La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía oficializó una prórroga automática de 120 días para las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos que no se exportan a granel, como bolsas o bultos. Esta medida, dispuesta a través de la Resolución 68/2024 y publicada este martes en el Boletín Oficial, tiene el objetivo de mitigar los efectos negativos sobre el comercio exterior argentino generados por la crisis en el transporte marítimo internacional de contenedores.
La falta de espacio en los buques y la escasez de contenedores vacíos generan dificultades para que los exportadores puedan cumplir con sus compromisos. La información oficial indica que estas complicaciones se agravan por tensiones geopolíticas y problemas técnicos en las principales rutas de comercio, lo que ha provocado un fuerte aumento en las tarifas de fletes y la interrupción de los itinerarios de buques que arriban a los puertos argentinos.
Estos problemas han provocado que numerosos exportadores enfrenten incumplimientos contractuales, ya que los plazos de embarque otorgados por la Secretaría se han vuelto imposibles de cumplir en muchos casos.
Crisis logística en los principales puertos
La Resolución 68/2024 menciona que los puertos de Buenos Aires, Zárate y Rosario, que son clave para las exportaciones argentinas, están experimentando una elevada cantidad de omisiones de barcos y numerosos roleos de carga, lo que significa que las líneas navieras están dejando parte de la carga planificada en puerto para no retrasarse. Esa situación ha generado un deterioro en la logística nacional y afectado la capacidad del país para mantener un flujo constante de exportaciones.
Según la evaluación oficial, el primer semestre de 2024 no alcanzó el 50% del volumen promedio de carga containerizada registrado en años anteriores, lo que anticipa un año especialmente bajo para este tipo de exportaciones. A pesar de los esfuerzos por mejorar la infraestructura logística del país, los puertos argentinos no han logrado compensar el desequilibrio global en el flujo de contenedores, lo que agrava aún más el impacto en el comercio exterior argentino.
Impacto en las cadenas de suministro
La incertidumbre sobre la disponibilidad de espacios en los buques y la falta de contenedores vacíos generan grandes costos adicionales para los exportadores, que se ven forzados a renegociar contratos y enfrentar interrupciones en las cadenas de suministro acordadas con sus clientes del exterior. La situación es comparable, según la Resolución, a los trastornos logísticos vividos durante la pandemia de Covid-19 y las recientes alteraciones causadas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
En respuesta a este escenario crítico, la prórroga de 120 días otorgada por la Secretaría de Agricultura ofrece una solución inmediata a los exportadores de productos no a granel, quienes ahora tendrán más tiempo para coordinar sus envíos y evitar sanciones o incumplimientos derivados de la falta de disponibilidad en los buques. Esta prórroga se comenzará a contar a partir de la fecha de vencimiento del período de embarque originalmente previsto.
Flexibilización en la normativa del Banco Central
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también implementó una medida relevante para el comercio exterior de servicios. A través de la Comunicación “A” 8116/2024, el BCRA amplió a 20 días hábiles el plazo para que las personas humanas residentes que prestan servicios a no residentes puedan hacer uso de la excepción de liquidación de divisas.
Esta extensión permite una mayor flexibilidad para quienes exportan servicios, brindándoles más tiempo para gestionar el ingreso de divisas desde el exterior sin tener que liquidarlas inmediatamente en el mercado de cambios.
Esta medida también responde a la creciente demanda por parte de los exportadores de servicios, quienes requieren un mayor margen para coordinar la recepción de sus ingresos y su disposición en cuentas del exterior. La flexibilización de estos plazos está alineada con la necesidad de mejorar la competitividad del sector en un entorno financiero global cada vez más exigente.
Estas decisiones, tanto para el comercio de productos no a granel como para el sector de exportación de servicios, buscan mantener el flujo de exportaciones, asegurar los compromisos contractuales de los exportadores y minimizar los efectos negativos de la crisis del transporte marítimo internacional y de normativas previas.