaciones clave al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 940/2024, complementado por la Resolución 1074/2024 del Ministerio de Economía. Estas medidas buscan generar condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica para atraer proyectos de inversión a gran escala en la Argentina. Según la normativa, la finalidad es ofrecer incentivos específicos para empresas que desarrollen proyectos únicos, con un enfoque en la importación de bienes de capital y tecnología, y garantizar una trazabilidad eficaz de las operaciones de comercio exterior.

El Decreto 940/2024, firmado por el Presidente y publicado en el Boletín Oficial, introduce nuevas disposiciones que facilitan la operación de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y proveedores de bienes adheridos al RIGI. Entre los principales cambios se incluyen la creación de sucursales dedicadas, un sistema de control de mercaderías más robusto y una serie de requisitos más claros para los actores involucrados.

La normativa incorpora la figura de la “Sucursal Dedicada”, que permite a sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o extranjeras establecer una sede específica destinada al desarrollo de un Proyecto Único adherido al RIGI. Esta disposición ofrece un marco de estabilidad y flexibilidad para proyectos a largo plazo, incentivando la inversión extranjera y nacional en sectores clave. Además, se fijan nuevas reglas para proveedores locales, con un énfasis en la importación de bienes de capital y tecnología de la información y telecomunicaciones.

El artículo 8 del Decreto 940/2024 define que solo se permitirá la provisión de bienes intermedios importados si se han transformado industrialmente para generar productos de capital identificados como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT). Este criterio busca fomentar el valor agregado y la industrialización local, en lugar de la simple reventa de productos importados. La medida también asegura que los proyectos estratégicos de largo plazo mantengan un nivel de inversión mínimo y se alineen con los objetivos de desarrollo industrial y tecnológico.

La Resolución 1074/2024 establece un mecanismo de trazabilidad aduanera mediante un sistema de interoperabilidad digital entre el Ministerio de Economía, la AFIP (ahora ARCA) y el Banco Central. Este sistema busca certificar que los bienes importados por los proveedores adheridos al RIGI sean destinados exclusivamente a los proyectos que cumplan con los requisitos del régimen. La normativa impone que los proveedores registren sus mercaderías en una plataforma digital centralizada para facilitar el control y la automatización de los trámites.

El objetivo de este sistema es brindar mayor seguridad jurídica y agilizar las operaciones de importación, lo cual se traduce en un entorno de negocios más confiable para las empresas extranjeras. Según las disposiciones del Decreto 940/2024, los proveedores deben garantizar la transformación de las mercaderías importadas mediante un salto de partida arancelaria, un criterio que se puede ajustar si la autoridad de aplicación lo considera necesario.

Ambas normativas asignan a la Secretaría de Industria y Comercio la responsabilidad de definir los criterios de origen nacional de los bienes, así como la gestión de las importaciones a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Este esquema promete una simplificación de los trámites de comercio exterior y facilita la importación de bienes de capital bajo el régimen promocional, con una validación automática de las licencias y permisos en el sistema informático de aduanas.

Además, la Resolución 1074/2024 detalla el procedimiento de facturación mínima anual que los proveedores deben cumplir para mantener su adhesión al régimen. Esta medida obliga a los actores involucrados a demostrar un volumen mínimo de operaciones, asegurando la continuidad y efectividad de los proyectos de inversión.

El nuevo marco legal representa un impulso para los proyectos de exportación estratégicos y de largo plazo. El Gobierno apunta a generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para las inversiones, lo que se espera atraiga capital extranjero en sectores clave como la infraestructura, la tecnología y la energía. Además, el RIGI propone incentivos cambiarios a través del Banco Central, otorgando facilidades de acceso al mercado de divisas para los proyectos adheridos al régimen.

Al dotar de una estructura clara y uniforme a los procesos de adhesión y baja de los proyectos, el Gobierno busca consolidar un entorno de inversión estable, garantizando el acceso a beneficios fiscales y aduaneros para proyectos estratégicos. Esto podría traducirse en un aumento de la competitividad de las empresas nacionales en el mercado global, así como en una mayor integración de las cadenas de valor internacionales.

Este conjunto de medidas también prevé la creación de un Comité Evaluador de Proyectos, encargado de revisar y emitir recomendaciones no vinculantes para la aprobación de las solicitudes de adhesión al RIGI. El comité actuará como un órgano técnico que garantizará la transparencia y la eficiencia en la asignación de los incentivos.

La combinación de estas medidas constituye un paso hacia un entorno de inversión más sólido y predecible, con reglas claras que promueven la seguridad jurídica, la competitividad y la integración al comercio exterior.